Licenciatura en impunidad

Hasta donde alcanzo a recordar, en México siempre se tolera que estudiantes universitarios (frecuentemente mezclados con personas ajenas a la universidad) tomen por la fuerza instalaciones de universidades autónomas. Dicen hacerlo para exigir o protestar por algún mal que les aqueja, incluso por violaciones a sus derechos estudiantiles o ciudadanos. Exigen sus derechos violando leyes, violando derechos de terceros. Esto es un mal muy arraigado en México: exigir que se cumplan las leyes que protegen nuestros derechos, pero violando aquellas que protegen los derechos de terceros. Por ejemplo, el acceso al agua potable es un derecho constitucional, y cuando un grupo de ciudadanos no tiene acceso a ella con frecuencia se tolera que protesten violando la ley bloqueando vías de comunicación, violando derechos de terceros al libre tránsito. Mucha población mexicana está acostumbrada a aplicar el principio de que “si no respetan mis derechos, violaré los de otros hasta que me resuelvan.” Esto es, se exige el cumplimiento de ciertas leyes violando otras leyes. Esto debilita a un pretendido Estado de Derecho, deteriora el respeto a la ley, y promueve el caos. Esto es responsabilidad de ambas partes: tanto de quienes violan leyes para exigir que se les respeten derechos, como de las autoridades que debiendo aplicar la ley no la aplican, y toleran este tipo de situaciones.

Las universidades autónomas no son ajenas a este fenómeno. No hay leyes, reglamentos o legislación universitaria que contemplen un derecho estudiantil para tomar instalaciones universitarias por la fuerza para exigir algo, así lo hayan votado en una asamblea estudiantil, no existe el derecho legal a una huelga estudiantil, así se trate de derechos legítimos que no les han sido respetados, que para eso existen cauces institucionales internos y externos de denuncia. Los estudiantes son usuarios y beneficiarios de un servicio educativo, pero no los dueños ni administradores de las instalaciones universitarias. En cualquier código penal está contemplado el delito por despojo de inmueble, pero casi siempre las autoridades universitarias se abstienen de interponer denuncias penales por dicho delito bajo argumentos de que son jóvenes estudiantes, de que es mejor dialogar, que no queremos otro 68, etc. Así que casi siempre las autoridades universitarias deciden tolerar la comisión del delito de despojo por parte de estudiantes paristas. Esto es un pésimo mensaje para la formación de jóvenes universitarios, que además de la formación académica que reciben, también aprenden que el cumplimiento de la ley es opcional bajo determinadas circunstancias, aprenden que se vale exigir derechos aun a costa de violar los derechos de terceros, que se vale exigir el cumplimiento de la ley violando la ley.

Las universidades autónomas mexicanas no son un territorio fuera de México, son también sujetas a la aplicación de la Constitución Política de México y todas las leyes que de ella emanan. Es un mito, por ejemplo, que la policía no puede entrar a instalaciones de universidades autónomas. Claro que puede entrar, pero siempre y cuando existan denuncias penales que lo justifiquen, como lo es el despojo por la fuerza de un inmueble, para recuperarlo y entregarlo a sus legítimos administradores, en este caso las autoridades universitarias. Pero no ocurre porque en México, de facto, las consideraciones políticas se colocan por encima de las leyes, y si se calcula que el costo político de aplicar como debe ser la ley ante tomas estudiantiles de instalaciones es demasiado elevado, entonces las autoridades universitarias optan por no denunciar penalmente el despojo, y solo condenan los hechos mediante sendos comunicados, lamentan lo ocurrido, exigen (sin denunciar penalmente) la devolución de las instalaciones y hacen atentos llamados al diálogo. Esto es lo que aprenden los estudiantes de universidades autónomas: que se vale tomar por la fuerza instalaciones universitarias, y dañar o destruir parte de su mobiliario, porque han aprendido que existe un cálculo político de no aplicación de la ley, y saben que hasta cartas de no represalias terminarán recibiendo los paristas por parte de las autoridades universitarias con tal de que ya entreguen las instalaciones tomadas. Así lo he observado desde que fui estudiante universitario, y a la fecha como profesor universitario. Seguramente me jubilaré viendo lo mismo una y otra vez, cual espiral descendente infinita, viendo cómo las universidades autónomas abonan a la de por sí muy arraigada costumbre mexicana de que se vale exigir “que se aplique todo el peso de la ley… pero en los bueyes de mi compadre”.