El Poder Ejecutivo proyecta un nuevo beneficio tributario
El pasado 12 de diciembre el Poder Ejecutivo (PE) remitió al parlamento un proyecto de ley en el cual se propone otorgar ventajas tributarias al sector de tecnologías de la información.
Obviamente, a la hora de establecer un privilegio tributario, el mismo debe estar debidamente justificado. No solo por un tema jurídico, sino por un tema de legitimidad ante la población. En efecto, el sistema tributario debe ser visualizado como justo por la población (sobran los ejemplos, en todo el mundo y en todos los tiempos, de problemas políticos y sociales generados por sistemas tributarios injustos).
El PE justifica el proyecto de la siguiente forma:
Se pone de manifiesto la falta de personal capacitado en Uruguay para cubrir las necesidades de las empresas del sector. Lo anterior hace que el mercado sea muy dinámico, generando movilidad en la mano de obra y un aumento en su remuneración.
Según el PE el “no encontrar una solución a estos problemas en el corto plazo, puede conducir a que las empresas uruguayas deban emigrar, radicando filiales en el exterior para asegurarse la disponibilidad de mano de obra calificada, y de esa manera seguir creciendo.”
Finalmente concluye que el “objetivo principal del presente proyecto de ley es la radicación en el Uruguay de talentos del exterior, tanto nacionales como extranjeros, para que capaciten a los talentos locales, generando un círculo virtuoso de generación de empleo de calidad.”
¿En qué consiste el beneficio tributario?
Que los técnicos y profesionales del sector de tecnologías de la información (TI) que se trasladen a trabajar a Uruguay, en relación de dependencia y que cumplan con ciertas condiciones, podrán optar por pagar el Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) por las rentas de trabajo y no ampararse al sistema de seguridad social, en lugar de pagar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Este beneficio aplica para los contratos laborales iniciados hasta el 28 de febrero del 2025 y de realizar la opción el trabajador, la misma tendrá una duración de 5 años.
En definitiva, se le baja la carga tributaria a los profesionales y técnicos que vengan a trabajar a Uruguay.
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¿Es justa esta ventaja?
No hay duda de que esta propuesta genera una desigualdad entre los trabajadores, en la medida que estos trabajadores pagaran menos impuestos que los trabajadores que ya están trabajando en el sector. Pero no solo con ellos se genera la distinción, sino que la misma es con el resto de los trabajadores de la economía.
Para generar semejante situación, debe existir un motivo de peso que pueda hacer sobrellevar las consecuencias del trato desigual.
Los motivos proporcionados por el PE no parecen ser suficientes.
En efecto, el sector de TI es un sector con un dinamismo muy importante, con buena rentabilidad, con posibilidad de pagar muy buenos salarios y que ya goza de una importante exoneración del impuesto a la renta (IRAE) (que permite tener menores costos para pagar mejores sueldos).
Si ya se paga salarios importantes, la remuneración no sería el problema de la incapacidad para atraer nuevos recursos humanos. Sobre todo, teniendo en cuenta que probablemente los sueldos que se paguen en Uruguay sean más altos que varios de los países de la región. Por lo tanto, un aumento de sueldo vía rebaja impositiva no resolvería el problema de la falta de recursos humanos.
Si lo anterior es correcto, este proyecto no resolverá el problema por el que están atravesando las empresas de tecnología de la información y solamente servirá para que unos pocos privilegiados se beneficien de una rebaja impositiva.
Este privilegio no es novedoso
Desde el inicio del IRPF e IRNR los trabajadores que no tengan la nacionalidad uruguaya que trabajan en Zona Franca tienen el mismo beneficio, con la salvedad de que no es temporal.
Beneficio que es aprovechado por los empleados que tienen las mayores remuneraciones en dichas empresas.
Quizás sea el momento de cortar con el beneficio indefinido.