La espiral del fracaso

¿Por qué fracasan las reformas laborales? O mejor dicho: ¿por qué ninguna de las tres que se han aprobado en los últimos quince años han logrado que dejemos de ser el campeón de paro de la Unión Europea, a pesar de ser el país que más crece de las grandes economías del euro, mientras la estabilidad efectiva del empleo sigue dejando que desear?  

Sí, admito que es injusto calificar el espectacular retroceso de la temporalidad en los tres años transcurridos desde que se aprobó la última como un fracaso. Hemos pasado de ser el país con más empleos eventuales de los Veintisiete al tercero tras Países Bajos y Portugal. Pero son dos estados con tasas de paro (3,7% y 6,4% respectivamente) bastante menores que la nuestra (11,2%). A lo mejor es que allí el que el un contrato de duración determinada crea empleo neto, sirve para dar oportunidades a los parados y no es un pozo de precariedad que reduce a los trabajadores a simple mano de obra de ‘usar y tirar’. Lo mismo las reformas laborales no fracasan, simplemente se dan de bruces con la realidad que impera en el mercado de trabajo en España y ya no pueden avanzar más.

Y esto nos deja un montón de interrogantes que mi compañero Vicente Nieves Hernández y yo hemos analizado en elEconomista en una serie de artículos que os comparto esta semana.  

Empezando por el principio: ¿Cómo reducir la precariedad laboral en España? La pregunta admite múltiples respuestas, que han dado lugar a otros tantos giros de timón en la política del mercado de trabajo sin que ninguno haya logrado cerrar la grieta de la dualidad entre empleos indefinidos y temporales. Un reciente estudio publicado por el Banco de España plantea que estas recetas deben tener en cuenta la heterogeneidad de las empresas españolas que explica la excesiva dependencia de la economía española de los puestos de corta duración frente a otros países. Hasta el punto de que, advierte, una reforma que se limite a reducir la temporalidad puede ser contraproducente, lastrando el PIB y el bienestar, al aumentar los "flujos hacia el desempleo", en gran parte por la destrucción de empresas que no pueden asumir esta transición.

Esta conclusión puede parecer rebatida por los resultados de la última reforma laboral, que, restringiendo la contratación eventual, no solo ha disparado el peso de la indefinida a niveles que parecían imposibles en nuestro país, sino que lo ha logrado además en un contexto de intensa creación de empleo. Pero un análisis de las cifras de los últimos años muestra que en el mercado laboral siguen subsistiendo grandes espacios de sombra.

España sigue presentando la mayor rotación entre entradas y salidas del empleo de la zona euro (superando incluso a países con mayor tasa de contratos temporales), lo que explica que cueste tanto reducir la tasa de paro, que parece enquistada en un 11%, la mayor de la UE y tres puntos por encima de sus mínimos históricos. Ello a pesar de que hay más personas trabajando que nunca y a que todas las previsiones apuntan al crecimiento del PIB más intenso entre las grandes economías europeas. Por si esto fuera poca contradicción, la productividad laboral sigue claramente rezagada frente a la de nuestros vecinos, aunque un incremento del empleo indefinido debería provocar el efecto opuesto.

Todo esto justifica el consenso, cada vez mayor, de que el impacto de la norma en el mercado de trabajo ha tocado techo. Y algunos se preguntan si el empleo no habría aprovechado mejor el viento de cola, es decir, se hubiera reducido más el paro, si no se hubiera modificado. Una hipótesis que hace que pocas voces apuntan a la necesidad de una nueva reforma que recupere la receta clásica de abaratar el coste del despido.

Un reciente análisis de Fitch destacaba que la reforma ha dado lugar a un "marcado cambio hacia los contratos indefinidos (incluidos los fijos discontinuos para el trabajo de temporada) y a un "alejamiento de los contratos temporales". "Este cambio debería hacer que el empleo sea menos procíclico y aumentar el incentivo para que los empleadores y los trabajadores inviertan en capacidades, lo que favorecería una mayor productividad", inciden los analistas, Sin embargo, contrasta sus elogios a la norma con un claro recordatorio: "La reforma no abordó los elevados costes de despido, que se consideran un obstáculo para la creación de empleo". Algo de lo que el actual Gobierno no quiere ni oír hablar, y de hecho apunta a lo contrario, a un encarecimiento 'selectivo' de algunos despidos.

El coste-beneficio de la temporalidad

En este debate, el estudio, elaborado por Josep Pijoan-Mas, investigador del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y el Centre for Economic Policy Research (CEPR), y Pau Roldán-Blanco, del Banco de España y también del CEMFI, resulta especialmente pertinente al arrojar luz sobre el principal desequilibrio del mercado laboral. La novedad, respecto a otros análisis sobre este tema, es que pone el foco en cómo la dualidad afecta de manera diferente a los diversos tipos de empresa, no solo en función de su sector, sino también según su tamaño y grado de desarrollo.

Esta heterogeneidad es clave para determinar el coste-beneficio del empleo temporal en el conjunto de la economía, y es uno de los factores que determina la eficacia de las diferentes alternativas desarrollados por los gobiernos para mejorar la estabilidad de los empleos. Vaya por delante que el análisis no es un examen a la reforma laboral de 2021, pero sus conclusiones pueden explicar por qué ha tenido estos efectos tan aparentemente contradictorios sobre el empleo y la economía. Lo mismo es válido para las aprobadas en 2010 y 2012.

Con este objetivo, los autores desarrollan un modelo que recoge los diferentes costes de contratación, tasa de rotación de trabajadores y capacidad de acumulación de capital humano por parte del empleado en el puesto de trabajo asociados a cada tipo de empleo: indefinido o temporal. Dicho modelo 'calibra' con los datos empresariales y los flujos agregados de entrada y salida del desempleo, lo que confirma dos premisas clave: los trabajadores altamente cualificados son más productivos en empresas de "tipo alto", cuyo tamaño es óptimo, pero los costes de contratación indefinida hacen que, "para un mismo nivel de tensión del mercado", haya en promedio "más emparejamientos por unidad de tiempo de contratos temporales que de indefinidos".

El diseño de esta herramienta econométrica, permite realizar un análisis contrafactual (a partir de un acontecimiento o situación que no ha sucedido) con el objetivo de evaluar no solo los efectos de los mercados laborales duales en la economía agregada, sino también cómo funcionarían diferentes "herramientas políticas", es decir, reformas laborales, destinadas a reducir la proporción de los trabajadores con contratos temporales, algo que afecta al crecimiento empresarial, la creación y destrucción de firmas y la distribución "en equilibrio" de trabajadores y empresas.

Así, clasifica tres opciones para conseguir este objetivo. La primera es prohibirlos por completo, algo que, sin ambages, califica de "malo para la economía", con un importante repunte del desempleo y destrucción de empresas. Esta es una alternativa extrema, descartada por la práctica totalidad de las legislaciones laborales, lo que nos deja como base para un análisis pragmático la otras dos.

Los riegos de atacar la precariedad del empleo

Una es reducir la duración máxima de los contratos temporales. Esto hace que los empleos eventuales "sean menos atractivos para las empresas", que reaccionan "contratando proporcionalmente más trabajadores con contratos indefinidos" o convirtiendo a sus temporales en indefinidos. En este punto, el modelo confirma lo ocurrido tras la reforma laboral de 2021 al eliminar los contratos por obra y servicio (cuya duración es indeterminada, al estar ligada a la consecución de un proyecto) y reducir los encadenamientos posibles que obligarían a la conversión de un contrato temporal en indefinido.

Pero los efectos de esta medida son ambiguos, al menos desde el punto de vista teórico. Por un lado, una menor duración aporta flexibilidad, ya que las empresas tienen menos probabilidades de afrontar costes de despido cuando enfrentan choques negativos de productividad. Pero también la reducción del empleo temporal afecta de forma negativa al PIB y al bienestar agregado de la población. ¿Cómo es posible esto?

Una reforma de este tipo "genera un pequeño incremento en la productividad agregada", ya que la mayor rigidez laboral se ve contrarrestada por una "mayor acumulación de capital humano" mientras que las empresas menos eficientes (y más dependientes del mercado laboral) se ven más perjudicadas y abandonan el mercado. Esta destrucción de empresas lleva a que la producción total y el bienestar disminuyan. Y el potencial empleo que generarían se convierten en desempleo.

Por otro lado, la reducción de la temporalidad perjudica de forma clara a las personas que están desempleadas, ya que reduce sus posibilidades de encontrar empleo. Es decir, el paro se enquista. De este modo, aunque resulte paradójico, la economía de España presentará un mayor crecimiento y bienestar si los contratos temporales no sufren límites ni mayores costes. Aunque sea empleo de peor calidad y productividad, su mayor cantidad compensa y supera los aspectos 'positivos' de tener un mercado laboral con menor temporalidad.

Ahora bien, el informe no defiende en ningún momento resignarse a no hacer reformas para reducir la temporalidad, solo apunta a cuáles serían más eficaces. Y aquí concluye que "es preferible gravar con impuestos el 'stock' de trabajadores con contratos temporales que poner límites más estrictos a la duración máxima de estos contratos". Esta segunda opción genera mucha menor destrucción de empleo, con lo que su efecto en la economía es menos negativo.

La 'vía Escrivá'

Los autores no especifican a qué tipo de impuestos se refieren, aunque en el caso español el mayor impuesto al trabajo son las cotizaciones a la Seguridad Social. Una fórmula, por cierto, que también recoge la reforma laboral de 2021 para los contratos de duración inferior a un mes a instancias del entonces ministro de Inclusión y Seguridad Social, y hoy gobernador del Banco de España: José Luis Escrivá.

Sería incorrecto considerar este análisis como una evaluación de la norma pactada hace ya tres años por el Gobierno, la patronal y los sindicatos. La conclusión principal es que las reformas laborales deben tener en cuenta la heterogeneidad del tejido productivo en su diseño, para modularlas de la manera eficaz, para lo que son necesarios modelos como el que los autores desarrollan en este trabajo. Y de hecho recuerdan en que el impacto de uno u otro tipo de herramienta política en la economía depende de más factores, como el ciclo económico.

De hecho, la reforma laboral de 2012 incluye una parte que restringe la contratación temporal y otra parte que la encarece, la 'vía Escrivá'. Pero no se puede decir que el empleo se haya resentido, impulsado por el contexto económico (incluyendo la inyección de fondos Next Gen). Ante la evolución del mercado laboral, cabe preguntarse si la norma se ha convertido en un 'lastre' para aprovechar al máximo el repunte de la economía al suponer un 'filtro' para la viabilidad de las empresas más 'dependientes' de la temporalidad. Esta barrera explicaría que los contratos indefinidos se hayan contagiado de ciertos síntomas de 'eventualidad', en especial los fijos discontinuos, aunque también los ordinarios (vía despidos y abuso del periodo de prueba).

Pero, en cualquier caso, el análisis supone un alejamiento claro de las recetas clásicas que ponen el foco en el coste del despido. Una idea que no ha funcionado, al menos en España. No hay más que ver los resultados de las reformas laborales de 2010 y, sobre todo, 2012, que sí recortaron las indemnizaciones por despido para potenciar la contratación fija. Y hay que recordar que, aunque se aprobaron en el momento álgido de la Gran Recesión, sus modificaciones en materia de coste del despido siguen en vigor hoy.

Aunque la mayor diferencia entre los efectos de la reforma del PP y la de PSOE-Sumar es que la recuperación del empleo entre 2013 y 2021 estuvo protagonizada por los contratos temporales. Precisamente, una de las críticas recurrentes a la legislación impulsada durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy es que no se vio complementada con un freno a los contratos temporales.

Una de las razones esgrimidas por el Gobierno de entonces es que podría lastrar la recuperación del empleo. De hecho, la norma de 2021 ha tenido tuvo mejor efecto que su predecesora en otro tipo de dualidad que no es exactamente la que existe entre temporales e indefinidos: la que se produce entre trabajadores con más veteranos (y con coste del despido más caro) y los más recientes. Algo de lo que ya hablé en esta misma newsletter hace unas semanas.  

La reforma de 2021, además, sí exploró la vía de encarecer los contratos temporales, aunque de manera más limitada (solo para los contratos de muy corta duración) y sus efectos parecen limitados. En este sentido, el análisis del Banco de España invita a poner sobre la mesa una mayor cose de los empleos de corta duración, ya que de todas las opciones posibles es esta 'vía Escrivá' la que menos afectaría al conjunto de la economía.

Pero no olvidemos que en todo momento estamos hablando de reformas laborales. Y para conseguir un ‘círculo virtuoso’ que reduzca la precariedad y el desempleo no basta con eso, hay que aprobar medidas estructurales que reduzcan no solo el paro real, sino el posible.

Porque la 'maldición' del mercado laboral español va más allá de una tasa de paro situada en un disparatado nivel del 11,3%, la más elevada de la UE y casi el doble que la media de los Veintisiete, del 5,9% pese a la mejoría de los últimos años. La paradoja es que, según la teoría macroeconómica, no podría bajar mucho más sin convertirse en una señal de serios problemas. La clave está en el concepto de "paro estructural", un indicador que apunta un umbral en el que la mejoría del empleo ya no responde a un crecimiento real del PIB, sino que se convierte en síntoma de una burbuja económica que puede pinchar en cualquier momento. Un patrón que ya vimos en la gran crisis de 2008.

Como hemos visto con el empleo precario, la relación entre macroeconomía y empleo parece desafiar el sentido común y la tasa de paro estructural es otro de los ejemplos más destacado de ello. Porque, ¿cómo puede ser negativo reducir el desempleo? Para entender esta contradicción, hay que profundizar en el significado de este indicador, que muchas veces se confunde con el nivel de 'paro mínimo' que no puede reducirse sin reformas estructurales.

En realidad, lo que señala es algo muy distinto y aun a riesgo de que salga una edición kilométrica no puedo resistirme a explicar lo que implica.

El desempleo sí puede reducirse por debajo del nivel estructural y en España lo ha hecho varias veces. Lo que dicen los economistas es que cuando esto ocurre, la economía corre el riesgo de recalentarse, provocando una subida de precios, un aumento de los costes laborales unitarios y, por ende, una pérdida de competitividad relativa en los mercados internacionales. Todo ello, a su vez, suele desembocar en un déficit por cuenta corriente o una reducción del superávit si este existiera previamente'.

Líneas rojas que chocan

El desempleo estructural se estima mediante dos tasas muy similares: la NAIRU (por las siglas de non-accelerating inflation rate of unemployment) y la NWRU (de non-accelerating wage rate of unemployment). Es decir, una estima el nivel de paro a partir del cual un descenso del desempleo eleva la inflación y la otra los salarios. En la práctica son sinónimos, aunque la Comisión Europea y el Banco Central Europeo se fijan más en la NAWRU, ya que la relación entre salarios y empleos es más directa. Este tipo de tasas no son estáticas, sino que actualizan continuamente en función de una metodología que recoge diversas variables del ciclo económico, aunque son mucho menos volátiles que la tasa de paro. Pero por ello también recogen el impacto a medio y largo plazo de variables como las reformas estructurales, lo que explica la confusión que la rodea.

Como explican desde Fedea en un documento dedicado a la NAIRU (pero aplicable a la NAWRU), este nivel de desempleo es el compatible con una inflación estable (cercana al objetivo del BCE del 2%) y una balanza por cuenta corriente en equilibrio. Aunque la tasa de paro estructural se suele relacionar a menudo con la inflación, lo cierto es que su impacto sobre la balanza de pagos (la balanza por cuenta corriente que grosso modo la diferencia entre exportaciones e importaciones) es igual de importante o incluso mayor cuando se producen shocks externos que provocan una interrupción abrupta de los flujos de capitales a nivel global.

Algo que supone especialmente un problema en el país que combina la mayor tasa de paro real pero también lidera la estructural. Según AMECO, la la base de datos de la Comisión Europea, en los últimos 50 años, es decir, desde los últimos años del franquismo, la correlación entre tasa de paro 'real' y 'estructural' se ha vuelto más intensa en España: a los periodos en los que el desempleo queda por debajo de la NAWRU se ven sucedidos por el estallido de crisis que se también traducen en fuertes repuntes del paro.

¿Pero qué implica exactamente una "tasa de paro que acelera los salarios"? Sería el nivel a partir del cual un descenso del paro se traduce en un repunte de las nóminas que se acaba trasladando a los precios. ¿Y por qué esto supone un problema? Porque si la mera creación de empleo, sin mejora de la calidad intrínseca de la productividad de los empleos, no justifica una subida de los sueldos. Cuando esto se produce y además afecta a la inflación supone que la economía ha entrado en un riesgo de desequilibrio. O, mejor dicho, de burbuja.

Precisamente esto es lo que sucedió en España durante el ciclo 1999-2007, cuando los bajos tipos de interés generaron en España una burbuja de crédito que alimentó la economía y redujo la tasa de paro a mínimos. El crédito barato, impulsado por los bajos tipos del Banco Central Europeo, impulso el crecimiento de la economía española alimentando sectores como la construcción, poco productivos y no transables (no se podían exportar). El crecimiento de la construcción, un sector muy intensivo en mano de obra, generó cientos de miles de puestos de trabajo de baja cualificación, lo que llevó a que la tasa de paro cayese incluso por debajo del 8%, muy por debajo de la NAIRU o NAWRU.

Todos estos nuevos empleados de la construcción junto a otros sectores que también se vieron impulsados, aprovecharon su buen momento laboral para consumir (comprar coches, televisiones…). Este consumo desbocado no se encontraba correspondido por la oferta interna (la economía española producía muchas viviendas, pero pocos bienes duraderos), por lo que buena parte de ese consumo comenzó a generar uno de los mayores déficits por cuenta corriente del mundo (el mayor del mundo en términos de PIB). Es decir, con una tasa de paro tan baja, España se endeudaba con el exterior para construir vivienda y comprar bienes producidos en Alemania, China y otros países que han sido acreedores netos históricamente.

Este fuerte déficit por cuenta corriente, producto de la burbuja y de una tasa de paro artificialmente baja (varios puntos porcentuales por debajo de la NAIRU) disparó la deuda externa neta de España. Cuando la crisis financiera mundial estalló y los flujos de capitales se detuvieron, nuestro país dejó de recibir esos fondos que alimentaban su burbuja y su consumo (España vivió por encima de sus posibilidades). La economía tuvo que realizar un ajuste brusco y doloroso, con una destrucción de empleo masivo y una devaluación interna que ayudase a equilibrar la balanza por cuenta corriente.

¿Y ahora qué?

La situación actual en España es diferente a la de entonces, con un descenso del paro que parece acompasado con el de la NAWRU. Esto implica que la reducción del paro es más sólida que en otros momentos, aunque hay que tener en cuenta el efecto de las reformas económicas desarrolladas por España en la última década (empezando por las reformas laborales de 2012 y 2021) pero también el impacto de las políticas para responder al impacto de la pandemia desde 2020. Y, cómo no, a la subida de tipos por parte del BCE para contener la inflación.

Así, el incremento del PIB y la moderación de la inflación son datos que parecen despejar las sombras, pero con el precedente de los años previos a la crisis financiera, que la tasa de paro real y la estructural estén tan cerca no deja de ser preocupante. Se puede decir que el semáforo aún no está en rojo, pero empieza a parpadear en ámbar.

De hecho, las cifras de desempleo ya empiezan a quedar por debajo de la NAWRU en 2023: 12,35 frente a un 12,2% en 2023. Una brecha de una décima que, según las estimaciones de Bruselas, se irá ampliando en 2024 a tres décimas (11,9% vs 11,6%) y a medio punto en 2025 (11,6% de paro estructural frente al 11,1% de paro). Aunque aquí hay que recalcar que el desempleo estructural es una estimación en la que Bruselas y el Gobierno español no coinciden.

En la última actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, el Ejecutivo estima que la NAIWU pasará el 10,8% de la población activa (dos puntos por debajo de lo estimado por AMECO) a un 9% en 2026, en línea con la evolución prevista de la tasa de paro. Pero, aunque este pronóstico se cumpla sigue sin resolver el problema de fondo: la correlación entre ambas tasas es demasiado estrecha para sacar a España del 'filo de la navaja': o se mantiene una tasa de paro de dos dígitos (muy lejos del 8% previo a la Gran Recesión) o la economía corre un riesgo de desequilibrarse de nuevo.

¿Cómo se sale de esta disyuntiva? Una economía con una tasa de paro del 11,2% y aspira a seguir reduciéndolo, necesita recortar mucho más rápido su tasa de paro estructural, lo que es sinónimo de reformas más ambiciosas. Tanto en el terreno económico y del modelo productivo, como en el propiamente laboral.

En este último año, diversas voces, desde Caixabank Research al Banco de España, han puesto el foco en esa cuestión, con propuestas para avanzar que van desde mejorar la formación de los trabajadores, reformar las políticas activas de empleo o cambiar las condiciones de las prestaciones por desempleo para incentivar la 'reactivación' de los parados. Una idea esta última que el Ejecutivo hizo suya en su reciente y polémica reforma de los subsidios.

Como hemos dicho, otras propuestas, como eliminar 'rigideces' del mercado laboral clarificando la causalidad de los despidos (lo que implica facilitar hacer despidos a 20 días, como planteó la reforma laboral del PP) parecen fuera de la agenda del Gobierno. El Ministerio de Trabajo justifica su rechazo como una  defensa de los derechos laborales frente a los intereses económicos defendidos por los think tanks que no duda en descalificar como lobbies, aunque algunos sean de organismo públicos.

Pero si me preguntáis a mí, diré que, más allá de las declaraciones políticas, aquí también hay de un choque con viejas recetas económicas que en su momento tampoco dieron los resultados esperados. Y al ejemplo de la reforma del PP me remito. A lo mejor hay que cambiar el ‘chip’, superar una dialéctica caduca y repensar las soluciones el empleo en España desde una óptica tan revolucionaria como sería guiarse por los datos y no por la perezosa excusa de la ideologías.  

Es todo por hoy. Nos leemos en siete días y, mientras tanto en elEconomista