El Cumplimiento Corporativo en Materia Penal para evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica y el Sistema Nacional Anticorrupción.

El Cumplimiento Corporativo en Materia Penal a efecto de evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica implica el establecimiento de controles al interior de las organizaciones, tendientes a evitar la comisión de delitos por parte de empleados, administradores o representantes, cuando actúan a nombre de aquellas, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas mismas les proporcionan. 

El pasado 18 de julio de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes que conforman el Nuevo Sistema Nacional Anticorrupción:

•         Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

•         Ley General de Responsabilidades Administrativas

•         Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

•         Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

También se publicaron reformas respecto de los siguientes ordenamientos:

•         Código Penal Federal

•         Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

•         Ley de Coordinación Fiscal

•         Ley General de Contabilidad Gubernamental

•         Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Con motivo de este nuevo marco jurídico las empresas incurrirán en responsabilidad penal y administrativa cuando incumplan con las disposiciones en materia de prevención y combate a la corrupción. Entre las obligaciones más importantes se encuentran el establecimiento de procedimientos internos, políticas de integridad, manual de organización, códigos de conducta y sistemas de control y vigilancia para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción por parte de empleados, administradores o representantes. 

Nos ponemos a sus órdenes para identificar las obligaciones que les corresponden y los controles que deben implementarse al interior de su organización para reducir el riesgo de sanciones administrativas y evitar la responsabilidad penal de empleados, administradores o representantes, así como de la persona jurídica en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal.