Las ONGs Antiextractivistas como Partidocracia

Una distorsión del balance de poderes es, a la vez, uno de los marcadores de la fortaleza de los partidos políticos y sus caudillos. Me refiero a la injerencia sobre la función judicial (Febres Cordero o Correa, por ejemplo). Hoy ya no es así. Continuamente se habla de la crisis de los partidos políticos en Ecuador, plasmada en estas organizaciones insubstanciales designadas con un verbo conjugado en segunda persona; sin líderes, sin ideología, ni militancia ni proyecto. ¿Pero qué significa la bancarrota de los partidos? ¿es qué ahora sí hay independencia de funciones? ¿o es que alguien más está ocupando ese vacío?

Históricamente quienes han visto al Estado liberal como máquina opresora, se dedicaron a desenmascarar la trampa que representa el orden jurídico; bregando por su desconocimiento o reforma integral. Pero en el contexto del debate extractivista en Ecuador pasa lo opuesto. Atestiguamos como los activistas recurren al más obstinado positivismo jurídico. No se cansan de invocar la Constitución, y de ella resaltan la Pachamama, los Derechos de la Naturaleza, o el Sumak Kawsai. La razón, como ha expuesto Farith Simon, es obvia: estos preceptos fueron introducidos por las mismas ONGs a través de sus legisladores en la constituyente de Montecristi, incluso ante la objeción inicial de un desconcertado movimiento indígena, que sin embargo en los años posteriores ha sabido acomodarse y capitalizar los conceptos mitológicos contenidos en una constitución supuestamente laica.

Pero no es solamente la estructura legal. Con un poco de perspicacia y vientos políticos que soplaron a su favor (por ejemplo, por obra del Capitán Trujillo, First Yasunido), varios juristas, notoriamente profesores de la UASB, han llegado a ocupar posiciones en la más alta cámara de la república, la Corte Constitucional. Como pocas veces en ella se ha visto a partidarios del antiextractivismo tornarse en magistrados de terno y corbata, y de terno y camiseta, da igual, para al concluir funciones, reintegrarse al activismo radical en calidad de miembros de, coincidencialmente, los Yasunidos. El caso paradigmático es el del esencialista étnico, Ramiro Ávila, pero no es el único, otros adeptos suyos como Agustín Grijalva y Alí Lozada han venido jugando un rol antagónico en sentencias sobre temas extractivos. En segunda línea deben incluirse aquí a las dubitativas Karla Andrade y Teresa Nuques, quienes usualmente pliegan a la opinión de los arriba mencionados, constituyendo una mayoría consistente.

Desde luego, en principio no debería ser un obstáculo para ejercer la magistratura el contar con una opinión, todo ciudadano medianamente culto posee una. Sin embargo, el ejercicio de los jueces Constitucionales demanda de profesionalismo y de renunciar al alineamiento en favor de la neutralidad técnico-jurídica que el cargo exige. Si bien podría argumentarse que ello ha existido en algunos temas, no ocurre así en materia extractiva. Los fallos de la Corte Constitucional han sido metódicos a la hora de entrampar el curso normal de las operaciones petroleras y mineras, incluso a costo de deformar el derecho hasta lo inverosímil. Tómese como muestra la sentencia del caso Los Cedros (donde Andrade y Nuques, argumentan el “toda mina contamina”); el dar paso a las consultas oclocráticas del Chocó Andino y el Yasuní ITT; y finalmente con el fallo del 1ro de agosto que deja suspenso el decreto ejecutivo 754 que normaba la Consulta Ambiental. Esta medida última decisión, que tenía en la mira inhibir el desarrollo de los proyectos mineros El Domo y La Plata, arrastró como colaterales a una serie de emprendimientos de todo tipo y escala, los cuales quedan suspensos hasta nuevo aviso.

El resultado de todas estas maniobras es un menoscabo, no sólo de la confianza del sector privado, sino de la autoridad de las entidades que ostentan la rectoría y competencia en los sectores estratégicos, de la institucionalidad del Estado en su conjunto, y naturalmente de la credibilidad de la propia Corte Constitucional, cada vez más impugnada por los sectores productivos y gubernamentales.

Kelsen decía que el derecho no es más que ingeniería al servicio de la política, y el movimiento antiextractivista, le está dando la razón. Que no nos confunda el velo de “organizaciones de la sociedad civil”, sin afiliaciones, ni logo, ni sede; cualidades que resultan irrelevantes frente a las actuaciones sistemáticas de un amorfo movimiento antiextractivista. En el Ecuador este ya no es más un grupo de presión, que sostiene pancartas a las puertas de una institución o cabildea ante los funcionarios de turno. Es, al contrario, un actor político de cuerpo entero, que eficientemente ha capturado la mayoría de la Corte Constitucional, desde donde ejerce una influencia poderosa y desbordada en pro de su particular doctrina e intereses. Es la partidocracia de las ONGs, la partidocracia apartidista y apátrida. D.N.