La urgencia de una Reforma Judicial en Chile: Crisis de confianza y propuestas de solución

Durante 2024, el sistema judicial chileno se enfrenta a una crisis de confianza sin precedentes. Casos de corrupción y abuso de poder han sacudido la estructura institucional, revelando graves deficiencias en la transparencia y la imparcialidad judicial. Escándalos como el caso "Topógrafo", el caso "Democracia Viva" y el reciente caso Hermosilla han puesto en evidencia prácticas que socavan la independencia del Poder Judicial y la confianza pública en la justicia.

El caso "Topógrafo" involucra al exministro de la Corte Suprema, Juan Antonio Poblete, acusado de tráfico de influencias para favorecer a ciertos candidatos en nombramientos judiciales. Esta situación ha llevado a la Corte Suprema a considerar reformas para separar sus funciones jurisdiccionales y administrativas, y ha abierto un debate sobre la necesidad de implementar un código de ética judicial que regule mejor el comportamiento de sus miembros.

Por su parte, el caso "Democracia Viva" pone de relieve el uso indebido de fondos públicos y cuestiona las conexiones entre el sistema judicial y actores políticos. En este caso, la falta de transparencia en el manejo de recursos y la posible protección a ciertas figuras políticas han contribuido a que la ciudadanía desconfíe de la justicia y perciba una falta de imparcialidad en sus procedimientos.

El caso Hermosilla es otro punto crítico, al involucrar a funcionarios judiciales en un aparente conflicto de interés. En este caso, el abogado Hermosilla, quien trabajó en el Ministerio del Interior, defendió penalmente a Héctor Espinosa, exdirector de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). La proximidad de Hermosilla con la administración del Estado y su rol como defensor de un alto funcionario imputado por delitos contra la función pública exponen conflictos de interés que apuntan a una deficiencia en las normativas éticas dentro del sistema judicial. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre cómo y cuándo se deben imponer sanciones a quienes cruzan los límites de sus roles para proteger intereses personales o profesionales.

Ante este escenario, resulta crucial establecer un órgano independiente que gestione los procesos administrativos del Poder Judicial, actualmente bajo la administración de la Corte Suprema. Este organismo, compuesto por expertos independientes en justicia y ética, tendría la responsabilidad de supervisar los nombramientos, establecer un marco de ética judicial y sancionar las prácticas que comprometan la integridad del sistema.

Esta separación de funciones -considero- permitiría que la Corte Suprema se concentre exclusivamente en su rol jurisdiccional, sin verse comprometida por posibles conflictos de interés en el proceso de selección de jueces y otras decisiones administrativas. Además, un código de ética riguroso, supervisado por esta nueva entidad, contribuiría a limitar las prácticas de favoritismo y tráfico de influencias, fortaleciendo la confianza ciudadana.

Chile se encuentra en un punto decisivo en cuanto a su sistema de justicia. Los casos de tráfico de influencias y corrupción en altos cargos han expuesto la necesidad urgente de reformas que aseguren la transparencia y el profesionalismo judicial. La creación de un organismo autónomo de control judicial representaría un paso importante hacia una justicia más equitativa y confiable. Solo mediante estas transformaciones estructurales, que garanticen la independencia y la imparcialidad, el Poder Judicial podrá recuperar la confianza de la ciudadanía y cumplir con su rol de pilar fundamental de la democracia.