El Paradigma de la Convivencia Escolar y la condición jurídica de NNyA en el ámbito educativo
Ana Sofia Lopez Cesar
Abogada | Diplomada en Derecho del Consumidor | Martillera y Corredora Pública
El posicionamiento a nivel jurídico en general que tienen en la actualidad los Niños, Niñas y Adolescentes (de ahora en adelante NNyA), es el resultado de un proceso evolutivo dado a lo largo de estos años motivado en factores sociales, normativos y políticos, y que ha repercutido y por ende, transformado, el ámbito educativo.
Los NNyA son sujetos capaces de derecho, tienen aptitud para ser titulares de derechos y contraer obligaciones, pero se encuentran en una particular condición de vulnerabilidad. Según Beloff (2019), en su libro, citando la concepción desarrollada por Garzón (1994), “en el caso de los niños, el ejercicio de su autonomía está condicionado por una situación de radical vulnerabilidad. Quienes se encuentran en una situación tal no están en condiciones de negociar por sí mismos relaciones equitativas de reciprocidad de derechos y obligaciones” (p.39) lo que justifica la existencia de una protección especial para con ellos impuesta por las mismas normas que han reconocido tal situación.
Este reconocimiento normativo se ha dado desde tiempos remotos a través de distintos instrumentos Internacionales de derechos humanos (Convenios, Pactos, Declaraciones) como ser la Declaración Universal de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, sociales y Culturales, entre otros; de hecho Beloff (2019) destaca que este derecho a una protección especial o derecho a medidas de protección especial no nace con la Convención de los Derechos del Niño (1990) sino que es preexistente a esta, siendo este Convenio su expresión más acabada y más completa con mayor aceptación y reconocimiento.
Por lo tanto, los NNyA siempre han tenido desde el ordenamiento jurídico civil un tratamiento diferenciado como se expuso precedentemente, pero con distinto alcance. Primeramente, se lo hizo desde una mirada paternalista injustificada por la cual esa protección provocaba muchas veces un cercenamiento innecesario de sus libertades civiles, y es que el niño no era protagonista de esa protección sino objeto de la misma. “El niño sujeto quedaba en último término frente a la inflación de enunciaciones de derechos y prerrogativas en lenguaje adulto y muchas veces en concepción adulta” (Basset, 2020).
Hoy por hoy la mirada hacia la infancia ha cambiado. En el plano normativo, la Reforma de nuestra carta magna en 1994 permitió incluir al bloque de constitucionalidad Tratados de Derechos Humanos, entre ellos, la Convención de Derechos del Niño, lo que derivó en una adecuación de nuestra legislación interna asumiendo este cambio paradigmático por el cual los NNyA son ciudadanos, transformando en prioridad política y programática la protección de su interés superior en respeto de su autonomía y dignidad, en equilibrio con su desarrollo físico intelectual madurativo propio.
Así nos encontramos, ante un Sistema de protección Integral, producto de este cambio, por el que se entiende que para lograr una efectivización de los derechos fundamentales reconocidos se requiere una estructuración y sistematización del relacionamiento entre todos los actores. En nuestro orden interno nacional ha sido consagrado por la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005. En su artículo 32 establece su conformación:
“El Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes está conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional”.
Además, esta ley, dispone tres niveles de protección:
Este sistema tiene como directriz el Principio del Interés Superior del Niño, conforme a su artículo 3, refiere a “La máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”. Según Feller (2022) citando el caso “Atala Riffo y Niñas v. Chile”:
“Este se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de estos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. . . . lo que implica que sus aspiraciones, sus necesidades particulares, su sentir debe ser valorado por sus progenitores en la esfera privada y hacerlos valer en la esfera pública mediante el reconocimiento del derecho a ser oído” (P.39).
El Comité sobre los Derechos del Niño (2013), en su Observación General Nº 14, indica que se trata de un concepto triple:
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“a) Un derecho sustantivo: el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general. El artículo 3, párrafo 1, establece una obligación intrínseca para los Estados, es de aplicación directa (aplicabilidad inmediata) y puede invocarse ante los tribunales.
b) Un principio jurídico interpretativo fundamental: si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Los derechos consagrados en la Convención y sus Protocolos facultativos establecen el marco interpretativo.
c) Una norma de procedimiento: siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños concreto o a los niños en general, el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o los niños interesados. La evaluación y determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. Además, la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en cuenta explícitamente ese derecho. En este sentido, los Estados partes deberán explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión, es decir, qué se ha considerado que atendía al interés superior del niño, en qué criterios se ha basado la decisión y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones, ya se trate de cuestiones normativas generales o de casos concretos” (p. 4).
A esta realidad se suma la sanción del Código Civil y Comercial en 2015, cuerpo codificado que viene a reunir todas las normas existentes que hasta ese momento regían en materia civil de manera dispersa: Código Civil Velezano, Leyes modificatorias, etc. junto con principios y valores que se venían gestando, “ha procurado fundamentalmente la incorporación de los principios básicos en materia de derechos humanos obrantes en los tratados internacionales a la norma civil " (Feller, 2022, p.87) poniendo cierto orden en el plano normativo nacional y atribuyéndoles, si se quiere, mayor fuerza. En su Libro Primero Parte General Título I declara a los NNyA como personas humanas y por su condición de tal capaces de derecho, es decir, con aptitud para ser titulares de derechos y deberes jurídicos (art. 22), y hace una diferenciación respecto a la capacidad que los mismos tienen para ejercer por sí mismos esos derechos (art. 24) la que solamente se ve restringida por su inmadurez natural, y según el caso concreto, siendo la regla la capacidad y la excepción la incapacidad. Se incorporan, entonces, los principios de capacidad progresiva y el reconocimiento a la autonomía individual, por la que atento a su edad y grado de madurez suficiente, toma en consideración la posibilidad personal de comprender, razonar, evaluar y finalmente decidir en relación al acto concreto. En consecuencia, la comprensión jurídica del vínculo madres/padres-hijos se ha modificado, el ejercicio de la responsabilidad parental, ya no patria potestad, debe manejarse dentro de esos parámetros bajo causal de sanciones legales e implica además del cuidado, la dirección y orientación.
Por lo tanto, la condición jurídica actual de NNyA puede entenderse comprendida principalmente por estos tres elementos a nivel internacional, nacional, y provincial, como se muestran en este gráfico.
Ahora bien, aquello aplica en todos los ámbitos, pues se trata de normas de fondo y principios troncales, de hecho son pautas básicas que cualquier jurista debería saber pero, ¿Que sucede en el ámbito educativo? El contexto que ocupa mayor relevancia en la vida de los NNyA pues ahí es donde se desarrollan, establecen relaciones sociales con otros distintos a su familia. Un mundo específico con relaciones particulares en donde no hay operadores del Derecho en la cotidianidad de su transcurrir, por lo tanto, no existe a prima facie ese nivel de análisis. Ante alguna situación conflictiva el primer punto de contacto lo tendrán las normativas en la materia e intervendrán sujetos de ese ámbito (no juristas).
En este submundo, el cambio paradigmático explicitado tuvo repercusiones dando nacimiento a un nuevo enfoque para comprender y promover las relaciones humanas en las escuelas: el paradigma de la convivencia, por el cual se dejaba atrás un modelo de disciplina en el que imperaba la sanción y el castigo impuesto desde una figura de autoridad verticalista ante cualquier hecho conflictivo en la vida académica y en el que la comunicación solo se daba de manera unidireccional.
En este contexto se sanciona en 2006 La Ley Nacional de Educación n°26.206 que va de cierto modo a traducir ese cambio normativo paradigmático en derechos humanos y protección de la niñez al ámbito educativo. Establece una estructura unificada del Sistema Educativo Nacional a fin de garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender, bajo el paradigma de la convivencia, en dirección a la formación integral de los educandos (alumnos) a través de la construcción de una ciudadanía responsable comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural.
Además, en su articulado instituye la obligatoriedad de la observancia de los mandatos constitucionales, y específicamente, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Ley Nº 26.061. En su artículo 82 hace mención del Sistema de Protección Integral declarando la participación de las autoridades educativas competentes a nivel local junto con organismos gubernamentales y no gubernamentales y otras organizaciones sociales.
En este sentido, atribuye a las provincias el deber de dar cumplimiento a sus disposiciones en su ámbito territorial adecuando su legislación y disponiendo las medidas necesarias para su implementación con la facultad de hacerlo conforme a sus particularidades sociales, económicas y culturales, y siguiendo, en un futuro, las pautas que fije el Consejo Federal de Educación para resguardar la unidad del Sistema Educativo Nacional.
La Provincia de Salta dió cumplimiento a la Ley 26.206 a través de la sanción de su Ley Provincial de Educación n° 7.546 derogando la Ley 6.829 hasta ese entonces vigente en la materia en conjunto con la Ley Federal de Educación hoy también fuera de vigencia.
Por lo tanto, la Ley de Educación Nacional y Provincial dictada en consecuencia, vienen a ser el puente que une el ordenamiento jurídico civil con toda su estructura normativa y axiologica, con el ámbito educativo bajo un nuevo paradigma.
Bibliografía