La Trampa Argentina

Estamos viviendo los años socialmente más convulsionados que el mundo haya visto en décadas, y en Chile, con una cuota de contagio global, pero con sus propias causas en lo medular, vivimos una suerte de revolución para derrocar “lo establecido”. Esta manifestación de descontento social, impulsada por las nuevas generaciones, pero con gran adhesión de los mayores, surge de la desconfianza en quienes ostentan toda clase de poder y en las instituciones que representan, endosándole primordialmente a su avaricia la falta de voluntad para responder a las demandas sociales del país. Puede que esta explicación de los hechos parezca una burda generalización, y es mi intención que algo de eso sea, ya que lamentablemente bajo presión las autoridades suelen responder sin contemplación o estudio de las excepciones, operando al paciente con navaja en vez de bisturí.

El debate previo a la elección de quienes redactarán la Constitución, que no ha sido muy distinto a lo que hemos escuchado desde el 18 de Octubre, se ha centrado en los bienes y servicios que queremos garantizarle a la ciudadanía, lo que llamamos habitualmente derechos. Qué y cuánto es “digno” es el punto de desencuentro habitual, y quien ofrece la cifra menor debe disfrazarla de alguna forma para que ello no sea utilizado en su contra tildándolo de socialmente insensible.

Para quienes estamos en el mundo privado, y nos toca o ha tocado liderar empresas o instituciones, que deben mantener en equilibrio sus bases para no desmoronarse, es incomprensible embarcarse en un proyecto de cambios estructurales a lo establecido sin previamente haber hecho un exhaustivo análisis causal de los problemas. En el mundo de lo público parece no existir ese paso previo, tan necesario para tomar decisiones adecuadas, o si existe, no es tomado en cuenta, privilegiando otro tipo de fines, ciertamente alejados del bien común. Sin ese análisis causal de los problemas, los debates se transforman en una confrontación de creencias, cuyos argumentos se basan en experiencias rebuscadas de países que en nada se parecen a Chile, en la presentación de resultados deseados y no calculados, y en una conversación que no entiende la diferencia entre lo que debe ser versus lo que “responsablemente” debe ser.

Es justamente por la falta de un análisis causal que hoy se quiere prescindir de instituciones bien conceptuadas que no han tenido resultados satisfactorios, cuyo caso emblemático son las Administradoras de Fondos de Pensión, buscando opciones que, al enfocarse en la negación de lo establecido, perderán todo lo bueno del modelo que abandonan. Sin un análisis causal, con seguridad quienes toman este camino no saben si lo que ganan en el cambio es más de lo que pierden.

Al parecer, sin prueba alguna de los resultados para la sociedad y el bien común, las autoridades están decididas a avanzar hacia un modelo de derechos garantizados, de bienes y servicios gratuitos.

Una de las grandes diferencias, sino la mayor, entre los que defienden modelos de sociedad de derechos garantizados y los que prefieren modelos que priorizan la actividad privada por sobre la del Estado, es la concepción que tienen sobre el comportamiento del individuo ante la aplicación del modelo, y es justamente en ello donde está el mayor peligro de volver a redactar las reglas de nuestra sociedad con mayor acento proteccionista.

El garantizar derechos busca igualar las oportunidades que un individuo tenga para surgir y conseguir bienestar con su propio esfuerzo y talento y/o otorgar un bienestar mínimo acordado por la sociedad. Habitualmente, los partidarios de los modelos garantistas consideran a todos los ciudadanos como dignos de derechos, y se vuelcan a estudiar sus necesidades de bienes y servicios para definir la mejor opción dentro de las alternativas, pero no a estudiar su comportamiento ante los estímulos que generan esas distintas alternativas. Los individuos son arbitradores por naturaleza, y sólo su marco ético-cultural les impone restricciones para no actuar en concordancia a esa esencia, luego en comunidades con una débil estructura valórica, o con necesidades “herejes”, un modelo garantista mal diseñado puede ser arbitrado para sacar beneficios privados adicionales de él. Es la “trampa argentina”, en donde prácticamente para cada política pública existe una forma de arbitrarla para transformarla en ganancia privada.

Si pensamos que la trampa argentina está muy lejana de la realidad chilena, estamos profundamente equivocados. En la agricultura, la construcción y actividades fabriles por ejemplo, existiendo un salario de mercado pactado entre las partes, es habitual encontrar trabajadores que solicitan contratos por el salario mínimo, o inclusive trabajar sin contrato, para aparecer en los registros de gobierno con menor renta y así poder recibir los subsidios correspondientes. A tanto llegan estos subsidios que, de no aceptar el empleador estas solicitudes, muchas veces los trabajadores prefieren simplemente no aceptar el trabajo.

La trampa argentina se puede extender a todo ámbito, tal como ocurre en nuestra nación vecina. El mayor problema es que, buscando la supuesta justicia de un estado garantista, se comete la injusticia de que quien se comporta en forma correcta y honesta, recibe lo mismo que quien lo hace en forma incorrecta y deshonesta, lo que termina inexorablemente forjando una cultura de corrupción y desprecio del mérito.

Si se quiere avanzar en garantizar derechos para los ciudadanos, se debe cuidar que estos no promuevan el incumplimiento de deberes, sino por el contrario, que los promuevan, tomando en cuenta para ello la idiosincrasia y cultura del chileno, no la de personas que no tienen los mismos estándares éticos. Así mismo, si él éxito de las políticas que se implementen van a depender del cumplimiento de deberes de los ciudadanos, se debe moderar el optimismo, implementando tantos controles y sanciones como sea posible para garantizar que se cumplan los objetivos.

Por último, es imprescindible que siempre quien ahorre, estudie o trabaje más, tenga premio justo a su esfuerzo, y que el Estado bajo ninguna circunstancia altere esa regla con su actuar, sino por el contrario, que garantice la entrega de herramientas para desarrollarse y beneficios a todos por igual.

Por Sebastián Valdés Lutz