¿Quién teme al fijo discontinuo?

Tengo que empezar esta primera newsletter del 2023 dándoos la gracias: ya sois más de 5.000 suscriptores. Cada vez le concedo menos importancia a las métricas de LinkedIn, pero da un poco de vértigo pensar que esto le llega a tanta gente. Es la responsabilidad que me obliga a sentarme un par de horas cada domingo para preparar esto.

Así pues, ¿de qué hablar el día de Año Nuevo? ¿Cuál es el tema que más titulares en el ámbito del empleo ha acaparado en 2022 y, seguramente, lo seguirá haciendo en 2023? La reforma laboral. El Ministerio de Trabajo ha publicado esta semana su balance un año después, pero a mí me faltan los datos de diciembre (conoceremos el avance de datos de paro y afiliación este martes, el completo unos cuantos días después y a finales de mes la Encuesta de Población Activa).

Aun así, lo que hemos visto hasta ahora es una revolución del mercado de trabajo en España en términos de la calidad del empleo. Esto no tiene mucha vuelta de hoja. Pero claro, si las reglas de juego cambian, las herramientas para analizar su impacto también deben adaptarse. Y aquí nos hemos acabado un choque entre los analistas y un Gobierno que no quiere que le pongan ni el menor matiz a su relato de éxito.

Lo cual no deja de tener gracia porque ese relato aguanta muchos ‘peros’ sin que afecten a un saldo de resultados que cualquiera de las y los predecesores de Yolanda Díaz firmarían encantados y sin rechistar, las cosas como son. Digo esto porque siempre he centrado mi análisis en los efectos menos ‘complacientes’ de la norma. Por ejemplo, no tanto en la caída de la temporalidad, sino en la calidad del empleo estable. También ocurre que para cuando empecé a publicar mis artículos en elEconomista.es, allá por junio, ya empezaban a aparecer datos que permitían inferir algunos puntos negros que han acabado confirmándose. Uno de los principales, el papel de los fijos discontinuos. ¿Pero por qué nos fijamos tanto en ellos?

Resumiendo: los fijos discontinuos han pasado de ser el contrato estrella de la reforma laboral a convertirse en un auténtico quebradero de cabeza para las empresas, para dos ministerios (el de Trabajo y el de Inclusión), el Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la Seguridad Social, que desde el pasado mes de octubre se han visto obligado a realizar una amplia revisión de los datos y no descarta más en los próximos meses. Pero ¿por qué se están realizando estos ajustes?

El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo se ha encontrado con el desafío de tener que adaptar el registro de demandantes y parados que coordina con las comunidades autónomas al repunte sin precedentes de esta modalidad contractual.

Lo hace además con sus estadísticas cada vez más cuestionadas, por la opacidad de sus dirigentes políticos empeñados en demostrar que no hay nada diferente con los fijos discontinuos tras la reforma laboral y que, por tanto, no hay que dar ninguna explicación acerca de por qué no aparecen identificados adecuadamente en los datos de desempleo.  

Sorprende que el Ministerio de Trabajo, que ha informado puntualmente de las campañas realizadas por la Inspección de Trabajo para perseguir el fraude por parte de las empresas en este tipo de contratos, ha negado la mayor en lo que se refiere a la tarea del SEPE, enrocado en el argumento de que el paro se cuenta igual desde siempre.

Ni siquiera ha cambiado su discurso cuando sus propias estadísticas revelan que entre enero y noviembre los servicios habían convertido a casi 115.000 parados en demandantes de empleo con relación laboral, categoría que incluye a los fijos discontinuos que no trabajan.

La clave de esta polémica esta en que, a diferencia de lo que ocurre con los temporales, los contratos fijos discontinuos no se extinguen cuando finaliza la actividad eventual a la que se vinculan. Al entenderse esta como 'recurrente', el trabajador solo espera a volver a ser llamado por la empresa.

Hasta entonces, se le da de baja como afiliado a la Seguridad Social y aunque tiene derecho, si ha cotizado para ello, a una prestación por desempleo, no cuenta como parado registrado, sino como demandante con relación laboral, ya que su contrato sigue en vigor.

Esta situación acompaña a esta modalidad de contratos desde que se creó en 1995. En esto tiene razón Trabajo. Pero obvia que la diferencia está en el auge experimentado tras la nueva reforma a laboral.

Si en 2022 se ha más que triplicado el número de contratos indefinidos, hasta los 6,6 millones hasta noviembre, en el caso de los fijos discontinuos la ha multiplicado por casi nueve, pasando de los 246.000 hasta los 2,14 millones. Aparte del incremento en términos absolutos, han pasado de suponer el 13% del total de los contratos estables al 33%.

Sin embargo, su impacto en el empleo real es mucho menor. Para crear un solo afiliado ha habido que firmar 4,7 contratos de media, más del doble que en el caso de los empleos indefinidos ordinarios a tiempo completo, según la metodología acuñada por Trabajo en su "índice de calidad del empleo".

Pero en este punto cabe recordar, que, a diferencia, del resto de contratos, la baja de afiliación no viene necesariamente acompañada de la extinción del contrato. Entonces, ¿dónde están estos trabajadores?

El misterio discontinuo

Descontando a los que encuentran otros trabajos, la lógica dice que muchos de estos nuevos fijos discontinuos 'inactivos' se apuntarían como demandantes con relación laboral, con la expectativa de cobrar una prestación o subsidio hasta que la empresa solicite su reincorporación. Era una de las ventajas que, según el Gobierno, acompañaba a estos trabajadores: su mayor protección social.

Sin embargo, esto apenas se registra en los primeros meses de la reforma laboral: ni aumentan los nuevos inscritos como demandantes ni las altas (o reanudaciones) de prestaciones. De hecho, la brecha entre ambos empieza a ampliarse. La razón es simple: el porcentaje de fijos discontinuos que han cotizado lo suficiente para cobrar una prestación es escaso, por lo cual no tienen incentivos para inscribirse como demandantes.

En la práctica, son personas que 'escapan' a las estadísticas de empleo y desempleo vinculadas al SEPE, incluso utilizando metodologías como la del paro 'efectivo' (que suma demandantes con relación laboral y paro registrado) acuñada recientemente por el investigador de Fedea, Florentino Felgueroso, el experto que mejor ha conseguido poner al descubierto un 'truco' para aliviar el desempleo que se basaría, precisamente, en no ajustar las estadísticas a la reforma laboral. Pero que a partir del verano empieza a resquebrajarse.

El primer incremento sustancial de nuevos demandantes y prestaciones se produce en junio, con el fin de la temporada primaveral y el inicio de la veraniega. En julio el repunte es aún mayor y entonces se alcanza la paridad entre 'nuevos' demandantes y 'nuevas' prestaciones.

Influye en estos datos, además de la estacionalidad, la entrada en vigor plena de la reforma laboral: el fin del periodo de gracia para los contratos temporales por obra y servicio conllevó un incremento de los indefinidos.

En agosto y septiembre estas cifras se 'desinflan', pero en octubre y noviembre, sin explicación alguna, se produce un fuerte repunte de los demandantes que, además, los aleja definitivamente de la cifra de nuevos beneficiarios de prestaciones.

De esta forma, entre julio y noviembre la tasa de cobertura de las prestaciones sobre el total de demandantes baja del 99% al 45%, tras haberse desplomado al 22% en octubre. Pero, como ya hemos dicho, ese fue un mes marcado por una revisión extraordinaria del SEPE que convirtió a 56.000 parados en demandantes con relación laboral. Pensemos que en ese mes el paro registrado bajó en 27.000 personas y desde el Gobierno se vendió como un récord.

Pero la cosa no se queda ahí: hasta noviembre acumulan casi 115.000. Una cifra que equivale al 51% del descenso del paro de diciembre de 2021 a noviembre de 2022. Casi nada.

Si a esta cifra sumamos las altas de nuevos demandantes con relación laboral y los revisados de otras categorías, como los famosos DENOS, es decir, si utilizamos el ‘paro efectivo’, la brecha con el registrado es aún mayor: un aumento de 130.000 en octubre y 80.000 en noviembre desempleados. Y eso que, como digo, muchos escapan a este dato porque no tienen motivos para apuntarse al paro.

¿Pero este ajuste es algo excepcional o puede darnos aún más sorpresas? Un indicio claro es el hecho de que la Tesorería General mantiene bajo revisión la estadística de causas de baja de afiliación. Los datos llevan sin publicarse desde octubre, cuando el SEPE realizó su revisión.

Aunque el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social niega que se deba a los fijos discontinuos, la coincidencia en el tiempo es demasiado evidente.

Hay dos incógnitas que aclarar: la situación en la que se encuentran los trabajadores tras ser dados de bajo por pasar a la inactividad, y su relación en las dimisiones. Y es una cuestión que no repercute solo en las cifras de desempleo. También en el gasto en prestaciones.

Hay dos grandes supuestos. En el primero, si el fijo discontinuo ‘inactivo’ no vuelve a ser llamado, el contrato se extingue y el trabajador se considera parado porque la relación laboral ha concluido a iniciativa del empleador. En el segundo, si rechazan el llamamiento, se considera una renuncia del propio trabajador y también pasan a ser parados, pero no tendrían derecho a prestación.

Es decir, la clave para su consideración dentro de los desempleados, y la posibilidad de recibir ayudas está en el motivo por el que no está trabajando. Y para revisarlo es fundamental el cruce de los datos que registra la Seguridad Social. 

Dudas de las empresas con las bajas

No se trata solo de algo que preocupa a los organismos públicos. La duda que asalta a las empresas es qué tienen que hacer en esos casos, porque al trabajador ya le habían dado de baja al pasar a la inactividad. En el caso del despido, no tanto porque hay un trámite de extinción del contrato que al propio trabajador le interesa notificar para no perder la prestación. En el caso de que 'dimita' no está tan claro.

Existe la posibilidad de que rechace el llamamiento no porque ha firmado otro contrato, sino para trabajar en la economía sumergida mientras cobra la prestación. ¿Y qué responsabilidad tendría la empresa en este caso?

Muchos empleadores han planteado esta cuestión de manera "informal" a la Seguridad Social y han recibido como respuesta que utilicen el sistema CASIA para "rehacer" la baja por pase a la inactividad y convertirla en una dimisión.   

Aunque desde Inclusión niegan esto: mantienen que las empresas no están obligadas a "actualizar" la baja si el trabajador no se reincorpora. "Lo que se está intentando es que en el Fichero General de Afiliación se reflejen aspectos que nada tienen que ver con la gestión de la Seguridad Social", apuntan fuentes del organismo, que inciden en que esta cuestión se relaciona con las prestaciones por desempleo que lleva el SEPE pero no con la Tesorería.

Pero en este contexto de cierta confusión, que se ponga en revisión la estadística que refleja las causas por las que los trabajadores dejan de ser afiliados resulta llamativo. Sobre todo, porque sí se sigue contabilizando sin problemas cada mes la variación de altas y bajas de afiliación para cada tipo de contratos, incluyendo las de los fijos discontinuos.  

Desde el Ministerio se explica que se trata de una base de datos "viva", porque algunas bajas se notifican con retraso. Por ello se están revisando las extracciones de datos de meses anteriores "regularizándolos" para que recojan las últimas actualizaciones. Esto permitirá "un análisis más completo" de la casuística y, con ello, del mercado laboral.  

Los cargos del departamento que dirige José Luis Escrivá, de paso, desvinculan esta revisión de la reciente polémica con los fijos discontinuos. Pero, aun así, es que los datos más "extraños" de esta estadística que quieren actualizar están relacionados directamente con ellos.  

La Gran Discontinuación

El primero es que el pase a la inactividad se ha convertido en la primera causa de baja de afiliación de los trabajadores con contrato indefinido, aunque su peso en el empleo estable, en términos de afiliación, es mucho menor que el del resto de contratos. Esto demuestra su elevada rotación.

Desde Inclusión lo achacan simplemente a que ha aumentado el número de estos contratos y lo consideran algo lógico. Sin embargo, un análisis también de Florentino Felgueroso demuestra que en los últimos meses la ratio de bajas medias diarias de afiliación de los fijos discontinuos se ha duplicado respecto a 2019. Si la única explicación fuera el aumento del número de contratos y no la mayor volatilidad, se mantendría sin variación.

La otra clave son las dimisiones de trabajadores indefinidos. Hasta septiembre se habían disparado un 153% interanual para los trabajadores con contratos indefinidos. Aunque es difícil estimar cuantas de ellas se deben a fijos discontinuos, hay un argumento de peso que lo relaciona: antes de la reforma laboral, la mayoría de las renuncias se daban en los temporales.

El motivo es que más fácil dejar un trabajo temporal que uno fijo, que cuenta con incentivos como la antigüedad. A no ser que este empleo fijo tenga todas las características de uno eventual, lo que incentiva bastante a la hora de buscar otro empleo, como ocurre con los fijos discontinuos. Esto explicaría que tras la reforma esta tendencia se haya trasladado a los indefinidos.  

Retomando lo de la posibilidad de que se produzcan cobros indebidos por parte de fijos discontinuos, desde el Gobierno se asegura que la revisión solo tiene carácter estadístico y que no han detectado irregularidades en ese sentido.

Y es cierto que en las estadísticas del SEPE el número de demandantes con relación laboral que ha pasado a ser parados tras incumplir el llamamiento (ya fueran por ser 'despedidos' o dimitidos) es irrelevante. Es decir, el ajuste inverso en las estadísticas (y en las prestaciones) no se ha dado.

Aunque con el volumen de bajas disparadas y sus causas sometidas a revisión, los cambios se hayan producido solo en un sentido también esto resulta un poco extraño. Y es una de las razones por la que no pocos expertos esperan nuevas revisiones en las estadísticas: la primera no está completa.

En cualquier caso, habrá que esperar a los resultados definitivos de Seguridad Social para ver si contribuye a despejar o avivar las sospechas sobre las cifras de empleo.

Algo que deberían ser capaces de aclararnos todos los implicados en 2023. A fin de cuentas, se trata de responder a las preguntas que formulan sus propias estadísticas.

Y aunque el peso de los fijos discontinuos sea menor que el de otras modalidades de contratación indefinida de mejor calidad, resolverlas estas dudas es una cuestión de transparencia. Algo que incluso ya no han planteado desde el Banco Central Europeo.

Nos leemos en siete días y, mientras tanto, en elEconomista.es.