Por favor, la Administración (IV): Organización institucional y territorial

La Administración se extiende en los tres ejes del espacio: ancho, largo y alto. A lo ancho, dentro de cada Administración, configurándose varias unidades y parcelas en base a competencias exclusivas y excluyentes: si una unidad hace una cosa, ninguna otra puede hacerla. A lo largo porque, a menudo, hay que encontrar formas para llegar más lejos o, sobre todo, llegar de formas alternativas: son las empresas públicas, fundaciones o consorcios, por mencionar sólo un puñado de formas jurídicas. A lo alto, porque la Administración tiene varios niveles, ya sea para poder acercarse al ciudadano, ya sea para tomar perspectiva o mancomunar esfuerzos. Todo ello suma, en Catalunya, alrededor de 3.000 entidades.

Sin entrar en su origen y necesidad –la mayoría útiles y justificables–, la creciente complejidad de la política pública y del entorno han hecho que, tomadas en conjunto, sumen suficientes solapamientos y al mismo tiempo haya suficientes puntos ciegos como para replantear su inventario y, sobre todo, las relaciones que existen (o no existen) entre ellas. Cabe insistir en que, más que promover la racionalización y el ahorro (siempre bienvenidos y necesarios), lo que empieza a ser grave no es tanto el coste como el coste de oportunidad: todo lo que se deja de hacer porque no hay una estrategia coordinada, alineada, consistente; porque no se suman fuerzas en lugar de competir; porque no se complementan los proyectos en lugar de hacerlos a parches; porque no se habla en el mismo código.

Empecemos por abajo. Los ayuntamientos, la mayoría de ayuntamientos, no dan para más. La ley cada vez les obliga a prestar más servicios, la ciudadanía les pide cada vez dar más soluciones, y los medios que tienen –financiación pero sobre todo profesionales– o se mantienen o, a menudo, decrecen. Mientras los recursos no crezcan (e incluso en el improbable caso de que acaben creciendo a corto o medio plazo), repensar cómo las Administraciones se reparten el trabajo resulta imperativo.

La evidencia empírica no es concluyente sobre reducir el número de ayuntamientos. De hecho, la investigación encuentra más bien que las mejoras en eficiencia no están claras mientras que sí empeoran la representatividad y la calidad democrática. Sin embargo, se puede actuar directamente sobre la gestión. Existen servicios que pueden mancomunarse o encargarse a los consejos comarcales. Algunas infraestructuras pueden incluso ser provistas a nivel superior. Sin embargo, esto tiene difícil solución desde la base: es necesario un liderazgo de país para aterrizarlo y, respetando la soberanía de los diversos entes, hacer propuestas metodológicas e inversiones concretas para hacerlo posible. La ley lo permite. Las veguerías –pese a los encontronazos del Estatut de Catalunya con el Tribunal Constitucional– tienen mucho recorrido. Si se desea.

Dispositivos de coordinación, infraestructuras comunes y plataformas de apoyo ayudarían a corregir, también, las enormes y escandalosas desigualdades que existen ahora en el territorio catalán en materia de provisión de servicios e impulso de políticas públicas. Y, al mismo tiempo, servir de pasarelas transversales no sólo en el mundo local sino al máximo nivel de la Administración, vertebrando todo el ecosistema de Administraciones de Catalunya a lo ancho, largo y alto del país. Un ciudadano, una estrategia, un esfuerzo colectivo, diversas formas de llevarla a cabo y recoger sus resultados.