¿LOS GOBIERNOS MUNICIPALES GESTIONAN ADECUADAMENTE EL RIESGO DE COLAPSO DE LAS CONSTRUCCIONES?

“La prevención de terremotos no puede luchar contra el afán de lucro”, afirmó Hasan Aksungur, Presidente del Colegio de Ingenieros de Adana, ciudad portuaria de Turquía, que sufrió el colapso de sus edificios el 6 de febrero de 2023 debido a un terremoto que dejó más de 44.218 muertos y miles de edificios derrumbados en la madrugada. De esta forma, Aksungur cuestionó al gobierno turco por haber legalizado desde hace muchos años cientos de miles de edificaciones fuera de norma, principalmente por construcciones que superaban el límite permitido de altura y que, en su criterio, fueron una de las causas principales de la pérdida de miles de vidas y viviendas y del consiguiente desastre.

El colapso de Turquía, según el ingeniero, se explica principalmente por la baja calidad de los materiales y la falta de cumplimiento de las normativas para construcciones que, por su volumen, altura y peso, resultaron ser vulnerables ante un terremoto de las características del ocurrido (7,8 en la escala de Richter y con movimientos horizontales de placas), dejando en ruinas varios sectores de la ciudad de Beirut.

En las semanas posteriores, las fuerzas de seguridad turcas han arrestado al menos a una docena de personas, entre ellas constructores y arquitectos, relacionados con algunas de los miles de edificaciones destruidas o gravemente dañadas en los sismos, como los primeros pasos del Estado para depurar responsabilidades en un momento en el que arrecian las críticas por la baja calidad de las viviendas, algo que no pocos achacan a la corrupción y a la falta de controles.

La ciudad de La Paz, a diferencia de otras ciudades relativamente más "planas", convive con el peligro permanente debido a su accidentada topografía, suelo frágil con laderas de alta pendiente, deforestación descontrolada que también contribuye a las riadas o desplazamientos de fuertes volúmenes de agua y lodo que recurrentemente retoma su cauce natural, alimentado por los cientos de ríos que nacen de diversas cuencas. Además, su riesgo aumenta por ser parte del "cinturón de fuego del Pacífico", donde se juntan placas tectónicas muy susceptibles de tener sismos debido a que están moviéndose de forma constante, lo que da origen a terremotos y tsunamis en el océano Pacífico.

Muchas ciudades enfrentan no solo amenazas naturales, sino también antrópicas debido al tipo de edificaciones construidas en suelos inestables o de alta pendiente. La mayoría de estas construcciones no cumple con todas las etapas necesarias para la aprobación del proyecto de construcción. Muchas viviendas fueron construidas, en zonas tomadas, sin permisos y cuando se otorgan, la edificación final no coincide con el proyecto presentado ante el gobierno municipal. Esto genera una serie de transgresiones permanentes a las normas y a la buena fe.

Además, existe una amenaza menos visible pero igualmente peligrosa, relacionado con la calidad de construcción y la habitabilidad de las viviendas. Dos conceptos exigentes que ponen en aprietos al mundo inmobiliario que busca siempre aumentar la plusvalía urbana.

¿Quien es responsable de controlar la seguridad y habitabilidad de una edificación? ¿Es suficiente que los desarrolladores inmobiliarios sean los responsables directos del proyecto y su ejecución? ¿Deben estos actores responder por la calidad de las urbanizaciones, edificios y viviendas construidas en la ciudad? ¿De que forma se controla el cumplimiento de los estándares mínimos para asegurar el uso y la combinación de materiales adecuados, la calidad de los insumos necesarios, la estabilidad del suelo, las vías de evacuación y zonas de refugio con dimensiones y en lugares apropiados?

¿Qué autoridad puede certificar que una edificación es habitable y que no corre un alto riesgo de colapso?[1] Entendiendo por habitable que cumpla con los requisitos mínimos de seguridad para sus ocupantes, incluyendo la fachada, las dimensiones de los accesos, los estacionamientos, los jardines y las áreas verdes, la distribución de las zonas de descanso, la iluminación, la ventilación y los materiales de suelos, paredes y techos, entre otros.

Erróneamente se cree que la aprobación final de un plano (As Built) o la legalización de una construcción irregular son suficiente garantía para comprar y ocupar una vivienda. Sin embargo, debido al crecimiento rápido y espontáneo de las ciudades, la autoridad municipal no tiene la competencia ni la capacidad institucional para hacerse cargo de esta tarea.

Este vacío no solo diluye la responsabilidad, sino que también genera un incentivo perverso para minimizar los costos de la construcción en un suelo urbano cada vez más sobrevalorado y pone en situación desventajosa a las familias sin vivienda. Por lo tanto, en el caso de un sismo de magnitud, será imprescindible proteger a las familias, generalmente con escasa información, que adquieren inmuebles, principalmente sobre edificaciones verticales en zonas de riesgo.

En consecuencia, resulta imperioso tomar medidas ante las amenazas físicas por las posibles pérdidas materiales y financieras, por los eventuales costos de la emergencia y de reconstrucción, pero sobre todo en los aspectos legales y las probables responsabilidades individuales e institucionales de muy difícil identificación y reparación, más aún con edificaciones fuera de norma. 

El riesgo por construcciones de mala calidad en suelo no apto debe ser transferido y cubierto por quienes exponen al riesgo a cientos de familias que compran el proyecto inmobiliario. Los mercados de las aseguradoras hoy están en condiciones no solo de brindar un producto de estas características, sino también de plantear que la autoridad municipal lo requiera como condición primordial e innegociable para la aprobación del Plano “As Built” (como finalmente fue construido).

En resumen, que quienes construyen y conocen la calidad y habitabilidad de las viviendas, deberán asumir el costo del seguro y liberar de esta posible responsabilidad a los sobrepasados Gobiernos Municipales de Ciudades, víctimas del trepidante extractivismo urbano, pero también, para proteger el capital invertido por familias, especialmente de aquellas de menores ingresos.

Así la exposición al riesgo sería valorada y determinada por expertos en la materia y no sometida a la verificación técnica de una burocracia volátil y expuesta al riesgo moral. Desastres como el de Beirut no están lejos de nuestra realidad y deberían servir como un aprendizaje de aquello que no debería repetirse.

Vladimir Ameller Terrazas.

Especialista en Políticas Públicas. La Razón, Animal Político 30.04.23

[1] Colapso del Edificio Málaga en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, enero del 2019, y desestabilización del Edificio Málaga en la ciudad de La Paz, diciembre del 2012.