Transformando la economía: legislación para impulsar las finanzas sostenibles

La avalancha normativa sobre finanzas sostenibles en la que está trabajando la Unión Europea demuestra su importancia creciente. Son muchas las esperanzas depositadas en esta labor, nada fácil por otro lado.

Coincido plenamente con Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en España, cuando dice que se necesitan “dos palancas adicionales para que las finanzas sostenibles continúen creciendo exponencialmente: por un lado, impulsar un papel protagonista y transformador del conjunto del sector empresarial, y por otro invertir de forma adecuada los fondos para la recuperación que están llegando desde Europa. Estas dos palancas pueden además ir de la mano”.

De todo ello se ha hablado en la jornada "Las Finanzas Sostenibles en el ámbito empresarial: avances regulatorios en el marco de la Unión Europea", organizada por la Red Española de Pacto Mundial y Spainsif, y en la que he tenido el placer de participar.

Aspectos como el Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, que ha entrado en vigor el pasado 10 de marzo; la taxonomía verde que identificará las actividades consideradas como ambientalmente sostenibles; el posible desarrollo de la taxonomía social que la Comisión Europea empezará a abordar a finales de 2021; la próxima renovación de la Directiva de gobierno corporativo o el sello Ecolabel (ecoetiqueta), en el que también se está trabajando desde el Centro de Investigación de la Comisión, están influyendo en el cambio de paradigma de la gestión empresarial hacia criterios en los que priman más que nunca la responsabilidad, el impacto de las compañías en la sociedad y el planeta y la inversión responsable.

Marcel Haag, director de Políticas Horizontales de la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales (DG FISMA) de la Comisión Europea, ha destacado el papel del regulador europeo, que “busca establecer criterios basados en ciencia, robustos y fiables para identificar cómo las actividades pueden hacer una contribución sustancial a los objetivos de sostenibilidad". Y es que Naciones Unidas estima que en la presente década se necesitan entre 5 y 7 billones de dólares anuales para poder cumplir la Agenda 2030, por lo que la movilización de recursos públicos y privados a gran escala es fundamental.

ALINEAR LAS AGENDAS DIGITALES Y AMBIENTALES

En Telefónica creemos además que la taxonomía ha de ayudar también a alinear la agenda verde con la agenda digital ya que la digitalización es fundamental para descarbonizar la economía, y debe hacerse desde una digitalización verde. Las agendas digitales y ambientales tienen que hablarse más y pensar en objetivos comunes.

Resaltar también la importancia de que la estrategia de las compañías integren la sostenibilidad, para dar consistencia entre el modelo de negocio y la financiación. “Solo puedes emitir verde si tienes proyectos verdes”, ha explicado Roberto Fernández Albendea, de Iberdrola, entidad que cuenta con 11.400 millones de euros de financiación verde. Eso se tiene que reflejar, además, en el precio, según Federico Gómez Sánchez, del Santander.

La sostenibilidad tiene que ser transversal como lo es en Telefónica, donde los objetivos ESG forman parte del variable de todos los empleados. Así podemos estar preparados para aprovechar la alta demanda del mercado financiero -nuestro último bono sostenible híbrido tuvo una sobredemanda de siete veces- y de los clientes, que cada vez valoran más los productos y servicios verdes.

Y si las empresas tienen que ser sostenibles para atraer inversión, los agentes financieros también se enfrentan a grandes retos. El Reglamento (UE) 2019/2088, sobre divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (conocido por sus siglas en inglés, SFDR) ha supuesto un cambio sustancial en el mundo de la inversión sostenible al que todavía se están adaptando las entidades bancarias, intermediarios (gestoras de activos, fondos de pensiones de empleo, entidades aseguradoras y proveedores de productos) y asesores financieros, pero que sin duda supone un impulso a la transparencia para promocionar los productos bajo el paraguas de las finanzas sostenibles.

Para Blanca Navarro, directora de Estrategia y Financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con 9 emisiones sociales y verdes, “el mercado ESG es una revolución industrial que se mueve al ritmo de la revolución digital. Aparece un gap entre la oferta y la demanda. Y la colaboración público-privada puede ayudar a cerrarlo”.

Según Marisa Aguilar, Country Head Iberia en Allianz Global Investors, aunque en España se nota menos, en otros países hay ya una importante demanda retail.

Una posible taxonomía social ligada a la taxonomía verde de la Comisión Europea, y una Ecolabel o etiqueta para destacar los productos financieros sostenibles, ayudarían a que las finanzas sostenibles sigan ganando peso y repercutiendo positivamente en los mercados de capitales y las prácticas empresariales.

Queda, por tanto, un largo y complejo camino para el impulso de las finanzas sostenibles y la regulación nos puede ayudar a recorrerlo. Merece la pena porque el resultado será un modelo económico más sostenible.

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