La Nueva Ley de Delitos Económicos en Chile: 5 Claves Importantes
Introducción
La Ley de Delitos Económicos fue publicada en el Diario Oficial el 17 de agosto de 2023, marcando un hito en la legislación chilena. Esta ley busca sistematizar los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente, regular las penas y establecer consecuencias adicionales para quienes cometan estos delitos.
En este artículo, te presentaremos las cinco claves más importantes de esta ley y cómo impactarán en la sociedad chilena.
1. Creación de Cuatro Categorías de Delitos Económicos
La nueva ley establece cuatro categorías de delitos económicos para determinar si un delito debe ser considerado económico. Esto es crucial ya que determina la aplicación de un sistema especial de penas. La primera categoría incluye delitos que siempre se consideran económicos, como los delitos contra el Mercado de Valores y los delitos bancarios. La segunda categoría abarca delitos que se consideran económicos cuando son cometidos por personas en posiciones específicas dentro de una empresa o en beneficio de la misma, como los delitos tributarios y ambientales. La tercera categoría involucra delitos cometidos por funcionarios públicos en conexión con empresas, como la malversación de caudales públicos. Finalmente, la cuarta categoría se refiere a los delitos de lavado de activos y receptación relacionados con delitos económicos.
2. Modificación del Sistema General de Penas
La nueva ley reconoce que el sistema general de penas no es adecuado para tratar la criminalidad económica. Introduce modificaciones en varios aspectos, como la determinación de la pena en relación con agravantes y atenuantes, la aplicación de penas sustitutivas de privación de libertad, y un sistema de multas basadas en "días-multa" que se ajustan a los ingresos del condenado. También se establecen inhabilitaciones especiales para los condenados por delitos económicos, como la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o gerenciales, y la inhabilitación para contratar con el Estado.
3. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas
La ley modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, ampliando significativamente el catálogo de "delitos base" que pueden dar lugar a la responsabilidad de una empresa por incumplimiento de sus deberes de vigilancia y supervisión. Se considera que cualquier delito en cualquiera de las cuatro categorías de la ley de delitos económicos puede hacer que una empresa responda penalmente, incluso si no se cumplen ciertos requisitos específicos. La implementación efectiva de un programa de prevención de delitos puede ser eximente de responsabilidad penal.
4. Responsabilidad Penal Ambiental
La ley introduce un nuevo Párrafo XIII al Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal, que aborda los "Atentados contra el medio ambiente". Este párrafo incluye una amplia gama de delitos ambientales, como la contaminación y el daño medioambiental. Estos delitos pueden llevar a penas graves, como el presidio mayor en su grado mínimo. También se establece un sistema de coordinación con la regulación ambiental administrativa para fortalecer la aplicación de las sanciones.
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5. Decomiso de Ganancias
La ley establece que toda condena por delito económico conlleva el decomiso de las ganancias obtenidas a través del delito. Esto incluye los frutos y las utilidades, así como el equivalente a los costos evitados mediante la comisión del delito. La ley también permite el comiso de ganancias en casos donde no haya una condena previa, siempre que se demuestre en el juicio que esos activos provienen de la comisión de un delito económico.
En conclusión
La nueva Ley de Delitos Económicos en Chile representa un cambio significativo en la legislación para abordar de manera más efectiva los delitos económicos y los atentados contra el medio ambiente.
A través de la creación de categorías de delitos, la modificación del sistema de penas, la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la introducción de responsabilidad penal ambiental, esta ley busca fortalecer el marco legal para combatir estos delitos y sus consecuencias.
Es importante que los ciudadanos y empresas comprendan estas claves para cumplir con la ley y contribuir a un entorno económico y ambiental más justo y sostenible.
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