LA DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA MIGRACIÓN Y EL COVID-19

Llegado mayo y como por arte de magia, los representantes del área migratoria del gobierno reactivaron la discusión de proyecto de ley migratoria que se presentó por el poder ejecutivo con bombos y platillos en abril de 2018. Esta iniciativa de dictar una ley migratoria se basa en la apreciación transversal de diferentes estamentos públicos y privados sobre la urgente necesidad de contar con un cuerpo legal que se adecue a la realidad migratoria existente en nuestro país que apuntan a la imperiosa necesidad de regular, no con un decreto ley de hace 45 años atrás, la realidad de los extranjeros en Chile que, en poco menos de 6 años, se incrementó en casi un millón más de extranjeros en Chile, según estadísticas del INE de diciembre de 2019.

La necesidad de una regulación moderna en el tema en comento requiere que se desarrolle con una profunda mirada a la garantía constitucional consagrada en el N°2 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental que se refiere a la “Igualdad ante la ley”, que requiere que esta discusión deba ser resguardada y promovida, donde en un juicio muy particular se debería evitar que se generarán discusiones bizantinas sobre si la ejecución del principio de igualdad ante ley debe ser aplicado de forma absoluta o relativa según los  partidarios de las diferentes teorías de la aplicación de los derechos fundamentales tratando de dejar sus apreciaciones a un ámbito de discusión académica, más aun  cuando en  la práctica del derecho migratorio internacional las diferentes corrientes son coincidentes que en virtud de la soberanía que tienen los estados de fijar sus propias normas pueden dictarse leyes sobre el ingreso y permanencia de los extranjeros en su  país, sin  que esa situación signifique “ per se” una vulneración a los derechos de los foráneos.

Es en ese sentido que lo que se pretende en su esencia con el principio de igualdad, es que no se generen situaciones odiosas, ni aplicaciones de estatus diferenciados al momento de tratar con los extranjeros de manera habitual. Incluso que la potestad discrecional de la autoridad migratoria y de la policía fronteriza de permitir o no el ingreso de un extranjero a nuestro país, sea realizada de manera razonable y proporcional, situación que lamentablemente hoy en muchas oportunidades se olvida.

En ese sentido, reactivar la discusión del proyecto de ley migratoria justo en este momento de pandemia mundial y cuando los medios de prensa sensacionalistas gastan más horas en cubrir lo que sucede en un cité donde viven extranjeros en condiciones de hacinamiento que en hacer campañas de educación a la población en general sobre la importancia de cómo prevenir el virus, preocupa.

Preocupa porque lo que se requiere con una nueva ley migratoria es que se venga a suplir las falencias de la vigente, dotándola de un contenido real y moderno, y que no sea producto de situaciones y coyunturas específicas donde se pretenda una vez más criminalizar la migración y demostrar sólo aspectos negativos de la misma. Se requiere que en su articulado se refleje una normativa acorde con la realidad mundial y nacional, donde tanto nacionales como extranjeros no se sientan amenazados con una situación que existe en el mundo desde sus orígenes, que es la de migrar.

Es en ese sentido, es que es preciso que nuestros legisladores en el debate técnico del articulado que contendrá la ley en comento deben actuar  en concordancia con el derecho no sólo nacional sino también el internacional, en el sentido que la migración  es un fenómeno global, social, político, económico y cultural y  que no se limitará por hacerla más restrictiva y basada en la seguridad nacional o en extremo cautelares, que lleven por ende a que no se dé pie a que los derechos de las personas en razón de su nacionalidad pueda ser vulnerados.

En ese sentido y aquellos abogados que, aunque aún escasísimos en nuestro país, nos dedicamos al derecho migratorio, que no se trata sólo de tramitar visas como algunos piensan, sino de ver temas de diferentes áreas del derecho que afectan a los extranjeros en Chile como  normas que van desde la regulación en su ingreso y estadía, sus relaciones de familia, lo relativo a su contratación o posibles inversiones, hasta la preocupación de delitos como tráfico ilícito de migrantes, trata de personas y las solicitudes de refugio, entre otras, el que se siga reaccionando a hechos ajenos a los extranjeros como lo es hoy el CIVID-19 para justificar la urgencia de una ley que los regula, nos intranquiliza.

Durante el estallido social de octubre pasado, el proyecto de Ley de migraciones quedó paralizado producto de la contingencia de ese entonces. Sin embargo, su reactivación justo en medio de la pandemia generada por el COVID-19, puede apresurar la adopción de una ley que no cumpla con lo que se busca, esto es, un marco jurídico moderno, sólido y que su dictación no atienda a infundados  temores como que son los extranjeros los que traen el coronavirus y que además su presencia contribuye aún más a la pérdida de empleos en este escenario de incertidumbre en que nos encontramos.

La discusión del proyecto de Ley migratorio no puede ser producto de  lo que sucede actualmente con el coronavirus o de factores como el temor o la xenofobia sino que debemos tener como país una Ley de migración que propenda a asegurar el principio de igualdad, en el sentido que establezcan un mecanismo que permita la inclusión de la población migrante en correspondencia de condiciones con los nacionales, así como que promueva que las personas que se encuentren en condición irregular en el país puedan regularizarse. El seguir promulgando leyes por las razones equivocadas no limitará la migración sino que provocará más irregularidad y nos alejaremos de la real función que tiene un cuerpo normativo que es el de generar mecanismos que regulen situaciones generales pero cuyo primer objetivo siempre sea el de proteger los derechos de las personas.

María Soledad Torres

Mayo, 10 de 2020