Justicia expedita para Toledo… ¿y los demás?

La inminente sentencia en el caso de Alejandro Toledo por sus vínculos de corrupción con Odebrecht refleja un dilema entre la eficacia y la selectividad en la administración de justicia peruana. A lo largo de los años, la expectativa pública por obtener justicia se ha intensificado frente a un sistema plagado de críticas. Toledo, al igual que Fujimori en su momento, no solamente simboliza un "trofeo judicial" sino que también marca el desafío de ir más allá de estos procesos para transformar de raíz la justicia en Perú.

La celeridad en el caso de Toledo contrasta fuertemente con la parálisis en otros casos de similar importancia. Mientras la justicia se moviliza para casos mediáticos, situaciones como las de PPK, Vizcarra y la Junta Nacional de Justicia quedan estancadas en la burocracia, reforzando la percepción de desigualdad y selectividad en la justicia. La tardanza del Tribunal Constitucional para abordar cuestiones como la Junta Nacional de Justicia dejó tiempo para que ésta sustituya a jueces como Margarita Salcedo, quien ordenó enjuiciar a Vizcarra, evidenciando un patrón preocupante de inacción y favoritismo al largarto. Sin reformas estructurales, la continuidad de estos casos selectivos perpetúa la impunidad y erosiona la confianza en las instituciones.

El descarte de la notable iniciativa del CERIAJUS en 2004 evidenció la resistencia al cambio dentro del Poder Judicial y el Congreso, porque veían en las reformas una amenaza a su autonomía. Aquí yace el problema: una falta de voluntad para implementar cambios estructurales que promuevan una justicia eficiente, transparente y equitativa. La digitalización y la modernización de los procesos judiciales son necesarias, pero deben ser parte de un cambio cultural y estructural profundo. Esto será posible solo con un compromiso firme y continuo en todos los niveles de la administración de justicia.

Ante este panorama, la ciudadanía no solo exige justicia en casos mediáticos, sino también un funcionamiento diligente y transparente de la justicia para todos. La sentencia en el caso de Toledo tiene el potencial de marcar un antes y un después, siempre que se acompañe de un esfuerzo real por reformar.

El futuro de la administración de justicia peruana depende de la capacidad de sus integrantes para impulsar cambios significativos y duraderos. Intentos previos como el Acuerdo Nacional resultaron infructuosos. Convocar a un Consejo de Estado más efectivo podría ser el camino hacia el fortalecimiento de la carrera judicial y una reforma integral y equitativa de la justicia. Hasta el momento este mecanismo no se ha utilizado con este propósito y podría funcionar.

El papel de la ciudadanía en este proceso es crucial. La demanda social por una administración de justicia transparente y eficiente puede ser el impulso necesario para superar las barreras institucionales que han frenado las reformas hasta ahora. La historia demuestra que sin una presión pública constante y decidida, es difícil materializar los cambios necesarios.

Por ende, el caso de Toledo no solo representa la resolución de otro capítulo en la historia de corrupción de Perú, sino un momento crítico para la administración de justicia peruana. La pregunta clave es: ¿lograremos una justicia para todos o seguiremos enfrentándonos a un sistema que privilegia los casos más políticamente sesgados mientras otros quedan en el olvido? Si el Poder Judicial no asume un liderazgo en el cambio estructural, la sentencia de Toledo no será más que otro “trofeo judicial” en un abismo de impunidad.

La igualdad, la transparencia y la eficiencia deben ser los pilares sobre los cuales se erija la nueva justicia peruana. Solo de esta manera podremos aspirar a un sistema que genere confianza y estabilidad, indispensables para la gobernabilidad, la paz social y la atracción de inversiones.

Ver aquí publicación del Diario Expreso del sábado 19 de octubre 2024