Valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de conocimientos

Allá por los 90 un conocido acrónimo consiguió definir a toda una generación de jóvenes españoles que acreditaban una elevada formación, pero no encontraban un trabajo acorde a sus capacidades. Aquel JASP, jóvenes aunque sobradamente preparados se convirtió en un emblema de su época de la mano de un anuncio de automóviles.

Un concepto que caló en la sociedad y en los medios de comunicación profundamente y que se sigue rescatando hoy en día. Y es que no es casualidad que España siga siendo un país dónde el nivel de sobretitulación se sale de toda lógica. Una herencia de la mentalidad europea que se ha llevado en España a su máxima expresión.

Si nos atenemos a los datos, el 35% de los españoles tienen más títulos y certificados que los que se demandan para el puesto de trabajo que ocupan. Por encima del 25% de la media Europea. Una aberración resultado de un país en el que la titulitis, el clasismo y una sociedad de consumo naturalizada siguen campando a sus anchas al margen de la realidad del desempeño profesional.

Y es que como ya teorizó el Nobel de Economía Michael Spence el nivel educativo parece servir como una «señal» para los empleadores sobre la productividad y el potencial de un candidato para un trabajo.

Nada más lejos de la realidad. Esa predilección por los títulos universitarios, certificados y cualificaciones llevan a las empresas a discriminar a grupos sociales que simplemente no pueden permitirse económicamente emplear una cantidad ingente de recursos en adquirir titulaciones. Y además, dichos grupos sociales ven exigidas titulaciones que en muchos casos poco o nada van a ayudarles a la hora de desempeñar sus puestos de trabajo.

Es de lo más habitual por tanto, encontrarse ofertas de trabajo donde la retahíla de requisitos, títulos y cualificaciones que se exigen al candidato son infinitamente superiores a los requeridos para el puesto real que va a desempeñar.

No es de extrañar encontrar ofertas de trabajo para el ámbito de la producción donde se exigen altos conocimientos en diferentes lenguajes de programación CNC , manejo de Excel, certificados de idiomas y otros requisitos y cuya actividad laboral real va a ser la de "meter y sacar piezas de una máquina" y donde posiblemente el trabajador no va a tener acceso a ningún ordenador ni manual técnico en inglés.

El trabajador se puede encontrar por tanto desempeñando un puesto de trabajo para el que está sobrecualificado y en el que además no tiene posibilidad alguna de desarrollarse profesionalmente.

Esta dinámica se alimenta en doble dirección. Trabajadores cuya actividad laboral no ha pasado de la propia de alimentar una máquina acaban calificándose como "programadores" arrastrados por una dinámica tóxica.

En mi etapa como formador no he parado de encontrarme con trabajadores en activo que se encontraban bloqueados sin posibilidad de desarrollarse profesionalmente. O trabajadores ocupando puestos de trabajo con carencias de conocimientos básicos porque habían adquirido los títulos de ingeniería pero no las competencias.

En contrapartida históricamente países como Japón, han destacado más por una filosofía empresarial que busca un perfil de profesionalidad con competencias transversales ya que se ha considerado que las competencias técnicas se acaban desarrollando con el trabajo.

Y en este contexto una sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo considera que utilizar la posesión de un título académico para valorar la idoneidad de una persona para desempeñar un trabajo para el que no se necesita esa titulación supone un trato discriminatorio hacia otros candidatos que reúnen las condiciones necesarias para desempeñar el puesto pero no poseen ese título.

Seria por tanto un buen ejercicio de reflexión que aquellos que establecen los requisitos que se exigen a participantes de procesos de selección, pensaran detenidamente hasta qué punto sus exigencias y requisitos están justificados.