Protección del derecho a la libertad de opinión Consecuencias negativas de la desinformación de género (Informe A/78/288)

La peculiaridad de la desinformación de género consiste en ser estrategia del silencio para la libre expresión de las mujeres y de las personas disconformes con su género, lo cual ocasiona amenazas para su seguridad, su salud y, además, encamina hacia una posible violencia en línea. Esta doble naturaleza del fenómeno en la era digital hace que tanto los fines del problema como la búsqueda de soluciones sean más complejas y problemáticas.

Lo anotado es la conclusión del informe de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Irene Khan, presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas el 7 de agosto de 2023. El documento recopila la investigación acerca de los factores que impulsan la desinformación de género y sus repercusiones negativas. Señala, por tanto, importantes vacíos en el conocimiento y en las políticas públicas que se deben atender.

La primera acción contra la desinformación de género debe provenir del Estado a través de leyes nacionales relativas a la violencia en línea, a la desinformación y a la reglamentación de los medios sociales frente a los contenidos nocivos; políticas públicas para combatir la discriminación y la violencia de género en línea como sugieren los gobiernos de Ecuador y España; y programas locales para desalentar los estereotipos sexistas en los medios de comunicación como el ejecutado en Líbano.

En complemento, las empresas de medios de comunicación han de aportar moderación de contenido, transparencia en las operaciones de internet y en los servicios de medios sociales, y control a su modelo de negocio que se relaciona con la economía de la atención, la curación de contenidos, la publicidad automatizada y la amplificación de la desinformación, íntimamente enlazadas al núcleo del proliferado problema.

Un tercer actor, no menos primordial, es la sociedad civil mediante su responsabilidad de mitigar las formas de daño con contradiscursos, vigilar a los medos sociales y apoyar a los supervivientes de violencia de género.

Supervivientes

Con base en la encuesta mundial de The Economist Intelligence Unit de 2021, el informe de la Relatora Especial señala que la violencia de género entre los usuarios de Internet, medida sobre la desinformación de género y otros siete indicadores, varía entre regiones continentales, así: 74% en Europa, 88% en Asia y Pacífico, 90% en África, 91% en América Latina y Caribe y 98% en Oriente Medio. El documento The Chilling de Unesco “Recomendaciones de acción en respuesta a la violencia en línea contra las mujeres periodistas” expresa que 73% de 1.200 mujeres periodistas de todo el mundo encuestadas respondieron haber sufrido algún tipo de ciberviolencia en el ejercicio de su profesión, siendo más evidente en las comunidades afro, indígenas, judías, árabes y de género diverso.

Investigaciones diferentes presentadas por National Democratic Institute for International Affairs demuestran que cuando las mujeres son más visibles tienen mayor probabilidad de ser atacadas. La ocasión permite ejecutar una estrategia deliberada de intimidación, silencio y exclusión en la participación política y pública. El estudio de seguimiento a la participación de mujeres políticamente activas de aquel instituto encontró sólidas pruebas que en la red X, antes y después que sufrieran ataques en línea, el ciberabuso disminuía la disposición de estas mujeres a seguir participando en medios sociales. En los Estados Árabes, dice ONU-Mujeres (la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres) que 44% de las mujeres que sufrieron ciberviolencia en el último año declararon que el incidente se había trasladado al mundo físico. Con base en The Chilling, una de cada cinco mujeres periodistas declaró que había sido víctima de abusos y agresiones en el mundo corporeo. La Unión Interparlamentaria revela graves y desproporcionados niveles de agresión contra mujeres dedicadas a actividades políticas, por ejemplo 45% de las parlamentarias de África y el 58% de las de Europa han sufrido ataques en línea.

Este es el pico visible del iceberg de las mujeres dedicadas a actividades políticas, incluido el ejercicio periodístico, pero lo cierto es que la desinformación de género en Occidente afecta a un grupo mucho más amplio de mujeres y personas disconformes con su género por razones que comprenden desde las políticas hasta las personales. Muchas jóvenes y niñas del Sur Global, usuarias de Internet para comunicaciones y entretenimiento, sufren cotidianos ataques en línea que incluyen desinformación de género, según la Digital Rights Foundation. La mayoría de ellas indican que sufrieron su primera experiencia de acoso en los medios sociales entre los 14 y los 16 años de edad, según recopiló en 2022 ONU-Mujeres. La carencia de madurez en las facultades cognitivas a temprana edad no siempre permite que los menores puedan distinguir entre información fiable y desinformación, falsa o engañosa.

Ante lo expresado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia publicó en inglés en agosto de 2021 el reporte “Digital misinformation/disinformation and children” con el propósito de explicar cómo los responsables políticos, la sociedad civil, las empresas tecnológicas y los padres y cuidadores pueden apoyar a los niños a medida que crecen, haciendo retroceder la creciente ola de información errónea y desinformación. La causa es que “la popularidad de redes visuales como Instagram y TikTok entre los niños desde muy pequeños ha exacerbado los riesgos, y quienes no tienen acceso a las redes sociales pueden estar expuestos también a información errónea o desinformación a través de sus interacciones con compañeros, padres, cuidadores y educadores”, escribió en una carta abierta con destino a los niños del mundo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore.

Atacantes en Colombia han utilizado violentas imágenes en formato GIF y videoclips en lengua de señas para agredir a mujeres representantes de la comunidad sorda, publica National Democratic Institute for International Affairs en el documento “Tweets that chill: analyzing online violence against women in politics” de 2019.

Otro grupo social atacado es la comunidad LGBTQ+, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex, donde la desinformación de género explota las divisiones sociales y los puntos de tensión existentes: racismo, homofobia y transfobia. Los ataques se dirigen a aspectos de la identidad de las personas lo que afecta de manera desproporcionada y perpetúa estereotipos nocivos y marginación. La investigación “Supporting Safer Digital Spaces” del Centre for International Governance Innovation (CIGI) llevada a cabo en 18 países reveló que la proporción de personas disconformes con su género que afirman han difundido mentiras sobre ellas (29,3%) es mayor que el porcentaje de personas heterosexuales que afirman lo mismo (17,4%). Una fuente que emprende embestidas a mujeres transgénero es el grupo de feministas radicales transexcluyentes mediante campañas de desinformación. Esas campañas han acusado malintencionadamente y causan daños a la sociedad o propagan pedofilia, aseguró en 2021 la Digital Rights Foundation.

La Relatora Especial durante sus consultas regionales por Asia Meridional destaca que las campañas de desinformación llevadas a cabo en esa región relacionan género, casta y religión. En Pakistán, por ejemplo, la campaña Marcha Aurat (Marcha de las Mujeres) puso en peligro la vida de muchas de las organizadoras, según se denuncia en “Online disinformation: a weapon to silence feminists”. En la India, Rana Ayyub, periodista musulmana, quien ha informado críticamente sobre las políticas del Gobierno y el trato a la minoría musulmana, se ha convertido en el blanco de feroces campañas coordinadas de desinformación de género.

Con base en una comunicación de Digital Rights Foundation, activistas de los derechos de la mujer en Pakistán denuncian que las leyes que penalizan la expresión de la blasfemia para condenar la Marcha de las Mujeres se vuelven cada vez más en contra de las mujeres. La Comisión Internacional de Juristas sostiene que en Indonesia, el proceso judicial contra el delito de difamación a supervivientes de violencia sexual las desacreditó y silenció luego que hablaron en Internet sobre sus experiencias. En general, el comportamiento social en línea de las mujeres lo han castigado varios países por motivos de moral pública.

Acciones desde el Estado

Según manifiesta InternetLab, un centro de investigación independiente que fortalece el debate sobre asuntos que involucran leyes y tecnología, “la mera existencia de una ley no implica necesariamente cambios en la sociedad”. Así, las mujeres siguen encontrando graves dificultades para obtener reparación contra la violencia en línea debido a: inadecuada legislación, escasa aplicación de leyes y políticas, insuficiente comprensión de los funcionarios acerca de la naturaleza y las consecuencias de las ciberamenazas, y falta de adecuado apoyo a las supervivientes.

En otras ocasiones muchos Estados aprueban leyes prohibiendo noticias falsas en Internet pero generan, a su vez, otros obstáculos tales como: normas neutras en cuanto al género o mayormente, leyes que no cumplen con los criterios necesarios para restringir la libertad de expresión establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para la Relatora Especial, mediante leyes amplias y vagas que penalizan la expresión también se persigue y castiga a los críticos de los Gobiernos.

Políticas públicas de Estado incluyen la regulación de medios sociales pero algunos de aquellos han obligado a las plataformas a retirar contenidos considerados ilegales y su incumplimiento ha sido sancionado con importantes multas o el bloqueo de contenidos. Otros Estados han adoptado leyes para que las plataformas se auto obliguen a retirar determinados contenidos o afrontar las consecuencias.

La profesora Lorna Woods de la Facultad de Derecho de Internet en la Universidad de Essex (Reino Unido) sostiene que “La regulación sistémica, que hace hincapié en la construcción antes que en la destrucción, permite respuestas más proporcionadas y hace posible que las normas de libertad de expresión se ajusten mejor”. Un buen enfoque es el adoptado por la Unión Europea a través del Reglamento de Servicios Digitales, el cual los Estados no interfieren en los contenidos pero exigen a las empresas mediáticas diligencia debida, evaluaciones de impacto y transparencia.

Por último, los programas nacionales de Gobierno han de dirigirse a promover la igualdad de género y a erradicar la discriminación y los estereotipos de género. Sin embargo, deben hacer mucho más esfuerzo para modificar las normas culturales y las actitudes hacia las mujeres, las niñas y las personas disconformes con su género, según se observa con base en la desinformación generalizada sobre cuestiones de género y el surgimiento de la desinformación patrocinada por el propio Estado.

En consecuencia, a pesar que 132 países han garantizado el derecho a la información, aún se registran acceso desigual de las mujeres a la información digital y deficiencia en los datos sobre género. Tal desigualdad sería ocasionada por la falta de herramientas de seguridad y la escasa alfabetización acerca de la ciberseguridad, lo que hacen que las mujeres sean más vulnerables a la desinformación y a la violencia de género en línea y, por tanto, que estén menos preparadas para responder ante esos ataques.

Cuando el Estado auspicia

De ese modo la desinformación de género potencia recursos, activos mediáticos, redes de influencia y mega identidades partidistas conocidas como ‘granjas de troles’. Otro ambiente tóxico general es el ocasionado por funcionarios y figuras políticas estatales mediante sus declaraciones incendiarias y misóginas y los discursos negativos sobre género, que a los medios les fascina exaltar. La Declaración Conjunta sobre Líderes Políticos, Personas que Ejercen la Función Pública y Libertad de Expresión, publicado en 2021 en el portal de la Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), ha denunciado proclamas públicas intolerantes, divisorias, falsas y manipuladas de políticos y funcionarios públicos contra periodistas mujeres y defensores de derechos humanos. También ha pedido a los Estados y a los partidos políticos que establezcan y hagan cumplir códigos de conducta sobre comunicaciones públicas de sus funcionarios.

Organizaciones no gubernamentales en Kenia impugnaron con éxito la prohibición gubernamental de informar a adolescentes y jóvenes sobre el aborto y sobre dónde obtener ayuda pero hay oídos sordos y ojos ciegos, aún. Algunos ejemplos: Filipinas permitió desencadenar al más alto nivel político de Estado desinformación de género contra María Ressa, Premio Nobel de paz y periodista, siendo amplificada además por los seguidores del entonces presidente Rodrigo Duterte. En República Islámica del Irán periodistas y trabajadoras de la emisora persa de la British Broadcasting Corporation (BBC) fueron víctimas extendiéndose a otras mujeres comunicadoras en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El actual presidente de Colombia se ha referido a las periodistas del país como “muñecas de la mafia”, calificativo que para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) “Son conductas que generalizan, estigmatizan y perpetúan los estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas”. En Brasil, en 2018, el discurso antiderechos fue prominente y tóxico en la política local enmarcado con declaraciones públicas discriminatorias e incendiarias de Jair Bolsonaro y otros altos funcionarios, cuyas campañas orquestadas en medios sociales denigraron a periodistas que informaban sobre derechos de salud sexual y reproductiva, feministas y activistas disconformes con su género, según documentaron Horacio Sívori y Bruno Zilli para el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos.

En Hungría y Uganda las declaraciones estigmatizadoras de funcionarios públicos contra las personas LGBTQ+ han creado un ambiente propicio para la violencia que incluyen a activistas de los derechos de género y a defensores de los derechos humanos quienes trabajan para proteger los derechos de estos grupos. Polonia ha impuesto severas restricciones al acceso de las mujeres al aborto seguro con base en mensajes de retórica incendiaria, campañas de desinformación e información errónea apoyadas o toleradas por algunos funcionarios públicos y actores políticos y religiosos, según documentó en marzo de 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Comportamientos de los medios

Como actor principal, las empresas mediáticas deberían reconocer y aceptar las consecuencias de sus elaboraciones en virtud del derecho internacional ante el desbordado modelo de su negocio, la poca practica de la moderación de contenidos con información errónea y desinformación, y la escondida actuación transparente, sostiene el informe de la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas van dirigidos para que las empresas de medios sociales procedan con la debida diligencia y realicen evaluaciones periódicas de sus productos, sus operaciones y sus políticas. Se estima que de ese modo detectarían, prevendrían, remediarían o mitigarían los efectos negativos, reales o posibles, sobre los derechos humanos.

El 13 de abril de 2021, la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión comunicó en su informe que “el núcleo del problema de la proliferación de la desinformación de género se encuentra en el modelo de negocio de las empresas de medios sociales”.

Aún cuando no es suficiente, las plataformas Facebook, X, YouTube, Instagram y TikTok ya prohíben el discurso de odio, los mensajes de acoso, la promoción de la violencia y el abuso. También han venido eliminando contenidos ofensivos y a usuarios que infringen repetidamente las condiciones del servicio. Sin embargo, el Institute for Strategic Dialogue informa que Telegram, de origen ruso, por ejemplo, es el medio menos intervencionista y por tanto hospeda el mayor contenido misógino y abusivo.

En el documento “Platform specific engagement for information integrity”, sus autores informan que políticas contra el acoso implantadas por aquellas plataformas combinan la detección proactiva y reactiva a través de la automatización y la moderación humana con base en denuncias de los usuarios. Este grito al cielo de los mecanismos de denuncia, que denominaron Viktorya Vilk ─directora de seguridad digital y libertad de expresión en PEN America─ y Kat Lo ─líder en moderación de contenido en Meedan.org─, son engorrosos, confusos, y a menudo, obligan a los usuarios a adscribir sus experiencias en categorías predeterminadas que no logran captar la naturaleza polifacética de los abusos sufridos, en particular, cuando la violencia de género en línea se cruza con la desinformación y los discursos de odio. En consecuencia, las plataformas responden contra la desinformación a través de políticas mezcladas, intervenciones a productos, resiliencia social, medidas coercitivas ─como limitar la difusión, proporcionar a los usuarios mayor acceso a información o a contextos fidedignos y promover respuestas de la comunidad─, etc.

Wilson Center, un grupo de expertos en estudios regionales fundado por el Congreso de Estados Unidos, publicó la entrada de blog en 25 enero 2021, “Malign Creativity: How Gender, Sex, and Lies are Weaponized Against Women Online” como análisis detallado de políticas y prácticas de moderación de contenidos, revelando graves deficiencias cuando aquella mesura se aplica a la desinformación de género. Sostiene que el enfoque único de moderar ni considera ni aborda la naturaleza particular de la desinformación de género, los engorrosos procesos de denuncia, el conocimiento inadecuado del contexto y el idioma local, la aplicación desigual de las normas comunitarias, entre otras. En síntesis, la creatividad maligna puede eludir la detección y los filtros automatizados.

Un estudio de la organización Demos indica que métodos como verificación de publicaciones individuales, facilitación del acceso a información fidedigna o etiquetados son mucho menos eficaces contra la desinformación de género, debido a que ella se apoya en prejuicios y divisiones sociales profundamente arraigados. En resumen, no es posible enfrentar las campañas coordinadas de desinformación de género a través de comentario por comentario.

Para la Relatora Especial, hay que aumentar la transparencia durante las operaciones de las plataformas de Internet y de los servicios de medios sociales, en particular. Esa probabilidad en relación con los sistemas de recomendación y el uso de algoritmos puede ayudar para que investigadores y activistas comprendan mejor el alcance, la dinámica y la naturaleza de la desinformación. Además, para responsabilizar a las propias plataformas y facilitar una formulación de políticas basada en pruebas. El lado oscuro todavía persiste en la publicidad selectiva en línea por lo que se insiste en que las empresas de medios sociales deben proporcionar mucha más información sobre, por qué ciertos usuarios ven una granulada de anuncios, algunos con contenidos desinformativos.

El negocio mediático

Afirma el Consejo de Consumidores de Noruega que “la desinformación general y la de género en particular, es un negocio lucrativo para las empresas mediáticas ya que sus principales ingresos proceden de la compra, la venta y la comercialización de anuncios”. Esta economía de la atención no es otra cosa que monetizar la atención del usuario a través de publicidad selectiva con base en más tiempo desplazándose y haciendo clic en páginas web, lo que genera más datos para recopilar y más anuncios por vender.

Cuando las empresas mediáticas practican la curación de contenido, lo que en verdad están haciendo es elaborar perfiles y micro seleccionar personas pues su objetivo último es servir a los fines publicitarios de los intermediarios. Tech Transparency Project divulgó el 10 de agosto de 2022 que “cultivar la atención con publicidad selectiva influye a los algoritmos que priorizan los flujos de contenidos, la publicidad personalizada y las recomendaciones que promueven más contenido provocador y llamativo”. La investigación “The fingerprints of misinformation: how dece ptive content differs from reliable sources in terms of cognitive effort and appeal to emotions”, de Carlos Carrasco-Farré, concluye que los contenidos provocadores y llamativos son más fáciles de procesar en lo que respecta al esfuerzo cognitivo y la resonancia emocional. En concreción, por facilidad caemos dentro de un bucle con información incendiaria, controvertida y divisoria alineada directamente con la infraestructura comercial del medio social.

Finalmente, las plataformas, incluidos motores de búsqueda, tienen capacidad tecnológica para recopilar y extraer datos primordiales sobre los comportamientos, gustos y hábitos de compra de los usuarios. Ese componente fundamental es el modelo económico de la atención, aseguraba en enero de 2023 el Global Disinformation Index. Ante lo judicial, aquella economía perpetuada atenta contra el derecho a la intimidad y la protección de datos personales al viabilizar la monetización de contenidos de desinformación con relatos adversos dirigidos contra grupos marginados y en riesgo.

Responsabilidades de la sociedad

Con base en el recorrido global a las supervivientes se han documentado vectores de daño derivadas de la desinformación de género, tales como: mentiras; información falsa y engañosa sobre salud y derechos sexuales y reproductivos; contenidos muy emotivos cargados de valores adaptados a contextos locales; relatos de género que sexualizan y atacan la reputación, integridad, apariencia e inteligencia por ser mujer; relatos varios negativos sobre mujeres y personas LGBTQ+ que legitiman la violencia física; ideas transfóbicas y homofóbicas que amparan la violencia contra quienes no encajan en estas normas discriminatorias, según el reporte especial de CIGI. Evidencia el ensayo “The truth gap” que en Irlanda, para el referéndum sobre el aborto, se difundió información falsa que relacionaba el aborto con depresión, cáncer y síndrome de Down. En Italia, una campaña de grupos provida en 2018 afirmó falsamente que el aborto era la principal causa de feminicidio en el mundo. El estudio “Disinformation and digital sexism. Feminism and its agenda as an object of hoaxes in Spanish” realizado en América Latina encontró un predominio temático de las campañas de desinformación centradas en la violencia de género y el aborto, cuestionando el derecho de las mujeres a la autonomía física y polarizando el ejercicio de ese derecho.

La desinformación de género refuerza los prejuicios, los sesgos y los obstáculos estructurales y sistémicos que se interponen en el camino de la igualdad de las personas y de la justicia de género originada mediante luchas colectivas. La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), como superviviente de la desinformación de género, subraya que aquella desinformación particular tiene múltiples objetivos: presentar a las mujeres como seres débiles, incompetentes y objetos sexualizados sin capacidad para liderar; cancelar a las mujeres y a las personas disconformes con su género de los espacios públicos y de los ámbitos de poder; y, silenciar a quienes no se ajustan a las normas dominantes de género.

En los medios sociales, sin embargo, el objetivo general de la violencia de género en línea y de los discursos de odio con desinformación de género pretende socavar los derechos humanos, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la democracia. El discurso propagado difunde información falsa o engañosa con la intención de causar daño a personas y a la sociedad en general combinando falsedad, intención maliciosa y coordinación, indica en su documento Wilson Center. Para el Center for Democracy and Technology existen otros relatos de género para mantener el statu quo de género o crear un electorado más polarizado.

Ante lo expresado, la desinformación de género es información manipulada y amplificada con coordinación para reafirmar los estereotipos de género, exacerbar los sesgos y prejuicios existentes e impulsar relatos de género negativos y globales. La mejor respuesta ante el delicado problema es mediante la vigilancia constante a los medios sociales desde investigadores, profesionales y actores de la sociedad civil para comprender la desinformación de género, encontrar puntos de inicio para acabar con ella, desarrollar sistemas de alerta temprana y abogar por leyes, reglamentos y políticas que hagan frente a los crecientes desafíos, sugieren el International Center for Journalists y los proyectos Media Futures ─centro de innovación cofinanciado por la Comisión Europea que se apoya en datos para la cadena de valor de los medios─ y Countering Disinformation ─colectivo de organizaciones que combina experiencias de lucha contra la desinformación a nivel mundial─.

Sin embargo, para la Foundation for Media Alternatives, Loyce Kyogabirwe ─una colaboración sobre políticas internacionales de TIC para África Oriental y Meridional─ y South Asia Check ─una iniciativa independiente, no partidista y sin fines de lucro que tiene como objetivo promover la precisión y la rendición de cuentas en el debate público─ la primera línea de la responsabilidad gravita en aplicar activamente sensibilización, alfabetización digital y mediática y creación de capacidad en las organizaciones de la sociedad civil. Así se han organizado importantes campañas de sensibilización pública para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres en las elecciones, según reportes del National Democratic Institute for International Affairs con la campaña #NotTheCost en 2016 e International Foundation for Electoral Systems con #BetterThanThis en 2017 en Kenya.

En cuanto a la alfabetización digital y mediática, la misión de la capacitación y la orientación se extiende a los periodistas en general y a los medios de comunicación tradicionales y sociales, dado su doble rol de objetivos y vectores de la desinformación de género. Por ejemplo, como parte de la Estrategia Nacional para las Mujeres en el Líbano 2022-2030, la Comisión Nacional de Mujeres Libanesas, en cooperación con el sector de los medios de comunicación, puso en marcha campañas de sensibilización, talleres y estudios para combatir los estereotipos de género en los medios y en la publicidad.

Otra estrategia de respuesta eficaz consiste en el contradiscurso: cuestionar o burlarse de estereotipos y normas, poner al descubierto el discurso del odio y denunciar la desinformación de género, sugiere el ensayo “Understanding the gender dimensions of disinformation” publicado el 2021 en el portal Countering Disinformation. Una propuesta precedente la lanzó el Programa de derechos de las mujeres de APC en 2006 con la etiqueta #TakeBacktheTech donde anuncia periódicamente en su portal web mapas de rutas seguras e información que combinan el uso estratégico y creativo de las tecnologías de información y comunicación con el problema de la violencia contra las mujeres y las niñas. También APC está impartiendo capacitación y ha elaborado carpetas con materiales que abarcan un conjunto de temas, que oscilan desde la seguridad y protección digital hasta el contradiscurso.

Apoyo a supervivientes

En algún momento podemos ser víctimas de los discursos de odio, de la cancelación, de la violencia de género en línea o ser difamados mediante la desinformación de género que se transmite mediante contenidos con información falsa y engañosa, además. Todas esas publicaciones sin mediación tienen profundas consecuencias, ya sea en grado personal como a nivel social y para la economía familiar especialmente.

En lo individual, las personas atacadas pagan alto precio en sus esferas psicológica y familiar porque desacreditan su labor, socavan su credibilidad y su competencia como profesional, las estigmatiza, aísla y disuade para continuar con el trabajo. En lo social, los ataques en línea basados en la identidad debilitan las libertades civiles, menoscaban el discurso público, limitan el conocimiento disponible para fundamentar la toma de decisiones políticas y electorales, y enseñan a todas las mujeres que el activismo y el servicio público son actividades poco atractivas y de alto riesgo que deben evitar, subraya el documento “Credible Threat: Attacks against Women Online and the Future of Democracy”.

Aun cuando no hay muchos datos particulares sobre los costos económicos, el estudio de Niombo Lomba, Cecilia Navarra y Meenakshi Fernandes, “Combating Gender-Based Violence: Cyberviolence: European Added Value Assessment”, de marzo de 2021, estimó que “los costos del acoso y del acecho cibernéticos oscilaban entre 49.000 y 89.300 millones de euros, en su orden”, siendo la categoría de costos más importante “la pérdida en términos de calidad de vida, que representó en torno de 60% para el acoso cibernético y alrededor del 50% para el acecho cibernético”. También encontraron que “los impactos en el mercado laboral representaban aproximadamente 30% para el acoso cibernético y 35% para el acecho cibernético, siendo este último el costo más alto debido a la menor participación en la fuerza laboral”.

Informes de relatorías pasadas de Naciones Unidas dieron cuenta que en las sociedades conservadoras se ataca el honor o la reputación de las defensoras de los derechos humanos y en las sociedades tradicionales las mujeres dependientes de su familia y la comunidad se encuentran en posición vulnerable por la desacreditación pública coordinada. Durante la consulta regional en Oriente Medio y Norte de África, la actual Relatora Especial recogió de los participantes historias en este aspecto: los familiares varones en las campañas de desinformación a veces ejercitan violencia contra sus mujeres. Lucina Di Meco, experta en igualdad de género y defensora de los derechos de las mujeres y las niñas con la campaña #ShePersisted ha descubierto además que la desinformación de género disuade a las mujeres de ingresar en la política, el periodismo o el activismo.

En consecuencia, se debe continuar con la creación de comunidades virtuales de apoyo y servicios para ayudar a las supervivientes o posibles destinatarios de los ataques para que elaboren un contradiscurso, vigilen los espacios digitales en los que se llevan a cabo los ataques y denuncien los incidentes, sugiere Countering Disinformation.

Ejemplos a seguir pueden ser los practicados por TrollBusters, una red con sede en Estados Unidos, que presta apoyo a mujeres periodistas; la organización HER Internet, con sede en Uganda, crea alianzas y redes proactivas para mitigar el impacto y contrarrestar los falsos relatos; en Indonesia, el apoyo de las organizaciones de derechos humanos y las garantías de seguridad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han brindado solidaridad a las comunidades LGBTQ+ y han desalentado ataques; el Colegio de Abogados de Pakistán ante las intimidaciones en Internet dirigidas contra Nighat Dad, abogada de derechos humanos, emitió una declaración pública de apoyo en diciembre de 2020.

De modo internacional, los titulares de mandatos de los procedimientos especiales han difundido enérgicas declaraciones públicas de condena a las agresiones contra mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas de género. También han alertado a los medios de comunicación internacionales sobre el problema siendo una forma rápida de motivar a las plataformas web para que pongan en marcha medidas de protección o actúen contra las campañas de desinformación, puntualiza la organización independiente sobre la desinformación EU Disinfo Lab en el artículo “Gender-based disinformation”.

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