El impacto del aumento del salario mínimo en el comercio exterior: una espada de doble filo.

El reciente aumento del 12% al salario mínimo ha sido recibido con optimismo por muchos sectores de la sociedad, destacando la mejora en el poder adquisitivo de los trabajadores y la reducción de la pobreza. Sin embargo, las implicaciones de esta política no se detienen en el ámbito doméstico. El comercio exterior, motor esencial de la economía, también sentirá los efectos de esta medida, tanto positiva como negativamente.

Por un lado, el aumento del salario mínimo puede fortalecer el consumo interno. Al disponer de más ingresos, los trabajadores podrán adquirir más productos y servicios, estimulando sectores clave de la economía. Esto en teoría, podría aumentar la demanda de productos manufacturados, lo que a su vez incentivaría a las empresas nacionales a aumentar su producción. Sin embargo, este escenario optimista tiene sus límites.

El aumento en los costos laborales plantea serios retos a la competitividad en los mercados internacionales. Las empresas exportadoras, especialmente las pequeñas y medianas (PYMES), se enfrentan a márgenes de ganancia reducidos que podrían verse aún más presionados por los mayores salarios. Si bien es deseable que los trabajadores reciban una compensación justa, no podemos ignorar que los competidores en países con salarios más bajos tendrán una ventaja competitiva. Esto es especialmente cierto en sectores donde México, compite con países asiáticos o latinoamericanos que tienen costos de producción más bajos.

Sin olvidar que si la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, NO actualiza los descuentos por ISR, el SALARIO MÍNIMO pagaría 754 pesos mensuales y el incremento NETO para trabajadores sería, sólo del 2%, por ende sólo abría mayor recaudación teniendo como único ganador al SAT y no el trabajador.

El riesgo de pérdida de competitividad, también puede desencadenar un efecto en cadena en las empresas, al verse menos competitivas en los mercados globales, podrían optar por reducir su plantilla o limitar la contratación. Esto, a su vez, afectaría negativamente las exportaciones y debilitaría uno de los principales motores de crecimiento de la economía mexicana.

Para el sector exportador, un aumento en los costos laborales, no necesariamente se traduce en mayores beneficios, sino en un desafío adicional para mantener la competitividad frente a actores internacionales.

Además, un aumento del salario mínimo, si no está acompañado por un aumento proporcional en la productividad, puede llevar a un incremento en los precios de los productos destinados tanto al mercado interno como al externo. Esto tiene un doble efecto: por un lado, reduce la competitividad de los productos mexicanos en el extranjero, y por otro, genera inflación dentro del país. Si las empresas trasladan el aumento de costos a los consumidores, los productos mexicanos podrían volverse menos atractivos en mercados extranjeros.

No obstante, hay una luz en este panorama. El impulso hacia la formalización del empleo podría tener efectos positivos para el comercio exterior a largo plazo.

Un mercado laboral más formal y regulado puede incrementar la recaudación fiscal y mejorar la seguridad social, creando un entorno más estable para las inversiones extranjeras.

Empresas internacionales valoran la estabilidad y la previsibilidad, de un mercado laboral más regulado y justo que podría eventualmente, atraer mayores flujos de inversión extranjera directa.

Por otro lado, el efecto redistributivo de este aumento salarial, podría tener impactos positivos en la cohesión social y en la imagen internacional de México como una nación comprometida con la justicia social. Sin embargo, la clave para que este aumento sea beneficioso tanto a nivel interno como en el comercio exterior radica en las políticas complementarias que acompañen la medida. Si el gobierno implementa políticas que fomenten la productividad, apoyen a las PYMES exportadoras, y controlen la inflación, el aumento del salario mínimo podría no ser una carga para el comercio exterior, sino una oportunidad para transformar el mercado laboral mexicano en uno más competitivo y justo.

En definitiva, el aumento del 12% al salario mínimo es una medida necesaria para mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también una apuesta arriesgada que tendrá repercusiones directas en el comercio exterior.

Las empresas mexicanas deben adaptarse a este nuevo entorno, mientras que el gobierno debe asegurar que las políticas implementadas mitiguen los posibles efectos adversos en la competitividad internacional.

Lo que permitiría a México equilibrar las demandas de justicia social con la necesidad de mantenerse competitivo en la arena global.