Publicación de Sergio Silvestre Delgado

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2024 (Roj: STS 5589/2024), reitera su jurisprudencia sobre la inaplicabilidad de la retasación en expropiaciones previas a la entrada en vigor de la Ley de Suelo. Se trata de determinar si la retasación prevista en el artículo 47.2.b) del Real Decreto Legislativo 7/2015, que permite una nueva valoración del suelo expropiado en caso de cambios urbanísticos, es aplicable a procedimientos expropiatorios concluidos antes de la entrada en vigor de dicha ley. Es preciso tener en cuenta que la Disposición Transitoria Tercera del TRLS 2015, referida a las valoraciones (y la retasación comporta una nueva valoración) dispone que "Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo". El Tribunal reitera su doctrina señalando que, en supuestos como el presente, en que la expropiación quedó consumada por el abono del justiprecio antes de la entrada en vigor de la LS 2007, no procederá la retasación de los terrenos expropiados aunque con posterioridad a dicha entrada en vigor se produjera una modificación puntual del PGOU que alterara los usos o la edificabilidad de dichos terrenos pues, en tales casos, esa modificación debe entenderse efectuada en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, conforme a lo dispuesto en el artículo 47.2.b) del TRLS 2015.

Desde GTA Villamagna Abogados queremos que conozcas la opinión de nuestra socia Marta Plaza González sobre los Aspectos relevantes de la nueva modificación de la Ley del Suelo, artículo publicado en Economist & Jurist y como: “Esta modificación pretende introducir determinadas particularidades en el régimen jurídico de nulidad y anulabilidad de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística”. Para conocer más sobre el tema, accede a través del siguiente enlace: https://lnkd.in/dd7jpZwb   #legal #GTAVillamagna #urbanismo #leydelsuelo #publiclaw

La reciente sentencia de la Sala Contenciosa del Tribunal Supremo, de fecha 04/11/2024 (Roj: STS 5452/2024 - ECLI:ES:TS:2024:5452), ha apreciado interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en resolver la siguiente cuestión: "Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional consiste en determinar si el expediente de justiprecio al que se refiere el segundo párrafo del art. 48.e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, debe tener por objeto los terrenos destinados a dotaciones públicas ocupados por la Administración o los terrenos de valor equivalente que se debieron adjudicar a su propietario por el instrumento de planeamiento".   Identifica, asimismo, como norma que debe ser objeto de interpretación, el artículo 48.e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Dicho artículo regula los supuestos indemnizatorios a los que puede dar lugar la actividad urbanística de las administraciones, y efectivamente el art. 48 e) TRLSRU no determina cuál debe ser el objeto concreto de valoración a la hora de fijar el justiprecio en el supuesto de operar la institución de la expropiación rogada.   La respuesta a la cuestión de interés casacional planteada es que el expediente de justiprecio al que se refiere el segundo párrafo del art. 48.e) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, debe tener por objeto los terrenos de valor equivalente que se debieron adjudicar a su propietario por el instrumento de planeamiento mediante la valoración del aprovechamiento urbanístico reconocido por la Administración expropiante.

LAS CARGAS URBANÍSTICAS: CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN   la Ley de Suelo establece que el propietario o promotor de un suelo objeto de una actuación de urbanización tiene la obligación legal de costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la actuación correspondiente              En caso de transmisión de la finca el nuevo propietario se subroga en los derechos y deberes del anterior propietario.              Las cargas se anotan en el Registro de la Propiedad, pero esta afección tiene un plazo de caducidad, que es de 7 años a contar desde que se realizo la nota de afección.              Pero una cuestión distinta es la prescripción para exigir el importe de esas cargas.              El Tribunal Supremo ya ha resuelto la polémica sobre el carácter que tenía estas afecciones y estableciendo que son de carácter personal, y por tanto sometidas al plazo de prescripción de las acciones personales establecido en el art. 1964 del Código Civil.              Desde octubre de 2015, el plazo de prescripción de las acciones personales es de 5 años.              Cuestión distinta es cuando comienza a computarse el inicio del plazo de prescripción (el dies a quo).

Mediante Acuerdo N° 085-2024-ACSS, la Municipalidad de Santiago de Surco ha dispuesto aprobar y proponer al Congreso de la República el Proyecto de Ley denominado “Ley que Establece la Obligatoriedad de Restitución de la Infraestructura Urbana Dañada o Deteriorada durante el Proceso Constructivo como Requisito para la Obtención de la Conformidad de Obra”. Esta propuesta busca que el titular de la licencia restituya los elementos del espacio público afectados por causa del proceso de construcción, como requisito previo para solicitar la conformidad de obra respectiva, modificando los artículos 13º y 28º de la Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones. La iniciativa responde a diversos pronunciamientos del INDECOPI, que ha venido declarando como barrera burocrática ilegal que las municipalidades exijan subsanar y/o reparar los daños producidos a predios colindantes –producto  de la realización de trabajos de construcción– como requisito para obtener la conformidad de obra, argumentando la contravención del Principio de Legalidad, reconocido en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ello debido a que la Ley Nº 29090 no lo establece como requisito para el procedimiento de Conformidad de Obra y Declaratoria de Edificación. Bajo esta lógica, las municipalidades tampoco pueden condicionar el otorgamiento de la conformidad de obra a la reparación de la infraestructura urbana, ya que, no es un requisito establecido por la normativa aplicable. Así, entonces resulta razonable que la municipalidad haya propuesto un proyecto de ley con el fin de evitar denuncias ante el INDECOPI y eventuales sanciones. Considero que esta propuesta es beneficiosa para las municipalidades, ya que las empresas inmobiliarias serán más diligentes durante el proceso de construcción de la obra con el fin de evitar cualquier tipo de reparación que implique costos adicionales. Asimismo, esta modificación responsabilizaría a quienes ejecutan la obra, liberando al gobierno local de destinar recursos que podrían emplearse en proyectos de mayor beneficio para la comunidad. No obstante, desde la perspectiva de las empresas inmobiliarias, es probable que esta modificación sea vista como un obstáculo más en un procedimiento que para muchos ya de por sí es complejo. También existe la posibilidad de que las municipalidades intenten aprovechar dicha exigencia para que las empresas restituyan y/o reparen una infraestructura urbana que ya estaba dañada antes de iniciar obras. En este sentido, será necesario ser lo bastante cautos y diligentes para probar de manera fehaciente el estado en el que fue encontrada la infraestructura local y no se atribuyan responsabilidades ajenas. Estará en manos del Congreso evaluar dicho proyecto de ley bajo los parámetros que consideren válidos.

La modificación de la Ley de Suelo estatal pretende poner freno a las sentencias que declaran nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad. Recorta la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo ilegal. Introduce nuevo articulado que permite cancelar la constancia registral del derecho de reversión, dirigido especialmente a desbloquear el macroproyecto urbanístico Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte. Ecologistas en Acción calificamos la iniciativa de retroceso sin precedentes, tanto en el ámbito urbanístico como en el derecho ciudadano de contar con un urbanismo respetuoso con las personas y el entorno. 

La modificación de la Ley de Suelo estatal pretende poner freno a las sentencias que declaran nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad. Recorta la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo ilegal. Introduce nuevo articulado que permite cancelar la constancia registral del derecho de reversión, dirigido especialmente a desbloquear el macroproyecto urbanístico Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte. Ecologistas en Acción calificamos la iniciativa de retroceso sin precedentes, tanto en el ámbito urbanístico como en el derecho ciudadano de contar con un urbanismo respetuoso con las personas y el entorno. 

➡️Demolición del art 157 LGUC como medida de restablecimiento de la legalidad urbanística, en la nota de El Mercurio (C7) ➡️Consideraciones en la nota a partir del caso Correa: 1) Como señala la académica Rosa Fernanda Gómez González la ley se pone en la hipótesis que hayan ocupantes o personas al ejecutar demolición, por eso concede auxilio de la fuerza pública, por lo cual no es efectivo que se requiera una orden de desalojo adicional (como han señalado algunos abogados) 2) SERVIU debe ejecutar "sin más trámite" la demolición si dentro de los 10 días posteriores al plazo para interponer el reclamo judicial especial no es notificado. Es la SEREMI MINVU la que debe informar tal situación a dicho servicio. ➡️Respecto al contencioso administrativo especial del art. 157. 1) se interpone ante el juzgado civil de la comuna en que se sitúa el inmueble, en procedimiento sumario 2) se demanda a SEREMI MUNVU que dictó la orden. 3) La demanda de Punta Piqueros en contra de la orden de demolición de la SEREMI MINVU Valparaíso es un buen caso de análisis (aunque en dicho caso mientras se realizó la construcción sí hubo permiso vigente, a diferencia de nuestro caso Correa en que todo se construyó al margen de la legalidad urbanística). ➡️Llamar a los autores de las construcciones ilegales a abandonarlas voluntariamente es un imperativo para evitar el auxilio de la fuerza pública. #demolición #construccionesilegales #tomas #legalidadurbanística #SEREMI #MINVU #Valparaíso #SERVIU

Sentencia del Tribunal Supremo 918/2024, de 13 de febrero de 2024, por la que se fija Doctrina respecto a; 1.- Los planes de ordenación urbanística del litoral cuyo ámbito se localiza solamente en la zona de influencia, en la medida en que sus determinaciones tienen incidencia sobre el dominio público y sus zonas de servidumbre, están sujetos al informe preceptivo previsto en el art. 117 de la Ley de Costas, si bien su carácter vinculante se limitará a las consideraciones atinentes al dominio público y a las servidumbre de acceso y tránsito (o a las que puedan derivar de otras competencias sectoriales), no teniendo tal carácter vinculante las relativas a la servidumbre de protección o a la zona de influencia. 2.- La disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley de Costas de 1988 debe interpretarse del siguiente modo: la ordenación urbanística de terrenos formalmente clasificados como suelo urbano con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas e incluidos en la zona de influencia sobre los que, a la fecha de su entrada en vigor, no se hubiera consolidado ningún aprovechamiento urbanístico por no haberse iniciado ni estar en curso a esa fecha ninguna actuación de transformación urbanística, ha de respetar los criterios establecidos en el art. 30 de la Ley de Costas. 

OFERTA ESPECIAL SOLO X 2 DÍAS.! Estabilidad del Permiso de Construcción en Chile. Año 2022 / 282 Pág. Autor Paulina Pastene Navarrete $31.990 A SOLO $20.000 Reserva ahora! El permiso de construcción constituye una importante técnica autorizatoria estatal de carácter reglado y preventivo, cuya finalidad consiste en resguardar el cumplimiento del ordenamiento jurídico urbanístico, y que una vez otorgado, permitirá a su titular destinatario gozar del denominado “privilegio de invariabilidad regulatoria” o también conocido efecto de “congelamiento de las normas urbanísticas”. Sin embargo, en las últimas dos décadas, diversos permisos de construcción que han posibilitado el desarrollo de una importante y significativa cantidad de proyectos urbano-inmobiliarios, se ha visto enfrentado a una serie de cuestionamientos sobre la legalidad de su otorgamiento, en medio de una ciudadanía cada vez más activa e involucrada en la adopción de las decisiones de carácter público-urbanístico y cuyas reclamaciones y descontento se ha visto potenciada por la multiplicidad y dispersión de mecanismos para activar la revisión de los mismos, tanto en sede administrativa como jurisdiccional. A lo anterior, se ha sumado también una serie de discusiones propias del Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental, y que, dada su cercanía y estrecha vinculación con este tipo de acto administrativo, ha llegado incluso a introducirse como elemento de validez a analizar en el otorgamiento de este, contribuyendo así a escenarios de frecuente judicialización e incertidumbre jurídica durante todo el desarrollo de este tipo de proyectos, la que podrá alcanzar incluso sus etapas de mayor avance o finalización. En dicho contexto, la presente obra aborda de forma integral la jurisprudencia existente sobre la materia, a través de un análisis metódico de los diversos conflictos interpretativos que, caóticamente, suelen producirse respecto a una compleja y dispersa normativa, que pareciera tener tantas interpretaciones como intérpretes existen, y cuyo conocimiento resulta indispensable para todos aquellos que directa o indirectamente se relacionan con la industria inmobiliaria.