¿El mundial en el que perdemos todos?

El mundial de fútbol que inicia en Qatar pone el ojo en un Estado con una Constitución basada en las tradiciones y reglas del Islam, la Ley Sharia y una estructura jurídica que resurgió en las últimas tres décadas con “la reaparición de las leyes de zina y la creación de nuevos delitos que penalizan las relaciones sexuales consentidas y autorizan la violencia contra la mujer”, como lo expresa Ziba Mir-Hosseini en “La penalización de la sexualidad: las leyes de zina como violencia contra la mujer en contextos musulmanes”.

Además está la sombra de la corrupción que se cierne sobre la forma en que Qatar ganó la sede de estos juegos, proceso por el cual en 2019 fue detenido el ex futbolista y expresidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), Michel Platini y acusado el propio Joseph Blatter en ese entonces presidente de la FIFA, como lo consignaron medios de todo el mundo.

Parece que estas prácticas cuestionadas y denunciadas ante las autoridades de Suiza para asignar las sedes de los mundiales no fueron la excepción en Qatar, como lo sugiere “Los entresijos de la FIFA”, título en español del reciente documental de Netflix.

Pero en este caso, lo que más sobresale es la paradoja de realizar un evento que unifica a las sociedades, en un entorno de represión con leyes que son parte de “un sistema complejo que gobierna el comportamiento de la mujer, que se basa en una lectura patriarcal de los textos sagrados del Islam y es sostenido por un conjunto de supuestos y constructos jurídicos obsoletos sobre la sexualidad femenina que están en la raíz de la violencia contra la mujer”, en la interpretación de Mir-Hosseini.

La Constitución de Qatar, creada en 2004 luego de un proceso de consulta para tener un Estado basado en tres Poderes, establece la igualdad y la libertad de sus ciudadanos, pero se hizo “observando las profundas tradiciones árabes y las sublimes enseñanzas del Islam”, de manera que, en los hechos, restringe la libertad de las mujeres a través de las reglas de tutela masculina y otras como la ley zina; o las que regulan la sexualidad y se relacionan con las del matrimonio (nikah) y la vestimenta femenina (hijab), que son la raíz de la violencia contra las mujeres.

La propia Constitución en su artículo 57 señala que su cumplimiento y el de todas las leyes emitidas por la Autoridad Pública establecen el respeto por el orden público y la moralidad, la observación de las tradiciones nacionales y las costumbres y “es un deber de todos los que residen en el Estado de Qatar o ingresan a su territorio”.

Así que lo de menos es el delito de beber alcohol o estar ebrio en un lugar público, que puede resultar en una pena de prisión de hasta 6 meses y/o multa o bien “maldecir y hacer gestos groseros” que se consideren actos obscenos por los cuales los infractores pueden ser encarcelados y/o deportados.

Human Rights Watch publicó un informe en el que da cuenta de que, si bien ha habido avances en la garantía de los derechos de las mujeres en Qatar, aún hay enormes retrasos y por ello migraciones de qataríes, incluso a costa de ser procesadas.

“Las reglas del gobierno prohíben que las mujeres qataríes solteras menores de 25 años viajen fuera del país sin el permiso de su tutor masculino: generalmente su padre, hermano, tío o abuelo. Una mujer casada puede viajar al extranjero sin el permiso de su esposo, pero su esposo puede solicitar a un tribunal que le prohíba viajar”, apunta HRW en su publicación.

“No son solo los viajes los que están restringidos. Las mujeres deben obtener permiso de sus tutores masculinos para ejercer muchos de sus derechos básicos, incluido casarse, obtener una beca del gobierno para continuar la educación superior, trabajar en el gobierno y obtener algún tipo de atención de salud reproductiva”, expresa el reporte.

Además, las mujeres no pueden ser tutoras para tomar decisiones sobre la vida de sus hijos.

HRW recuerda casos de protesta en los que las mujeres han sido reprimidas por los sistemas de vigilancia del Estado: en 2019 mujeres tuitearon desde una cuenta anónima para exponer las reglas de tutela masculina, pero la cerraron en 24 horas porque una de ellas fue interrogada por funcionarios gubernamentales.

En ese mismo año se conoció a nivel internacional el caso de dos mujeres Noof Al Maadeed y Aisha al-Qahtani que solicitaron asilo en Reino Unido, lo que a la larga logró el levantamiento de la restricción de la tutela para que las mujeres obtuvieran su liencia de conducir, pero a la vez instauró la exigencia a algunas mujeres que viajaban al extranjero para que llamaran a sus tutores con el fin de confirmar que no se estaban escapando.

Aunado a lo anterior, la prensa internacional ha expuesto las condiciones de migrantes usados prácticamente como esclavos para levantar, en tiempo record, la infraestructura que el país no tenía al momento de ser designado sede y que ha tenido que ser construida a marchas forzadas.

“Qatar, la copa mundial de la vergüenza”, ha señalado Amnistía Internacional que apunta que cientos de trabajadores, de Bangladesh, India y Nepal han sufrido abusos en sus contrataciones.

Sport Inside, de Alemania, publicó entrevistas con estos inmigrantes quienes denunciaron que sus pasaportes les habían sido sustraídos, no les pagaban a tiempo y los mantenían viviendo en condiciones infrahumanas.

La Fundación para la Democracia Internacional es otra organización que ha denunciado los abusos detrás del Mundial en el informe “Detrás de la Pasión”, en el que desgrana los abusos y violaciones a derechos humanos y asegura que “más de 7.000 trabajadores de la construcción han muerto en Qatar desde que fue elegida como sede para el Mundial 2022”.

“Un mundial en el que perdemos todos”, es el subtítulo de la publicación y quizás eso sea en realidad.

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