Escisiones de Sociedades: Retos Legales y Cómo Superarlos Efectivamente

Cuando los accionistas, socios o alta dirección de una sociedad comienzan a evaluar los beneficios y retos de llevar a cabo la escisión de una sociedad, a menudo se presentan diversas interrogantes.

Entre ellas, si con la escisión se alcanzarán los objetivos planteados en términos de una mayor eficiencia en el manejo e inversión de recursos, en la optimización de las operaciones de la compañía, la adaptación y éxito de las sociedades que nazcan a mercados actuales, etcétera.

Para ello al plantearse y evaluar si los beneficios perseguidos pesan más que los retos, los tomadores de decisiones de la sociedad concluirán si realizan o no la escisión.

Uno de esos retos es el cumplimiento de requisitos legales.

Al tratarse de un tema de relevancia para el futuro de la compañía que pretenda escindirse, únicamente las mayorías cualificadas de accionistas o socios reunidos en asambleas pueden adoptar esta decisión.

Además, las aportaciones que los socios o accionistas se obliguen a realizar ya sea en la constitución de la compañía, o en un momento posterior, deberán estar totalmente pagadas.

Los dos requisitos previos constituyen ya de entrada, un reto para la planeación de la escisión. Ya que solo las mayorías que alcancen un porcentaje determinado por la ley pueden decidir si aprueban o no la escisión. Desde luego, los socios o accionistas que hubiesen votado en contra tendrán el derecho de separarse de la sociedad.

Adicionalmente, los socios no deberán tener pendientes de cubrir sus partes sociales o sus acciones, en el caso de los accionistas.

Sin embargo, más allá de los requerimientos mencionados y otros que establece la ley, un tema central que deben considerar las empresas que tengan en la mira escindirse, es el derecho de oposición que la ley otorga a ciertas personas.

Esto es, el derecho para objetar la escisión.

La resolución que apruebe la escisión deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio, así como publicarse en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía para darle publicidad. Esto con el objetivo de que el o los socios que no estén de acuerdo con la escisión y que representen por lo menos el veinte por ciento del capital social, así como cualquier acreedor que tenga interés jurídico puedan oponerse a esta.

A partir de la publicación e inscripción indicadas, los socios y/o acreedores mencionados contarán con un plazo de 45 días naturales para oponerse a la escisión.

¿Qué implicaciones tiene la oposición a la escisión?

El objetivo de publicitar el acuerdo de escisión es el de brindar a aquellos interesados en que esta no se realice, o al menos no en los términos aprobados por la asamblea, la oportunidad de inconformarse ante los órganos jurisdiccionales.

Si bien es cierto que una escisión puede traer múltiples ventajas para la sociedad, así como para sus socios o accionistas, también podría acarrear efectos adversos para sus acreedores o para los socios que no hubiesen acudido a la asamblea, o bien que hayan votado en contra.

El patrimonio social de una compañía, entre otras cuestiones, representa una garantía y promesa de pago para sus acreedores. Como ese patrimonio (activo, pasivo y capital social) se divide, ya sea total o parcialmente, para ser aportado en bloque a otra u otras sociedades de nueva creación, las probabilidades de cobro exitoso de los acreedores podrían verse comprometidas.

Es decir, las condiciones bajo las cuales los acreedores de la sociedad contrataron con esta, cambiarían como consecuencia de la escisión. En tal grado que sería otra persona distinta y de nueva creación quien asumiría la obligación de pago al o los acreedores.

Y más aún, existe un plazo de tres años a partir de la publicación del acuerdo de escisión, para que la otra u otras sociedades de nueva creación respondan -solidariamente- por la obligación de pago de la compañía de nueva creación obligada a este.

Desde luego, esto no significa que los acreedores queden en total desamparo ante una escisión. De lo contrario, la ley no autorizaría la realización de las escisiones, ni obligaría a las sociedades a registrar y publicitar el acuerdo de escisión.

¿Cómo pueden los socios de la sociedad y los acreedores de esta demostrar su legitimación para oponerse a la escisión?

Para demostrar la calidad o condición de los socios para que puedan oponerse a la escisión, sería suficiente que estos estén inscritos en los libros de registro correspondientes. Y en el caso de los accionistas, que muestren sus títulos accionarios o certificados provisionales.

En los libros corporativos actualizados, se reflejará el porcentaje del capital social con el que cuenten los socios que pretendan oponerse.

Pero en el caso de los acreedores, ¿cómo podrían estos demostrar su calidad como tales? Y más importante aún ¿cómo comprobarían que tienen un interés jurídico?

Existen dos posiciones para responder las anteriores interrogantes. La primera en el sentido de que cualquier persona que demuestre que tiene un derecho para exigir el cumplimiento de una obligación a cargo de la sociedad que se escinde, acredita el interés jurídico.

Esto con independencia del tipo de deuda que tenga la sociedad en favor del acreedor, y del monto del adeudo.

La segunda posición consiste en que, para acreditar el interés jurídico del acreedor, debe existir una sentencia -firme- que condene a la sociedad que se escinde a cumplir con una determinada obligación en favor del acreedor.

Nuestros tribunales federales se han inclinado por la primera postura. Han sostenido que no es necesario que en la ley se hiciere una:

“descripción detallada de qué tipo de acreedores cuentan con dicho interés, ya que estos pueden ser de naturaleza diversa y estar contenidos en ordenamientos distintos, porque la finalidad de la norma solo es proteger a los acreedores, independientemente del tipo de interés jurídico con que cuentan y menos aún la cuantificación del crédito del que se haga depender…”[1]

Comentarios finales

Conocer con precisión los diversos retos legales a los que podrían enfrentarse una sociedad que busca escindirse es fundamental. Esto no sólo evitará inconvenientes a los socios de la compañía, sino también facilitará que los objetivos buscados con la escisión se alcancen de manera más rápida y eficiente.

Una sugerencia práctica que ayudará a mitigar riesgos de una posible oposición tanto de los socios como de los acreedores es que, en aquellos casos donde la relación lo permita, existan acercamientos para explicar el proceso.

De ser posible, es recomendable documentar el consentimiento previo de los acreedores a la escisión.

En el mejor de los casos, una oposición judicial, puede dilatar el surtimiento de los efectos de la escisión en el momento querido.

En el peor escenario, puede impedir que esta se lleve a cabo, sin que antes se llegue a un convenio de pago con el acreedor. O bien se cubra la deuda.

Me gustaría saber su opinión acervantes@ceglegal.com

[1] [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 59, Octubre de 2018; Tomo III; Pág. 2158. Registro Digital 2018107.