El origen del SNIP - Parte 3

La tecnocracia había tomado el poder en el MEF desde el inicio del gobierno de Fujimori. Desde entonces y hasta la fecha, las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) proponen o dan su no objeción al Ministro de Economía de turno. La gran mayoría de funcionarios peruanos tiene estudios en universidades extranjeras, principalmente en Estados Unidos, pero también en Chile, en dónde el neoliberalismo llevaba ya varios años.

Desde la desactivación del INP hasta 1999, los proyectos de inversión habían dejado de ser analizados ex ante. El poder decidía las inversiones en función a diversos criterios, muchos de ellos asociados a votos y el MEF, dejando que el mercado actúe, sólo intervenía para asegurar la calidad de la inversión de los proyectos financiados con créditos externos. Pero aún estos ostentaban fallas enormes. Millonarios préstamos para agua y desagüe que después de ejecutarse, no prestaron ningún servicio a la población porque la nueva regulación impedía al Estado intervenir en las viviendas privadas. Pobres que no tenían el servicio, siguieron sin tenerlo por no tener recursos para hacer la conexión domiciliaria, mientras millones de dólares en infraestructura, principalmente tubos, estaban enterrados al frente de sus puertas, sin servir para ningún propósito.

Si la calidad de la inversión no mejoraba, el país no produciría el crecimiento necesario. La situación de los pobres no mejoraría y el prestigio de la tecnocracia peruana se iba por los suelos.

Además, había razones macroeconómicas poderosas. Según Ernesto Fontaine, uno de los especialistas chilenos que asesoraron el proceso de creación del SNIP en el Perú: “El modelo más aceptado para explicar la expansión económica es aquel que postula que la tasa de crecimiento depende, en parte, del porcentaje del producto que va a la inversión y de la productividad de esta inversión. El modelo postula que si el país invierte el 15% de su producto y la productividad media del capital es 6%, la tasa anual de crecimiento atribuible a la inversión es 0,9% por año. Y si la inversión aumenta al doble, por ejemplo, si aumentamos la inversión del 15% al 30%, también se duplica la contribución de la inversión al crecimiento económico, es decir, sube a 1.8%” (Fontaine, 2010)

Si bien el gobierno no quería estar atado a una planificación rigurosa, debía asegurar el retorno de la inversión, su rentabilidad, medida en términos sociales. Así se aseguraría de su contribución al crecimiento económico, que guía el éxito en el manejo económico.

En el Ministerio de Economía, correspondía a la Oficina de Inversiones, la evaluación ex ante de los proyectos de inversión. Esta evaluación, denominada preinversión, es importante para conocer si el rendimiento de la inversión es superior al costo de su financiamiento. Así se analiza, antes de endeudarse, el mejor uso de los recursos.

Dicha oficina conformada por un equipo de técnicos de alto nivel estaba convencida que los proyectos que no pasaban por este análisis (todos los ejecutados con recursos de tesoro, no de endeudamiento) podían tener una dudosa, escasa o nula rentabilidad, haciendo que no sólo no se resolvieran los problemas de la población, sino mal utilizando los recursos.

Convencer a los políticos de sujetarse al MEF, es decir, a la evaluación previa del uso de recursos que hasta entonces se decidía sin este análisis, parecía no ser tarea fácil. Un proyecto de Ley que viniera desde el propio Poder Ejecutivo, con carácter de urgencia, tendría que ser visto ineludiblemente por el Congreso, y si bien el Fujimorismo ostentaba 72 de los 120 curules, muchos funcionarios del Poder Ejecutivo no estaban contentos con esta propuesta de recorte de facultades. La aprobación necesaria en el Consejo de Ministros no estaba asegurada.

Los tecnócratas del MEF se abocaron a convencer a ciertos parlamentarios, con el poder suficiente o más instruidos en el manejo económico, de las bondades de regular el uso de los recursos destinados a la inversión pública. Así, en diciembre de 1999 se presentó el proyecto de ley 05522 suscrito por cuatro congresistas oficialistas y una de oposición[1]. El proyecto pasaría por análisis y dictamen hasta llegar al pleno después de seis meses. Tanto en la Comisión de Economía, como en el pleno, se aprobó por unanimidad (Congreso, 1999). No había manera de refutar la impecable lógica económica que sustentaba al SNIP.

El 28 de junio del 2000, se publicó la Ley 27293 que creó el Sistema Nacional de Inversión Pública y que ratificó al MEF, ahora, en su calidad de órgano rector, la facultad de evaluar la inversión pública. Así el MEF, y sus tecnócratas, habían ganado una batalla, con el apoyo de las IFI[2]. Mientras tanto el país vivía un clima de incertidumbre ante el rechazo de la población a los resultados del proceso electoral de mayo del 2000, que daba como ganador del sillón presidencial a Fujimori por tercera vez.

El SNIP había logrado su partida de nacimiento. ¿Sobreviviría a los cambios? ¿Cuál sería el impacto de estos en el recién nacido? ¿Que ajustes traería una nueva administración?

[1] Víctor Joy Way, Presidente de la Comisión de Economía, que era la Comisión dictaminadora; Luis Chang Ching, Vicepresidente y ex presidente por dos ocasiones de la Comisión de Economía; Juan Carlos Lam Alvarez, Presidente de la Comisión de Presupuesto, durante dos períodos y ex funcionario del INP; Luis Umezawa Yokoyama, ex funcionario financiero y Graciela Fernández Baca, reconocida economista ex Jefa del INEI.

[2] Desde 1995, bajo un préstamo del BID (902) se trabajó para llegar a esta situación.