Estamos en manos de forajidos, por la tolerancia extrema de los peruanos a la corrupción.

Jorge Cabello Gómez

30-03.2024

“Pero un día no podrás entrar

ni salir, con el puñado de tierra

que te echaré a los ojos, forajido! “(César Vallejo, “Trilce”, poema LIV)

La principal responsable de la masacre de 62 personas, ocurridas entre el 8 de diciembre del 2022 y el 19 de marzo del 2023, (el 80% fueron asesinadas con armas de fuego, que incluye entre las víctimas a menores de edad, mujeres jóvenes, excepto un policía que murió asesinado por quemaduras de tercer y cuarto grado causadas por mano ajena), sería la Sra. Boluarte, quien habría cometido crímenes de lesa humanidad, perseguible penalmente a nivel nacional e internacional, para la aplicación de las medidas, dispuestas en el estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que considera en su articulado 7º A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinatos e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas”.

Esta conducta criminal es compatible con el delito contra la humanidad específico de asesinatos calificados, al ejecutarse la matanza de miembros de la comunidad quechua y aimara de la región andina, que incluye a el asesinato de niños, mujeres, escolares, estudiantes universitarios y trabajadores de dichas comunidades, además de las graves lesiones físicas y mentales que han ocasionado a miles de ciudadanos de dichas etnias. Como demuestran las necropsias las víctimas fueron asesinadas por proyectil de arma de fuego de grueso calibre, disparados sobre el cráneo, el tórax y el abdomen. El dominio de los hechos lo ha ejercido la denunciada y ha reiterado sucesivamente, que es su disposición. Además, cuando sus propios ministros le hicieron saber los videos sobre ejecuciones extrajudiciales, se reafirmó en su política de represión contra la población civil, lo que obligó a la renuncia de 6 de sus ministros y otros funcionarios. La política era vista desde el gabinete de la Sra. Boluarte como una guerra sin escrúpulos, “esto es una guerra”,” tenemos que ir con todo” “me pasan los videos donde se ve a soldados disparando al cuerpo de las personas de forma horizontal…Las imágenes de ataques de militares a los civiles en Ayacucho las pasé al chat de ministros y no hubo respuestas” (son declaraciones del ex ministro de Cultura Jair Pérez, Diario “La República del 17-01-2023).

Existen varios cientos de ciudadanos (la mayoría son civiles, también hay policías heridos y niños) con lesiones graves o muy graves, mientras que el 80% de la causa de fallecimientos se produjo por proyectil de armas de fuego en la cabeza, tórax o abdomen; de otro lado, el 23% (de cerca de medio centenar de hospitalizados) y cuyo estado de salud es de moderado a grave se encuentran en los servicios de Emergencia o en las Unidades de Cuidados Intensivos de hospitales públicos del país y tienen graves lesiones en cabeza por proyectil de arma de fuego (existe un niño de 11años con lesión en las piernas por proyectil de arma de fuego, que es poblador del departamento de Apurímac), todo ello indica una alta efectividad para matar y lesionar de manera invalidante, producto del conflicto entre los pobladores y las fuerzas del orden, las lesiones son causadas por proyectil de armas de fuego y por contusiones severas. Además, hubieronay miles de heridos y policontusos, con lesiones leves o menos graves (que se atienden en servicios particulares o alternativos, por temor a ser detenidos), y la totalidad de la población con grave daño en su salud mental, en un estado de polarización, agresividad, irritabilidad, violencia gestual, verbal, física y actitudinal desde los grupos de poder hegemónicos y de algunas instituciones de la sociedad, principalmente desde el ejecutivo y del congreso de la república; la población en general, insistió con movilizaciones masivas de pobladores a nivel nacional, violencia generalizada, desplazamientos, persecuciones y detenciones dentro de un estado de emergencia en las cual estaban suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, es decir se han suspendido los derechos fundamentales de las personas señaladas en el artículo 2 de la constitución. (9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración; 11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas. 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.)

En algunos lugares hubo inmovilización social obligatoria o Toque de queda, y las ciudades estaban bajo el control de las fuerzas armadas y la policía nacional.

Hubo cientos de detenidos arbitrariamente, y  se detuvo a una niña de 7 años, a una madre gestante, a un anciano octogenario y a 190 estudiantes universitarios para ser investigados en la dirección contra el terrorismo, sin prueba alguno, sin presencia de un fiscal y con impedimento de auxilio legal de abogados. Para ello se violó la autonomía universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se utilizó excesivamente la fuerza pública y se hizo destrucción parcial del claustro universitario, allanamiento de la vivienda universitaria y sustracción de alimentos donados y otros bienes.

El 5 de marzo del 2023, seis soldados del ejército peruano fallecieron ahogados mientras cruzaban un río en Puno, en un ambiente de conflictividad social, los soldados no sabían nadar y al parecer trataban de escapar de un ambiente de conflictividad social, con estos fallecimientos, la cifra de muertos durante este periodo asciende a 68 peruanos.

El gobierno no tiene ninguna legitimidad, existe grave crisis, política, económica, social y moral en la república y el gobierno insiste en las medidas de represión y violencia, de manera irracional y caótica, sin apoyo de la sociedad civil.

Estamos en manos de un grupo de forajidos, que ostentan todo el poder político, desde el ejecutivo y desde el congreso, mediocres, indolentes, extremistas, violentos y fuera del principio de realidad, encumbrados en su propio egoísmo, víctimas de la hybris, en estado de insolencia eufórica, desafían el destino y los valores de la patria, irresponsables a las consecuencias de sus actos, ignorando que la historia les reserva su némesis, su castigo, cuando no ser arrastrados por las consecuencias del odio y la violencia que han construido y alimentado desde hace tanto tiempo.

Independientemente de las denuncias ya presentadas, se deben adoptar las siguientes acciones:

1.- Lo más prudente es la inmediata renuncia de la Sra. Boluarte o su destitución por el Congreso de la República.

El Sr. Merino, renunció por la muerte injusta de 2 jóvenes, cuántas personas más deben ser asesinadas y heridas, para que renuncie dicha señora, que no tiene legitimidad para ejercer el cargo que ostenta. La mayoría de víctimas proceden de las regiones de Puno (Altiplano, cultura aimara), Apurímac, Ayacucho, Huancavelica (las últimas tres forman parte del trapecio andino) y Junín, Arequipa y Cuzco (región quechua), por lo que configuraría una matanza selectiva a miembros de las etnias quechuas y aimaras, que se asientan en las serranías del Perú. En la costa, en la región de Ica, en La Libertad y en la capital de Lima han ocurridos muertes producto de la represión dispuesta por la Sra. Boluarte.

¿Es que la vida de un provinciano vale menos? Cuando el supuesto criminal es un hombre, se le exige menos muertos para ser procesado y hay que discriminar esperando más muertos y más heridos (ya haubo miles de heridos entre civiles y policías), para que después las responsabilidades se les asignen a los que recibieron las órdenes y no a los autores mediatos de estas violaciones a los derechos humanos, en este caso la Sra. Boluarte que resulta ser la principal responsables de esta matanza, cuanto más días pasen, más grave será su responsabilidad penal en el ámbito nacional e internacional y las consecuencias inevitables serán su captura, procesamiento y condena sin ningún beneficio penitenciario.

La empecinada actitud de la Sra. Boluarte en mantenerse en un cargo sin ninguna legitimidad, está causando graves estragos en la sociedad peruana y un grave deterioro de la salud mental de todos los peruanos.

2.- La renuncia del presidente de la junta directiva del congreso y la elección de una nueva junta directiva del congreso de la república y finalmente la convocatoria inmediata a elecciones generales, tanto para elegir al nuevo presidente, como a los nuevos congresistas. El congreso actual ha perdido legitimidad, tiene casi una de desaprobación unánime de la ciudadanía, un accionar torpe e irresponsable y es una caja de resonancia de inquinas y odios personales, tribales y bastión de defensa de intereses mezquinos.

3.- Las organizaciones defensoras de los Derechos humanos, los Colegios de Abogados del país, deben realizar directamente las denuncias complementarias y caso por caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vía la comisión Interamericana por no existir garantías para presentarlas ante los organismos de control social formal, o por haber agotado las vías internas de atención de estos delitos (en este caso cuando la vía interna se muestre ineficaz o retarde injustificadamente el procesamiento de los criminales). En cualquier caso, se debe considerar las características de intemporalidad o imprescriptibilidad de estos delitos.

4.- Invocar a los intelectuales del país, para la conformación de una comisión cívica que evalúe los aspectos sociales y morales estos crímenes y la participación de la autora mediata de estos crímenes, para ponerlo en conocimiento de la comunidad nacional e internacional y principalmente ante los organismos tutores de los Derechos Humanos.

5.- El próximo congreso debe formar una comisión investigadora para determinar las acciones constitucionales y legales respecto a las responsabilidades en la que ha incurrido la Sra. Boluarte, tendientes a su inhabilitación y procesamiento por los órganos de control social formal.

6.- Alertar a la comunidad internacional, el peligro de fuga de la citada señora, ante el principio de realidad, para su justo y oportuno procesamiento por los organismos de control social formal.

7.- Proponer al nuevo gobierno la reparación, indemnización y desagravio efectivo a las víctimas y familiares víctimas de la pérdida de sus seres queridos y de quienes hayan sufrido lesiones graves, invalidantes o limitantes de sus funciones mentales o corporales.

8.- Considerar se denuncie como organización criminal, la participación de los ministros de estados que han venido avalando la toma de decisiones, generadoras de las masacres cometidas.

9.- Solicitar la presencia de organismos internacionales (ONU, OEA u otros) para que coadyuven intermediando a la salida de la crisis política nacional, respecto de la cual los principales actores han demostrado ser incapaces de resolverlas.

10.- Solicitar e invocar a los líderes religiosos del país que ayuden a promover en la ciudadanía en general, la conveniencia y necesidad de la paz social y el respeto a los derechos humanos.

11.- La Sra.Boluarte no tiene ninguna legitimidad para ejercer el cargo, a los delitos por lo que está siendo investigada por la fiscalía: genocidio, homicidio calificado, lesiones graves, lavado de activos, entre  otros habría que considerar el delito de organización criminal, que la compromete con todos sus encubridores y quienes la mantienen en el poder, en una situación de corrupción terminal.

¡Oh, miseria de toda lucha por lo finito! (Rubén Darío)