El sinsentido de la reforma arrendaticia por RD Ley 21/2018

Pasar la duración de los arrendamientos de viviendas a 5+3 y 7+3 años, respectivamente, carece de sentido político y social cuando luego se establece que la norma no tendrá efectos retroactivos y no afectará a los arrendamientos existentes. Es claro que la flamante norma no sería inconstitucional aunque hubiera optado por una retroactividad de grado medio, con tal de que no hubiera impuesto a los arrendadores existentes el tope de subidas por revisión que ahora se establece en el RD Ley 21/2018. Pero establecer una norma “proarrendatario” sólo para contratos futuros y en un mercado alcista no comportará ninguna ganancia en eficiencia y ninguna redistribución de riqueza en favor de los sufridos inquilinos urbanos. Porque es evidente que los arrendadores incorporarán al precio del alquiler el coste sobreañadido de las nuevas normas de plazo. Con una retroactividad media, al menos los arrendatarios existentes habrían mejorado de condición por esta especie de lotería normativa, aunque no los arrendatarios futuros. Se argüirá en contra que si la norma hubiera tenido una retroactividad de tipo medio, los nuevos inquilinos tendrían que absorber un doble coste en la renta nueva, a saber, el coste de la duración alargada y el coste que los arrendadores no podrán cobrarle por ello mismo a los arrendatarios antiguos. Pero no es seguro que se hubiera producido este doble incremento de rentas futuras, porque la demanda de alquiler no es inelástica y existen restricciones presupuestarias evidentes en los bolsillos de los arrendatarios. Como quiera que sea, la norma nueva sólo tiene sentido si viene acompañada por otra norma futura (que se anuncia) de limitación de rentas, porque de otra forma el coste de la reforma caerá enteramente en las espaldas de los arrendatarios nuevos. No es que la limitación de renta deba aplaudirse – estas medidas son siempre perversas en sus efectos- pero es lo único que daría sentido a esta absurda medida legislativa con la que el flamante Gobierno improvisa su fin de año legislativo.