El mito de la paguita

Hay tres grandes tipos de políticas laborales: las que se que centran en impulsar la contratación, las que buscan evitar los despidos y las que se enfocan en ayudar a los que pierden su empleo. Estas últimas se centran en que el parado encuentre cuanto antes otro trabajo (políticas de activación) y, mientras tanto, le ofrecen soporte económico (mediante prestaciones para las que el trabajador ha cotizado o subsidios) mientras se encuentran en este proceso. A esto último se le llama también “políticas pasivas” y se consideran un aspecto complementario.   

Los Gobiernos intentan desarrollar un mix equilibrado de los tres tipos con el foco en mantener el paro en mínimos, tanto por el coste económico como por el coste presupuestario en ayudas. No hace falta sacar a pasear muchos datos para ver que los nuestros han fracasado bastante en este ámbito.

Su mezcla adolece de una sobrerrepresentación del primer tipo: no hay más que ver lo nos ha costado sacar dos reformas laborales en 10 años, cuando antes se actualizaban cada cuatro, de media. Y, además, se le da una importancia clave a algo que, en teoría, debería ser secundario. Lo habéis adivinado, me refiero a la protección por desempleo.  

Soy muy consciente de que esta afirmación en un país con una tasa de paro del 12,6% es polémico. Pero observad que hablo en condicional. En la práctica, sustentar esta afirmación es mucho más complejo, por no decir imposible.  

Pero hay que hacerlo: la decisión del Gobierno de elevar del 50% al 60% la base de cálculo de las prestaciones contributivas por desempleo a partir del sexto mes, lo que supondrá una subida media de 100 euros por persona, ha reabierto el debate sobre si las ayudas a los parados desincentiva su retorno al mercado laboral.

Es lo que llamo el “mito de la paguita”, una discusión que a veces se plantea en términos de barra de bar (‘paguita’ no es un término muy científico, que digamos) pero que ha modulado los incrementos y recortes de esta partida a lo largo de la última década. De hecho, lo que se hace es revertir el recorte aprobado por el Ejecutivo del PP en 2012.

¿Hay alguna justificación sólida para ello, aparte de la necesidad de reducir el déficit presupuestario? Pues sí. Según las estimaciones de la OCDE y Eurostat, España registra la mayor 'trampa del desempleo' entre las grandes economías europeas. Esto significa, llanamente que los desempleados tienen menos incentivos económicos para aceptar un trabajo. Además, este desincentivo no se reparte de forma similar: se concentra en los desempleados de mayor edad y más largas carreras de cotización, lo cual apunta a que provoca paro de larga duración.

Pero incluso la OCDE cuestiona que recortar las prestaciones reduzca esta trampa. Tras estudiarla en casos como el de Bélgica. La razón es que esto no se debe tanto al importe en sí de las prestaciones como al incremento de los impuestos y las cotizaciones sociales al pasar a cobrar un salario. Es decir, es un problema más de cuña fiscal que de ‘generosidad’ del SEPE.

Más allá de lo que podamos extrapolar con estos datos, el impacto de los cambios en la protección por desempleo en el empleo en nuestro país ha sido poco estudiado en los últimos años. Ello a pesar de que los gobiernos de Pedro Sánchez han convertido en su bandera retórica el compromiso para "deshacer los recortes sociales' por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy durante la crisis financiera.

En el caso de los desempleados, además de la mencionada subida de la prestación, y crear nuevos subsidios, como el Ingreso Mínimos Vital, una de sus primeras decisiones fue recuperar el subsidio de mayores de 52 años. Y aquí encontramos un excelente caso de estudio sobre el mito de la paguita.

Ayudas redundantes

El gobierno justificó su decisión de eliminarlo por tres motivos: el primero que era redundante (ya existía un subsidio para mayores de 55 años); el segundo, por ahorro (estimó 600 millones de euros de menor gasto), y el tercero, para incentivar el regreso al empleo de esos desempleados.

La particularidad de la medida, que resultó inesperada para sus afectados, es que afecta a una población muy concreta y con características mucho más homogéneas que el conjunto de los desempleados, lo cual lo convierte en un excelente campo de estudio académico para analizar su impacto.

Este es precisamente el trabajo que que han realizado los investigadores Gerard Domènech-Arumí, del European Center for Advanced Research in Economics and Statistics (ECARES), y Silvia Vannutelli, de la Northwestern University en un trabajo publicado el pasado mes de julio bajo el significativo título de "¿Atraerlos o expulsarlos? Los efectos en el mercado laboral de los cambios procíclicos en las ayudas por desempleo".

Las conclusiones son ambivalentes. Por un lado, la reforma indujo a un "aumentos significativos" en la tasa de reempleo, de 9 puntos porcentuales. Además, permitió reducir la duración media del desempleo en 150 días en este colectivo.

Sin embargo, en la submuestra de trabajadores que encontraron trabajo los salarios se redujeron en un 8%. La explicación a esto se situaría en que se trataría de trabajadores con menos ahorros y más proclives a aceptar empleos incluso temporales o a jornada parcial.

Por otro lado, los trabajadores de más edad o con mayor renta disponible optaron por encadenar otros subsidios de menor duración y cuantía hasta poder 'engancharse' al de 55 años o a la prejubilación. De hecho, su paso a otros programas de ayuda se incrementó en 19 puntos, más del doble de lo que subió la proporción de reempleo. Esto repercutió en el ahorro que resultó de la medida, que pasó de los 600 millones de euros previsto a materializarse en solo 140.

La razón de este pobre resultado está en la situación financiera y personal de los desempleados, pero también en sus expectativas. Aunque la franja de edad del estudio es de apenas 3 años, los desempleados empeoraron sustancialmente sus expectativas según se acercan a los 55 años. Influye un mercado laboral que les considera "menos productivos", pero también el sistema de prejubilaciones.

Prejubilaciones persistentes

Los subsidios de 52 y 55 años fueron considerados una herramienta para pactar programas de "bajas incentivas" en el marco de despidos colectivos. Este sistema se basa, en la práctica, en encadenar subsidios una vez se han agotado las prestaciones hasta que el trabajador puede prejubilarse. Es decir, aunque cuentan como parados para beneficiarse de estos programas, muchos de ellos no tienen intención de volver a trabajar. Un efecto desánimo "maquillado" que, además, enquistaba el paro de larga duración.

El recorte en lo subsidios, junto al retraso de la edad de jubilación anticipada, se enmarcan en un intento para frenar esta espiral, aunque sus efectos fueron limitados.

No hay más que fijarse en que la brecha de paro entre los beneficiarios por subsidios mayores y menores de 50 años seguía siendo en los últimos años del programa más del doble de que la que había en 2009, pese a la recuperación de mercado laboral. 

Doménech y Vannutelli interpretan que este fracaso se debe a la falta de unas políticas activas suficientemente ambiciosas para que estos trabajadores puedan volver vuelvan al mercado laboral. No se trata de recortar sus ayudas, sino de diseñar mejores medidas para encontrarles trabajo. 

"Sin ellas, los trabajadores de más edad pueden tener demasiados incentivos para encontrar la salida a la jubilación anticipada, sobre todo en tiempos de crisis", inciden.

Aunque no es fácil resistirse a la tentación de extrapolar esta conclusión a la situación actual: que un incremento de los subsidios (y las prestaciones), junto a la trampa del desempleo arriba mencionada, acentúen aún más estos incentivos para prejubilarse si no se diseña una estrategia para rescatar a estos desempleados. Es decir, si el mix sigue estando desequilibrado.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha comprometido a poner en marcha medidas, aunque sus planes no presentan el suficiente detalle para valorarlos. De hecho, hasta ahora solo ha esbozado la posibilidad de encarecer el despido (lo cual como ya hemos comentado por aquí puede provocar el efecto contrario).

Traspiés y líneas rojas

Pero ¿cómo deberían ser estas políticas activas para funcionar? El Gobierno avanza en este nuevo paquete de medidas laborales en un momento complejo, cuando casi la mitad de los desempleados lo son de larga duración. Además, el calendario electoral complica los acuerdos tanto a nivel político como en el contexto del diálogo social con patronal y sindicatos.

Y el hecho es que ya se han producido unos cuantos tropiezos, como el referido a la revisión y modernización de los incentivos a la contratación. Ahí, directamente, han acabado viéndose obligados a dar marcha atrás porque se su propuesta se sostenía en un recorte al apoyo de la empleabilidad de un colectivo tan sensible como el de las personas con discapacidad.

En este contexto, medio centenar de expertos en el ámbito laboral han elaborado un documento que marca las líneas para que estos cambios no sitúen a nuestro país al margen de las realidades que dibujan el futuro del mercado de trabajo.

La Fundación Ergon es un un 'think tank' que se presenta como un grupo de "profesionales independientes" que quieren impulsar la "reflexión y el debate" sobre los retos que la sociedad española tiene en materia de empleo y de gestión del talento.

Presentan estas ideas tras un trabajo de consulta y análisis de meses por parte de estar organización, cuyo patronato preside Josep Puigvert y en cuyo consejo asesor colaboran figuras de un variado perfil profesional en el sector privado y púbico, en el que figuran personalidades como el ya mencionado ex ministro Valeriano Gómez, la experta en desarrollo social Mercedes Valcárcel, juristas como Mateo Borrás y Adolfo Menéndez, o nombres procedentes del mundo sindical como Lola Santillana (CCOO) o José Varela (UGT).

En primer lugar, llaman la necesidad de que se atiendan los procesos de deslocalización y globalización. "Tenemos un mercado de trabajo global y una regulación nacional", inciden los expertos, que abogan por acelerar la convergencia con el resto de grandes mercados laborales de la UE.

En este sentido, abogan "reducir la desigualdad en las condiciones laborales" pero para facilitar la contratación de los colectivos con especiales dificultades, en lugar de encarecer su despido, como plantea el Gobierno. En este sentido, plantan que la normativa potencie el "reciclaje interno".

Para el caso concreto de los jóvenes, abogan por una nueva "regulación legal para las prácticas laborales y los contratos formativos" que mire más allá del nuevo Estatuto del Becario.

Respecto a las políticas activas de empleo, "el incremento de la participación de los servicios públicos de Empleo estatal y autonómicos", que apenas llega al 2% del total de contratos. Para ello defienden un "modelo básico y común que facilite el matching", mejorando el acceso a las ofertas y los perfiles de candidatos por parte de empresas y desempleados.

También plantean gestionar "más eficientemente" los programas basados evaluando resultados, con el objetivo de "predecir" y exportar entre diferentes servicios públicos los "comportamientos de éxito". Para esto, apuestan por recurrir al Big Data y la inteligencia artificial de una forma mucho más concreta que la que baraja el Gobierno. En este sentido, abogan directamente por un "marketplace de algoritmos en el ámbito del empleo".

Algoritmos para repartir fondos

Para esto es indispensable que la reforma de las políticas activas establezca una nueva herramienta de integración de datos que incorpore "funcionalidades de gestión, trazabilidad y evaluación" mucho más dinámicas y digitalizadas que condicione con criterios ligados a la eficacia real el reparto de fondos a las comunidades.

En el ámbito de la formación y aprendizaje, los expertos abogan por promover el cambio cultural y una mayor interacción entre el mundo académico y profesional, para valorar cuáles son las competencias más demandadas en el mercado laboral, incluyendo las denominadas "habilidades blandas" o 'soft skills'.

Para ello exigen revisar el modelo de formación dual de forma que sea una manera verdaderamente eficaz de "integrar a diferentes generaciones que conviven en la sociedad".

En lo que se refiere a la gestión de personas, abogan por desarrollar una mejor implementación de la colaboración público-privada a través de una iniciativa que tenga en el punto de mira la obtención de datos. "Se trata de integrar metodologías y procesos para ganar eficiencia", explican desde Ergon.

Por último, ponen el dedo en la llaga de un tema candente como es la "profesionalización de los orientadores profesionales", empezando por regularizar sus contratos, que desemplean su tarea en el ámbito de las administraciones, en su mayoría, con contratos temporales o de interinidad.

Esto es todo por hoy. Nos leemos en siete días y, mientras tanto en elEconomista.es