¿Es la evolución de las energías renovables anticonstitucional en Bolivia?

Por Diana Balderrama

 A partir fuentes combinadas de hidroeléctrica y termoeléctrica, al finalizar el 2019 Bolivia tendrá una potencia instalada de energía eléctrica de 3.370 MW, de los aproximadamente 266 GW que posee que se traducen en 1.160 TWh de energía generada por año en la región[1] (CIER, 2019), a los que Bolivia aportará 100 MW por concepto de exportación.

En Bolivia el incremento promedio de la oferta de energía eléctrica de los últimos 5 años -sin considerar el 2019-, supera el doble de la demanda; este hecho determina un interesante potencial de exportación a países limítrofes, siendo Argentina su principal socio comercial a la fecha. Asimismo, entre 2005 al 2015, se observa un incremento del 20% de la cobertura total, llegando a 93% de cobertura total nacional.

Se han realizado importantes obras de inversión público privadas para incrementar el potencial y cobertura nacional, empleando para ellos estrategias tales como la extensión de redes de transmisión, la implementación de sistemas fotovoltaicos de carácter comunitario y social para integrar comunidades aisladas, generadores eólicos, sistemas híbridos y pequeñas centrales hidroeléctricas.

Estas políticas de expansión energética, tienen dos finalidades, por un lado, lograr la cobertura del 100% de la población boliviana, un pilar de la soberanía energética; y por otro, lograr una potencia instalada que permita la generación de energía exportable a los países deficitarios. Para el logro de esta meta, se han invertido alrededor de 1.567 millones de dólares en el último año principalmente para la construcción de dos proyectos termoeléctricos y una reducida porción destinada al emplazamiento de parques de energías renovables.

Tras las medidas de nacionalización realizadas en el país, la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE), ahora ENDE Corporación[2], tiene el control sobre la generación transmisión y distribución de energía eléctrica. Está conformada por una matriz, once empresas filiales y una subsidiaria. Además, tiene representación en directorios de otras dos empresas distribuidoras regionales. Por tanto, concentra el 76% (1.706 MW) del total de generación de energía nacional.

Su mandato se encuentra refrendado en la Resolución Ministerial No.050-14 de 14 de marzo de 2014, que sienta los lineamientos generales para el desarrollo de la infraestructura eléctrica (demanda interna, integración, acceso universal y exportación). En adición, la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, llevada a rango de Ley[3], establece los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana, estableciendo como un derecho la integración energética.

Finalmente, la Ley No.786 de 9 de marzo de 2016, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PDES), establece la aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento de la Agenda Patriótica, instrumentalizando los pilares.

En lo que refiere a las energías renovables[4], el crecimiento de la región se estima en 53% de acuerdo con IRENA (2019), mientras que Bolivia tan solo alcanzó un crecimiento de 37%, en los últimos 10 años. En 2016, los países sudamericanos con mayor nivel de generación de fuentes renovables fueron: Brasil (80%), Costa Rica (98%), Paraguay (100%) y Uruguay (97%). Bolivia representa el 0,4% de la potencia instalada de energías renovables en Sudamérica, la cual a su vez ostenta un 9% con relación al mundo. A nivel nacional las energías renovables representan el 3% de la oferta del Sistema Interconectado Nacional (SIN), aunque se espera que hasta 2025 se alcance un 20%.

De acuerdo al mandato constitucional boliviano y sus definiciones sobre competencias exclusivas, conforme al Artículo 300, recae sobre los gobiernos depártales y municipales la responsabilidad de la implementación de proyectos de energías renovables (diseño, ejecución y financiamiento), de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, las finalidades son: a) atender las demandas de energía de la población y b) contribuir a la soberanía energética. Sin embargo, los gobiernos subnacionales no tienen competencias sobre la legislación del uso y aprovechamiento de las energías renovables, pero sí pueden reglamentarlas y ejecutar proyectos.

Los principales proyectos de inversión en energías renovables son cuatro. La planta solar ubicada en Uyuni (Potosí) con una capacidad instalada de 60 MW y una producción anual de 1230.000 MWh a través de 200 paneles fotovoltaicos, emplazamiento con un costo total de USD 73,6 millones de dólares. Se estima que esta planta puede cubrir el 50% de la demanda de energía eléctrica del departamento de Potosí.

Planta Solar de Oruro, 100 MW instalados aún en construcción, con un costo total de USD 40 millones de dólares.

Parque Eólico de Qollpana (Cochabamba), 27 MW de capacidad. Construido en dos fases por USD 54 millones de dólares. Se pretende una ampliación de 54 MW adicionales.

Tres parques eólicos en construcción: San Julián, El Dorado y Warnes, que sumarán 108 MW de potencia instalada por un costo de USD 194 millones de dólares.

 Breves consideraciones a manera de conclusión

A pesar de las metas planteadas por la Agenda Patriótica 2025 y el Plan Nacional de Desarrollo, aun se observa una alta dependencia de los combustibles fósiles. La legislación es privativa, ya que se norma la autoproducción y autoconsumo urbanos, haciendo que potenciales renovables como la energía solar, no se aprovechen. En este sentido, considerando que por ejemplo el área altiplánica rural[5] tiene un potencial elevado de energía fotovoltaica por los niveles de radiación existentes, se permitiría que los propios consumidores puedan ser beneficiarios y oferentes de energía a través del uso de paneles fotovoltaicos, como sucede en otros países.

Abrir el mercado a nuevos actores y romper la suerte de monopolio existente favorecería la meta de democratización de la energía, permitiendo mejores condiciones de aprovechamiento por superficie, gestión, aprovechamiento e incluso generación de excedentes. De igual manera, se lograría una estrategia adicional de lucha contra la pobreza, puesto que cualquier ciudadano[6] podría beneficiarse de una autarquía eléctrica y venta de excedentes a la red fundamental.

El desarrollo de capacidades económicas multiactor, deviene en mejora de las condiciones de vida de la sociedad, puesto que se multiplican las capacidades locales e institucionales, que bien pueden ser controladas y auditadas por los propios gobiernos subnacionales por mandato constitucional, liberando parte de la presión de gestión a ENDE, promoviendo la seguridad y soberanía energéticas.

De hecho los factores críticos observados en la memoria anual 2018 de ENDE, que corresponden a variables que merman el éxito y que afectan significativamente la consecución de los objetivos son: mercados (internos y de exportación), sostenibilidad financiera, recursos humanos y gobierno corporativo. Todo esto debido a los elevados costos que significa el mantenimiento de toda la cadena de energía eléctrica, el mantenimiento de un monopolio que crece y que requiere cada vez más gestión.

En la actualidad las inversiones en energías renovables están siendo lideradas desde el gobierno nacional, haciendo caso omiso al mandato constitucional que establece competencias exclusivas para los gobiernos subnacionales. Este hecho determina que no se logren implementar proyectos con financiamiento propio de carácter municipal o departamental.

Una política menos centralizada permitiría la inclusión del 21% rural que aun no se encuentra interconectado. Ya sea a través de pequeños proyectos comunitarios liderados desde las gobernaciones departamentales o bien facilidades financieras que favorezcan la implementación de sistemas para hogares aislados.

En adición, las características de la topografía boliviana hacen que el tendido de la red fundamental sea costoso. Este hecho determina el aislamiento de algunas comunidades principalmente indígenas, que de acuerdo al Artículo 304 de la Constitución, no tienen competencias asignadas como Autonomías Indígenas en términos energéticos.

Bolivia[7] presenta una política denominada Tarifa Dignidad, que consiste en un descuento del 25% respecto al importe total facturado por consumo mensual de electricidad a los usuarios residenciales con consumos de hasta 70 kWh/mes. Los descuentos generados por la aplicación de esta Tarifa son financiados por las empresas eléctricas. Sin embargo, existen ciudades capital en las cuales además de la Tarifa Dignidad existe un sistema de tarificación cruzada, en la cual los estratos más altos subvencionan el consumo de los percentiles más bajos.

Entonces, los estratos más bajos reciben doble subvención, una desde las empresas y la otra desde los propios ciudadanos, lo cual se convierte en un incentivo perverso, ya que los estratos denominados bajos se determinan por la posición geográfica y no así por el nivel de ingreso; este hecho determina que se conecten más contadores a la misma vivienda repartiendo el consumo y beneficiándose de la doble subvención. Por tanto, como resultado, se tiene menor eficiencia (costo-beneficio) en los sistemas.

La apertura comercial, la mejora en el control a nivel de distribución, eliminación de doble subvención, mejora de los incentivos para el consumo en todos los estratos, podrían favorecer la eficiencia –por consiguiente un ahorro de combustibles fósiles–, incrementar el consumo haciéndolo más sostenible y ambientalmente más amigable.

Referencias Bibliográficas y Notas al pie

[1] Para fines del presente documento, la región estará definida por: América Latina, Centro América y El Caribe.

[2] Decreto Supremo Nº 29644, de 16 de julio de 2008.

[3] Ley No.650 de 15 de enero de 2015.

[4] En Bolivia se consideran energías renovables la energía solar o fotovoltaica, eólica, biomasa y geotérmica, no así la hidroeléctrica.

[5] Coincidentemente con la región nacional con índices de pobreza que superan el 50%. De acuerdo con el CENSO 2012, la región altiplánica posee un índice de pobreza que en el área urbana ronda el 48% y en el área rural supera el 60%.

[6] Si bien es cierto que un sistema fotovoltaico tiene un costo relativamente elevado, a la fecha Bolivia tiene diferentes programas de subvenciones tanto en tarifas como en contadores o incluso instalaciones; asimismo la cooperación realiza donaciones de paneles en zonas rurales, que bien pueden aprovecharse para el desarrollo socioeconómico de la población, así como del sector.

[7] El 49% de los consumidores de energía eléctrica corresponden a residencias, aproximadamente 1,2 millones de consumidores.