La Ley y el Orden

Publicado en elhorizonte.mx 10/02/2017

Como han pasado los años…., dice la conocida canción y se puede aplicar más allá de la duración de las relaciones de pareja. Viene a colación por el contraste entre la “Reunión de Chipinque” a principios de 1976 y la Controversia Constitucional presentada por la Asociación Metropolitana de Alcaldes; ambas en oposición a la Ley de Asentamientos Humanos, la primera por la preocupación que las ideas “tipo socialista” del Presidente Echeverría y la segunda no se sabe bien a bien, al menos yo no lo sé, porque o en contra de que. Pero bueno, que cosas tiene la vida, hace 40 años la protesta procedía de la “pequeña plutocracia profascista” y hoy, de los municipios. Los municipios son, al menos en teoría, la institución más cercana a la gente y la más idónea para proteger e incrementar el bien común[1].

¿Qué dice la Ley? ¿Qué tiene de nuevo?

El foco de la nueva Ley no es tan nuevo, se trata de darle una oportunidad institucional, organizada y focalizada a: usos mixtos, alta densidad, movilidad y espacio público. Son temas y conceptos viejos, estos conceptos son tendencia mundial, en la vida y en la cancha, desde los años 60 (Jane Jacobs, Lefebvre, Soja, Harvey, Munford, etc.).  

En nuestro país esos conceptos existían, existen, son y han sido posibles. ¿Por qué la novedad o el rechazo? Porque va en contra de lo que los gobiernos locales han hecho los últimos 40 años: ciudades dispersas, ineficientes y extremadamente costosas, llenas de externalidades ambientales y sociales. El actual modelo regulatorio - lo que hoy hacen los gobiernos locales - promueve la separación de usos, la baja densidad y ha pretendido resolver la movilidad con obas viales. El actual modelo regulatorio se centra en los espacios privados, orienta las inversiones públicas para que los nuevos desarrollos tomen las plusvalías que generan las inversiones públicas y se olvida (abandona, deja de lado, le resta importancia, ¿explota? ¿vende?) a la riqueza de la gente: el espacio público.

La nueva Ley introduce o fortalece, al menos, 4 grandes principios y quiere hacerlos funcionales, es decir que den resultados en el corto plazo. Los principios son: derecho a la ciudad, resiliencia, movilidad y espacio público. Estos principios complementan con una medida de orden “administrativo”: judicializa una parte de la administración del desarrollo urbano. Esta medida le quitará discrecionalidad a las autoridades municipales.

¿Cuál o cuáles son los efectos esperados? Un cambio en la “personalidad” de los órganos encargados de la administración del desarrollo urbano, menos orientación a los procesos administrativos más al resultado final. Menos trámites más y mejor ciudad.

A manera de ejemplo ¿Cómo se manejan en la actualidad los temas de movilidad? Con el estudio de impacto vial (vial, calles, carros), no precisamente con soluciones de movilidad. Las soluciones de movilidad son holísticas, amplias y vastas, pueden incluir todos los medios de transporte e ir más allá del número de carriles, cajones o de si hay o no pasos a desnivel. Así que no sería raro que pronto tengamos la idea de un Planes de Manejo de la Movilidad en lugar de los Estudios de Impacto Vial. ¿Hay diferencias? Por supuesto, el primero remite a componentes físicas que nada resuelven, el segundo a nuevas formas de moverse, mucha gestión, servicios y mecanismos que obligarán a sinergias entre privados, municipios y estado.

Lo más curioso de todo esto es que el motivo de la queja – por parte de los Municipios – siempre estuvo a su alcance: el espacio público es una competencia municipal. También pudieron haber intervenido en temas de transporte público, como lo hacen con la carga, de hecho, son autoridades auxiliares en esta materia. ¿Y las bicicletas? También son competencia municipal. La suma de estas variables es lo que en general se reconoce como movilidad. Como dice el Perro Bermúdez: era suya, la tenían y la dejaron ir. Igual pasa con el tema de los usos mixtos y la alta densidad, podían haberlo hacho y no lo hicieron.

¿Qué el Congreso les dice como? Si, esa es la facultad de cualquier Legislativo.

Ahora hay que cumplir con los transitorios: antes de un año debe ser modificado el marco legal (noviembre de 2017) y antes de dos años deben ser cambiados los planes de desarrollo urbano y sus reglamentos (antes de noviembre de 2018) para, al menos, cambiar las disposiciones que vayan en contra de la nueva Ley.

¿Cuál es el reto? No es técnico. Es de diseño institucional. Los órganos que administran el desarrollo urbano deben sufrir un “remake” y crear capacidades para los nuevos procedimientos, pero sobre todo, para buscar que el nuevo paradigma se materialice: más ciudad, más espacio público, banquetas sin obstáculos, banquetas sin carros, ciclovias, bicicletas públicas, más transporte, menos concreto, menos pasos a desnivel, más gestión, más servicio, aire más limpio, menos distancias, más árboles, más tiempo para recrear.

¿Qué es muy difícil? ¿Qué hay poco tiempo y pocos recursos? Nada más difícil y costos que vivir en las ciudades que hoy tenemos. A darle.

[1] Las referencias a la Reunión de Chipinque se tomaron de Nuevo León en el Siglo XX La industrialización, del Segundo Auge a la Crisis de 1982 Tomo II (Isabel Ortega Ridaura, página 189)