Declaración del Alto Comisionado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Señora Presidenta,

Distinguidos delegados,

Vivimos una época de cambios vertiginosos. Una época de promesas —hace solo unas semanas se aprobó aquí, en Nueva York, el Pacto para el Futuro—, pero también de peligros y de gran incertidumbre.

Esa incertidumbre no tiene que ver con la naturaleza o la magnitud de los retos a que nos enfrentamos, pues son de sobra conocidos: guerras, pobreza, epidemias, peligros de la tecnología no reglamentada y cambio climático, junto con unos niveles de desplazamiento sin precedentes.

Tampoco hay incertidumbre en torno a las soluciones a dichos retos, muchas de las cuales están a nuestro alcance. Lo que realmente está en juego es nuestra capacidad colectiva para actuar juntos. La idea misma del multilateralismo está siendo atacada. ¿Podemos, como Naciones Unidas, seguir estando lo suficientemente de acuerdo como para avanzar y empezar a abordar los numerosos retos de nuestra era, mientras aún tengamos tiempo? La respuesta a esa pregunta definirá los años venideros.

Actualmente, en el mundo hay 123 millones de personas desplazadas. Personas que han tenido que huir de la violencia, la persecución y los conflictos.

Persisten los conflictos como el del Líbano, donde la devastación es catastrófica y —como ocurre en Gaza— no llega ese alto el fuego que se necesita con tanta urgencia, mientras no cesan los ataques aéreos israelíes, lo que causa una enorme pérdida de vidas humanas y la destrucción de infraestructuras civiles, como escuelas, hospitales y carreteras. Las consecuencias humanitarias son abrumadoras y requieren un apoyo internacional urgente. Sin embargo, los llamamientos para el Líbano y Siria siguen estando gravemente infrafinanciados. Cientos de miles de personas han sido desplazadas. Una gran mayoría de ellas son libanesas, pero también hay muchas personas de Siria. Como saben, el Líbano ha acogido a personas refugiadas sirias durante más de diez años. Personas que huyeron de una guerra y ahora se ven obligadas a huir de otra. En las semanas transcurridas desde el inicio del conflicto en el Líbano, 470.000 personas —un 30 % de ellas libanesas y un 70 % sirias— han cruzado a Siria. Y son apenas las que lo consiguieron, teniendo en cuenta que las carreteras utilizadas para llegar a las fronteras también han sido bombardeadas.

Siria es un país que aún no se ha recuperado de años de guerra, divisiones y sanciones. Un país en el que, sin duda, seguiremos trabajando con el Gobierno para garantizar la seguridad y la protección de todas las personas que lleguen, no solo en los puntos fronterizos, sino también en las comunidades a las que la gente acabe regresando. ACNUR seguirá desempeñando su función de monitoreo a este respecto, conforme a lo acordado con el Gobierno sirio durante mi última visita.

Pero recordemos que, antes de esta crisis, la mayor parte de la población siria ya se enfrentaba a enormes dificultades al tener que luchar por una vida digna en sus hogares y comunidades. A pesar de ello, han abierto sus casas a las personas recién llegadas, ya sea población siria retornada o población libanesa refugiada. Pero no pueden soportar esa carga solos: necesitan nuestro apoyo, y no solo ayuda humanitaria, sino también asistencia para la recuperación temprana, como se establece en varias resoluciones del Consejo de Seguridad.

Esta es también la situación de la población del Sudán hasta que no se consideren seriamente —también allí— las negociaciones de paz. La situación en Sudán es indescriptible: violencia indiscriminada, atrocidades sexuales, hambre, inundaciones, enfermedades... Estamos presenciando en tiempo real el colapso de la infraestructura social de una nación, con sistemas sanitarios diezmados, sin educación y con una administración civil paralizada. Desde el comienzo de la guerra, hace 18 meses, 11 millones de personas sudanesas se han visto desplazadas. Tres millones han abandonado ya el país. Solo en el último mes, 60.000 nuevas personas refugiadas han llegado a Chad —sumándose a la población ya acogida allí—, a Egipto, a la República Centroafricana, a Etiopía, a Sudán del Sur, a Uganda y a Libia. La lista de países que acogen a población refugiada sudanesa no para de crecer, y seguirá haciéndolo, a menos que seamos capaces de proporcionar urgentemente algo de socorro a las personas que se han visto obligadas a huir y a las comunidades que las acogen. Porque todas ellas afrontan la misma situación de fragilidad. Las mismas incertidumbres.

Señora Presidenta,

Tenemos la certeza de que, si estos conflictos no se resuelven, seguirán extendiéndose sin control, como ocurre en Oriente Medio, con consecuencias imprevisibles para todos. Abandonadas a su suerte, las personas refugiadas —y otras— seguirán desplazándose en busca de seguridad.

En los últimos años, a medida que el cambio climático y las dificultades económicas se suman a los conflictos y las persecuciones como causas del desplazamiento, hemos visto a personas refugiadas y migrantes desplazarse juntas, por las mismas rutas, en lo que llamamos “flujos mixtos”. Hacer frente a estos movimientos se ha convertido en un problema especialmente incómodo para los Estados situados a lo largo de las rutas de desplazamiento, lo que ha llevado a muchos Gobiernos a intentar detener el flujo de personas imponiendo medidas cada vez más restrictivas centradas en los controles. En ocasiones, esos Estados recurren a iniciativas de externalización, tercerización o suspensión de los procesos de asilo que no solo son ineficaces, sino que además son contrarias a sus obligaciones jurídicas internacionales.

Un enfoque más eficaz consiste en mirar más allá de sus fronteras —que, con demasiada frecuencia, son el centro exclusivo de atención—, y considerar las rutas del desplazamiento de manera integral; buscar oportunidades en los países de origen, por ejemplo, reforzando la resiliencia de las comunidades en riesgo de desplazamiento climático; buscar oportunidades para ampliar los programas de estancia legal y regularización en los países de asilo o tránsito, facilitando acceso a los servicios y al empleo, como hemos hecho en México, por ejemplo, y establecer más vías para que la gente pueda desplazarse legalmente, y con seguridad, de un país a otro. Y, en la eventualidad de que las personas refugiadas y migrantes lleguen a sus fronteras, estaremos preparados para apoyarles en la formulación de respuestas que, de acuerdo con las normativas, aborden los retos que plantean los movimientos mixtos. Entre esas respuestas figuran procedimientos de asilo eficientes, que puedan identificar de forma rápida y justa a las personas que necesitan protección internacional, y, cuando se determine que no se requiere dicha protección, prevean el retorno a los países de origen de manera digna y segura.

Pero, por favor, señora Presidenta,

No nos dejemos engañar por la ilusión de que es posible contener o aislar las crisis. Advertí una vez más de ello al Consejo de Seguridad en mayo.

Basta con mirar a Afganistán, un país que lleva más de 40 años lidiando con el conflicto y la inestabilidad, cuya población se ha visto obligada a desplazarse en repetidas ocasiones, en muchos casos como personas refugiadas, a Pakistán e Irán, países a los que deseo agradecer su generoso y prolongado apoyo. Sin embargo, lo cierto es que las consecuencias de la inestabilidad en Afganistán —en términos de movimientos de refugiados— se dejan sentir mucho más allá, en las rutas hacia Europa, en lugares tan lejanos como Asia Sudoriental e incluso América Latina.

Lo mismo puede decirse de los efectos de la guerra en Ucrania. Una guerra que no solo ha desplazado a millones de personas hacia países europeos, sino que también ha contribuido a la inseguridad alimentaria en África y otras regiones.

Asimismo, los conflictos no resueltos e interrelacionados en el este de la República Democrática del Congo siguen dando lugar a desplazamientos e inestabilidad —a menudo, vinculados entre sí— en toda la región de los Grandes Lagos de África.

La cuestión es que a todos nos interesa que exista paz y dar una respuesta conjunta a los desplazamientos. Levantar muros y detener barcos son medidas que no funcionan. Las respuestas descoordinadas tampoco funcionan. Solo sirven para aumentar la división y la desconfianza, y crear un enfrentamiento entre países y pueblos.

Señora Presidenta,

En esa misma línea, tampoco podemos permitirnos que la acción humanitaria se fragmente o se politice, algo que, lamentablemente, hemos empezado a observar. ACNUR es un organismo humanitario apolítico y tiene la responsabilidad —que ustedes nos han encomendado— de estar al lado de las personas refugiadas allí donde se encuentren. No abandonaremos a las personas desplazadas por no estar de acuerdo con sus líderes. La razón por la que podemos operar en más de 580 lugares de todo el mundo es precisamente la naturaleza apolítica de nuestro mandato. No obstante, para poder seguir siendo eficaces, es fundamental que ese mandato se mantenga e incluso se refuerce.

Para ello, necesitamos que ustedes nos brinden un apoyo continuado, también en esta Comisión. Mientras nos abrimos paso en un mundo de discordia y división, es más importante que nunca que la Asamblea General predique con el ejemplo y cumpla plenamente nuestros valores compartidos de imparcialidad, neutralidad y humanidad.

Y lo ha hecho en repetidas ocasiones, señora Presidenta,

Por ejemplo, al afirmar el Pacto Mundial sobre Refugiados en 2018, pero también posteriormente en dos Foros Mundiales sobre los Refugiados. El segundo Foro Mundial sobre los Refugiados, celebrado el pasado mes de diciembre en Ginebra, fue un momento alentador de unidad, una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso colectivo de compartir responsabilidades, como lo demuestran los más de 2.000 compromisos de contribuciones realizados, muchas de los cuales ya están teniendo efectos reales en las personas desplazadas. El Foro Mundial sobre los Refugiados dejó patente que una visión adecuada de la solidaridad puede ayudarnos a superar nuestras divisiones.

Solidaridad con las personas refugiadas ante todo, pero también con los países que acogen a un gran número de ellas. Países como Bangladesh, Etiopía, Jordania, Türkiye, Colombia y tantos otros a los que no se puede dejar que carguen solos con la responsabilidad y que confían en su apoyo continuo, incluido el financiero.

Desgraciadamente, en los últimos años, la financiación humanitaria se ha vuelto cada vez más impredecible. Somos perfectamente conscientes de que existen muchas prioridades contrapuestas, tanto nacionales como exteriores, que siguen ejerciendo presión sobre los presupuestos de los países donantes. Tras las oleadas de ayuda por la COVID-19 y para responder a situaciones de emergencia como las de Afganistán y Ucrania, los últimos 12 meses han sido muy difíciles desde el punto de vista financiero para ACNUR y el resto del sector humanitario. El posterior descenso de la financiación nos ha obligado a tomar medidas para contener nuestros gastos, lo que se ha traducido en una reducción de 1.000 puestos de trabajo. También nos ha obligado a suspender actividades de apoyo vital en nuestras operaciones. Y aunque ha mejorado nuestra situación financiera para 2024 —en particular, gracias a los Estados Unidos y a nuestros otros donantes principales—, los niveles de financiación para 2025 y años posteriores siguen siendo inciertos, lo que supone un riesgo todavía mayor para nuestra capacidad y la de los países de acogida de responder a las crisis de personas refugiadas y desplazadas de forma predecible y flexible, sobre todo cuando la mayor parte de la financiación que recibimos son fondos vinculados, lo que nos impide asignar los recursos donde más se necesitan.

Esta “amenaza financiera” también ha acelerado un proceso de reajuste estratégico que ya estaba en marcha, consistente en establecer prioridades de forma más eficiente y empezar a consolidar las ganancias de la que posiblemente haya sido la reforma de mayor alcance de nuestra historia. No obstante, lo que se recupera gracias a los procesos de eficientización —que son necesarios— no puede por sí solo compensar el faltante que de manera recurrente se registra entre las necesidades globales y la financiación disponible.

Señora Presidenta,

Debemos ir más allá del reajuste y el establecimiento de prioridades. En este contexto de emergencias humanitarias incesantes y financiación humanitaria insuficiente, en el que los desplazamientos se prolongan cada vez más en el tiempo y afectan progresivamente a las comunidades de acogida, debemos replantearnos nuestros enfoques sobre el desplazamiento de las personas refugiadas para hacerlos más sostenibles. Y el camino hacia esa sostenibilidad pasa por una mayor inclusión de las personas desplazadas en las comunidades que las acogen, en la medida de lo posible y hasta el momento en que puedan regresar a sus hogares con seguridad y dignidad. Supone también invertir en los sistemas nacionales y reforzarlos —por ejemplo, la sanidad, la educación, la capacitación laboral, el empleo, los servicios bancarios, etc.— para que tanto las comunidades de acogida como las personas refugiadas puedan beneficiarse.

Sin duda, inclusión no significa integración. Fijémonos en los ejemplos de Uganda o Colombia, países de acogida generosos que han reconocido que las personas refugiadas pueden ser un activo para sus economías y sus sociedades durante el desplazamiento. Kenya ha llegado a la misma conclusión y pronto lanzará su plan “Shirika”, que acercará a las personas refugiadas y sus comunidades de acogida, rompiendo así con los sistemas —y servicios— paralelos que, durante muchos años, han beneficiado a un grupo excluyendo al otro, lo que ha causado tensiones y frustraciones para todos. La conclusión a la que han llegado todos estos países, junto con otros, es que, en lugar de dejar que las personas refugiadas sean completamente dependientes de la ayuda humanitaria, resulta más eficiente, y más sostenible, procurar que sean autosuficientes e incluirlas en las estructuras nacionales.

Este enfoque presenta varias ventajas evidentes: beneficia de forma más clara y directa a las comunidades de acogida; aprovecha el capital humano de las personas desplazadas; permite a los países de acogida atraer financiación adicional para el desarrollo, incluso en zonas periféricas, donde a menudo se encuentran las personas refugiadas; beneficia al ACNUR, ya que nos permite centrarnos en la protección y las soluciones; y es mejor para los donantes, ya que puede aliviar parte de la presión sobre la financiación humanitaria.

Obviamente, reconocemos que este enfoque no puede ser genérico. No todas las situaciones de desplazamiento serán igual de propicias para aplicarlo. No obstante, ACNUR acompañará y apoyará a todos los Estados interesados en avanzar por la senda de la sostenibilidad, recurriendo a nuestras alianzas con los países de acogida, los actores de desarrollo, las instituciones financieras, los bancos multilaterales y el sector privado, así como con las organizaciones dirigidas por personas refugiadas, por mujeres y por otros miembros pertinentes de las comunidades locales.

Señora Presidenta,

Mientras trabajamos para que las respuestas al desplazamiento sean más sostenibles, no debemos perder de vista la necesidad de encontrar soluciones no solo para las personas desplazadas, sino también para las personas apátridas.

Nos enorgullecen los enormes progresos realizados en el último decenio en la lucha contra la apatridia, en el contexto de la campaña #IBELONG. Países como Kirguistán, Turkmenistán y Tailandia han conseguido avances notables para abordar o incluso eliminar por completo la apatridia. La Alianza Global para Poner Fin a la Apatridia, lanzada hace tan solo un mes, continuará la dinámica de los últimos diez años. Porque la apatridia tiene solución.

Y aunque las soluciones para las personas desplazadas siguen siendo difíciles, no podemos perder la esperanza. Para encontrar soluciones mientras las personas siguen desplazadas internamente en sus países y zonas de origen, ACNUR trabaja en estrecha colaboración con Robert Piper, Asesor Especial del Secretario General sobre Soluciones a los Desplazamientos Internos, en los próximos pasos del programa de soluciones para las personas desplazadas internas.

Y, por supuesto, trabajamos para encontrar soluciones para quienes se convierten en personas refugiadas, en particular, mediante el reasentamiento y las vías complementarias. El reasentamiento, aunque nunca es suficiente para satisfacer unas necesidades que son enormes, sigue siendo una herramienta esencial para proteger a las personas refugiadas más vulnerables. El reasentamiento y las otras vías complementarias también representan una fuerte muestra de solidaridad con los países que acogen a grandes poblaciones de personas refugiadas.

No obstante, en última instancia, la solución más duradera es el retorno de las poblaciones desplazadas a sus hogares, ya que la mayoría de las personas refugiadas desea retornar a su país voluntariamente y con dignidad. ACNUR siempre les brindará información y publicará sus posiciones sobre las condiciones en los países de origen, pero la decisión de retornar corresponde a las propias personas desplazadas. Eso no quiere decir que la situación en los países de origen vaya a ser siempre la adecuada para retornos a gran escala, pero sí señala la necesidad de más flexibilidad y apoyo cuando las personas refugiadas deciden retornar —voluntariamente—, incluso en condiciones imperfectas.

Señora Presidenta,

Para terminar, quisiera agradecerles a todos ustedes el apoyo que siguen prestando al ACNUR, y especialmente su solidaridad con todas las personas refugiadas, desplazadas y apátridas. Es evidente que vivimos tiempos de incertidumbre y tenemos muchos retos por delante. Sin embargo, debemos ser capaces de actuar juntos, incluso en las épocas difíciles. ACNUR no desistirá. No nos cansaremos. Las personas a las que atendemos cuentan con nosotros, y nosotros contamos con ustedes.

Gracias.